En medio de la creciente incertidumbre energética, el Gobierno ecuatoriano ha optado por una salida rápida, pero cuestionable: el alquiler de seis plantas termoeléctricas que funcionarán con diésel, una de las fuentes más caras de generación.
La decisión responde al temor de un nuevo estiaje a finales de 2026 y a la negativa de Colombia de vender energía a Ecuador, un escenario que vuelve a evidenciar la fragilidad del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la estrategia elegida deja más dudas que certezas.
La empresa pública Celec ha iniciado, hasta el 22 de abril, seis procesos de contratación bajo la modalidad de arrendamiento de generación en tierra. El argumento oficial es claro: acceder de forma inmediata a energía termoeléctrica. Pero esa inmediatez tiene un costo alto, tanto económico como estratégico, ya que implica depender de la importación de combustibles.
En lugar de fortalecer la infraestructura energética a largo plazo, el Gobierno parece inclinarse por soluciones temporales que no atacan el problema de fondo: la falta de planificación y diversificación de la matriz energética.
Este giro ocurre tras los fallidos intentos de contratación con Progen y Austral Technical Management (ATM), procesos que buscaban adquisición de equipos y que terminaron sin resultados concretos. De hecho, de esos contratos apenas se han logrado incorporar 10 MW al sistema, una cifra marginal frente a la demanda nacional.
Así, el país vuelve a apostar por medidas emergentes para evitar apagones, mientras el problema estructural sigue intacto: un sistema energético vulnerable, dependiente y sin una hoja de ruta clara.
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