La tensión entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil suma un nuevo capítulo. Esta vez, 12 concejales decidieron pronunciarse públicamente para cuestionar la intervención estatal en la empresa municipal de seguridad Segura EP y, de paso, cerrar filas con la Alcaldía.
En un comunicado difundido este lunes 16 de febrero de 2026, los ediles ratificaron su respaldo al alcalde Aquiles Alvarez y a la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, en medio de un escenario político que ya muestra señales de confrontación institucional.
Un respaldo que busca mostrar unidad
El pronunciamiento llega después de que el Ministerio del Interior de Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador tomaran control de las instalaciones y del sistema de monitoreo de la empresa municipal, en el contexto de los recientes incendios estructurales registrados en la ciudad.
Los concejales aseguran que se mantienen “firmes y cohesionados” y remarcan que el alcalde fue elegido por voto popular, mientras que la autoridad subrogante actúa conforme a la Constitución. El mensaje es claro: proyectar estabilidad en medio de la crisis.
Pero más allá del respaldo político, hay una lectura estratégica. Cuando un bloque se muestra unido, intenta reducir la percepción de vacío de poder y evitar que la narrativa de control pase completamente al Gobierno.
¿Autonomía vulnerada o medida necesaria?
El punto más sensible del comunicado es la acusación de que la irrupción en Segura EP sería un hecho “grave” que vulnera la autonomía municipal.
Según los concejales, los allanamientos no dejaron resultados materiales: no hubo incautaciones ni cambios en la administración. Por eso advierten que acciones que excedan la necesidad jurídica podrían convertirse en una intromisión indebida.
En otras palabras, el debate de fondo no es solo operativo —quién maneja las cámaras o los sistemas— sino político: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando se trata de una entidad municipal?
La postura del Gobierno
La intervención se ejecutó la noche del domingo 15 de febrero bajo la administración del presidente Daniel Noboa. El operativo incluyó el bloqueo de accesos al edificio y el control de la información estratégica de la ciudad.
El ministro del Interior, John Reimberg, fue directo al cuestionar la gestión de emergencias y alertar que el sistema de videovigilancia manejaba datos sensibles sobre el movimiento urbano.
Además, sostuvo que Segura EP habría incumplido disposiciones relacionadas con el almacenamiento de información, por lo que la Policía asumirá el control de cámaras y salas de mando mientras avanzan las investigaciones por los incendios en el centro de la ciudad.
Más que seguridad: un pulso político
Lo que está ocurriendo en Guayaquil no parece ser solo un tema técnico de seguridad. El episodio abre un frente político entre el poder central y el municipal, un choque que en Ecuador suele escalar rápidamente porque toca una fibra sensible: la autonomía local.
Si el Gobierno logra justificar la intervención con resultados concretos, podría reforzar su narrativa de control y orden. Pero si no aparecen hallazgos contundentes, el Municipio tendrá argumentos para posicionar la medida como un exceso de poder.
Por ahora, lo único claro es que el conflicto apenas comienza —y que la seguridad se ha convertido, otra vez, en terreno de disputa política.
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