El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una semana decisiva. Este lunes 2 de marzo de 2026 se resolverá la apelación a la prisión preventiva dictada en su contra dentro del caso Goleada, mientras que el 7 de marzo deberá comparecer a la audiencia de juicio en el caso Triple A.
La defensa del burgomaestre busca revertir la medida que lo mantiene recluido en la cárcel de Latacunga desde mediados de febrero. Su abogado, Ramiro García, confirmó que la diligencia arrancará a las 10:00 y sostuvo que la privación de libertad fue “arbitraria”, cuestionando la decisión adoptada por el juez Jairo García.
Según el jurista, la apelación se presentó inmediatamente después de la formulación de cargos, pero los tiempos procesales y el sorteo de la sala fijaron la audiencia para el primer lunes de marzo. La estrategia, aseguró, se enmarca en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y tiene como prioridad “precautelar la vida, integridad y libertad” del alcalde y los demás procesados.
Dos frentes judiciales
En el caso Triple A, Álvarez no tiene prisión preventiva, sino medidas sustitutivas: presentación periódica, prohibición de salida del país y dispositivo de vigilancia electrónica. Sin embargo, la causa avanzó hacia la etapa de juzgamiento.
El juez anticorrupción Víctor Barahona aceptó las excusas de los magistrados Carlos Serrano y Christian Fierro, quienes se apartaron del proceso por una posible afectación a su imparcialidad, relacionada con procesos administrativos en su contra y su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional durante el juicio político que derivó en la censura y destitución de Mario Godoy del Consejo de la Judicatura.
Ahora deberán sortearse dos nuevos jueces para integrar el Tribunal de Juzgamiento.
En Triple A, la Fiscalía investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo. En esta causa están procesadas 16 personas naturales —entre ellas Álvarez— y seis empresas.
Caso Goleada: el expediente más complejo
La situación es distinta en el caso Goleada. Allí la Fiscalía indaga una presunta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El proceso se activó tras un operativo ejecutado el 10 de febrero de 2026, con allanamientos en Guayaquil y Samborondón, que culminó con la detención del alcalde.
Mientras tanto, el Concejo Municipal de Guayaquil aprobó por unanimidad una extensión de su licencia sin sueldo por 30 días adicionales, desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo. Durante ese período, la vicealcaldesa Tatiana Coronel continuará al frente del Municipio.
Un pulso político y judicial
Más allá del tecnicismo procesal, el caso tiene un fuerte impacto político. Álvarez no solo intenta recuperar su libertad, sino también sostener su capital político en medio de dos procesos penales de alto perfil.
El 2 de marzo marcará el primer termómetro: si la Sala acoge la apelación, el alcalde enfrentaría el juicio por Triple A en libertad. Si no, llegará al banquillo desde la cárcel, en un escenario que reconfigura tanto su defensa jurídica como el tablero político local.
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