Tras 18 meses de gestión, el Gobierno retiró a las Fuerzas Armadas del control interno de 30 prisiones. Los militares se mantienen en cinco cárceles de alta conflictividad.
Con la militarización implementada en las cárceles del país desde enero de 2024, el Gobierno Nacional prometió restablecer el orden y la seguridad en las prisiones. Sin embargo, los enfrentamientos y crímenes ocurridos, así como la crisis sanitaria que se agudiza en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, revelan un escenario contrario al prometido.
Fue en enero de 2024 cuando el Ejecutivo militarizó las cárceles tras declarar el conflicto armado interno, con el objetivo de reducir la violencia y las muertes carcelarias.
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En julio de ese mismo año, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas advirtió al Estado ecuatoriano que, si bien la militarización puede recuperar el control de manera momentánea, solo un cambio estructural con un enfoque en derechos humanos puede resolver la crisis carcelaria de forma sostenible.
Tras 18 meses de gestión, el Gobierno retiró a las Fuerzas Armadas del control interno de 30 prisiones. Los efectivos se replegaron al resguardo perimetral y se mantienen, hasta la fecha, en cinco cárceles de alta conflictividad: Esmeraldas, El Rodeo (en Manabí), Penitenciaría del Litoral, La Roca y la Regional Guayas.
Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública, cuestiona por qué, luego de todo este tiempo, el Gobierno no exige que el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) cumpla con sus tareas. "Dos años ya es tiempo suficiente como para haber hecho una reingeniería del sistema del SNAI. Hay que tener un plan de seguridad integral para ubicar cuáles son las instituciones que nos defienden del crimen organizado", señaló.
Según cifras del SNAI, las muertes en las prisiones o bajo custodia pasaron de 321 en 2024 a 760 en 2025, lo que representa un alza del 137 %.
Para organismos de derechos humanos, la crisis sanitaria se agravó en las prisiones al asignar a las Fuerzas Armadas funciones como la entrega de alimentación y el control de acceso a servicios médicos, desplazando al personal civil y técnico del Ministerio de Salud y del propio SNAI.
Clara Freile, del Observatorio de Tuberculosis de Ecuador, describió la situación: "No tienen vestimenta ni colchones adecuados; la sarna se los lleva en peso, el alcantarillado está completamente desbordado y no tienen ni para lavarse la boca".
Tras una visita técnica autorizada por un juez de Garantías Penitenciarias, la Defensoría del Pueblo recogió en un informe que "las personas privadas de libertad reportaron que continúan ingresando, en ese entonces, militares a las celdas, quienes cometen tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en algunos casos, actos de tortura".
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Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, advirtió: "Hemos involucrado a Fuerzas Armadas en dinámicas de corrupción y eso es grave porque ahora tengo una nueva institución pública que permite el ingreso de droga y de armas".
Según estadísticas recopiladas por Ecuavisa.com, entre 2024 y 2025, 66 miembros de las Fuerzas Armadas fueron procesados por delitos como el ingreso de objetos prohibidos y la fuga de reclusos.
Ecuavisa
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