Fundación ALDEA advierte que los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio enfrentan ansiedad, depresión y otras afectaciones, mientras persisten dificultades para acceder a atención psicológica, custodia legal y una reparación integral por parte del Estado.
El femicidio no termina con la muerte de una mujer. Cada crimen deja una familia que debe enfrentar el duelo y, en muchos casos, a niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre y deben reconstruir su vida bajo el cuidado de otros familiares.
Para Geraldina Guerra, presidenta de Fundación ALDEA, el femicidio es el resultado de una escalada de violencia que pudo prevenirse. Y cuando ocurre, dice, también comienza una responsabilidad para el Estado: garantizar protección y reparación a quienes quedan.
Pero la primera dificultad aparece incluso antes de atender a estas familias.
“Es el Estado el llamado a tener los registros de hijos e hijas en orfandad por femicidio y no los tiene”, cuestiona Guerra.
Para ALDEA, ese registro debería comenzar desde el levantamiento del cuerpo. Saber cuántos hijos tenía la víctima, qué edades tienen y con quién quedarán bajo cuidado permitiría activar inmediatamente las medidas de protección.
Frente a esta omisión estatal, la organización con apoyo de UNICEF realizaron un estudio y lograron identificar 1.846 hijos e hijas en orfandad por femicidio entre 2014 y mayo de 2024. La investigación analizó 151 casos correspondientes a 76 familias de distintas provincias del país.
El cuidado queda en manos de las familias
Tras el femicidio, las abuelas, tías y otros familiares suelen asumir la crianza. Pero hacerse cargo de un niño no significa tener automáticamente su representación legal.
El estudio encontró que solo el 41% de los casos analizados contaba con custodia legal. El trámite para conseguirla es independiente del proceso penal por femicidio y puede implicar nuevos costos y dificultades para las familias.
Guerra explica que las Juntas Cantonales pueden otorgar una medida temporal, pero después las familias deben acudir a una unidad judicial para obtener la custodia definitiva.
“Las familias necesitan un acompañamiento y asesoría jurídica porque se requiere un abogado para lograr una custodia efectiva”, señala.
En algunos casos, además, los hermanos terminan separados. La investigación identificó que al menos el 16% de los niños, niñas y adolescentes analizados había sido separado de sus hermanos.
Así, a la pérdida de la madre se suma la ruptura de otros vínculos familiares.
Un duelo sin atención
La salud mental es otra de las principales deudas.
De las familias consultadas, el 55% no había recibido ningún tipo de atención en salud mental y apenas el 34% señaló que sí tenía este acompañamiento.
El estudio recoge testimonios de niños con ansiedad, depresión, pesadillas, miedo y problemas de socialización.
Por eso, Guerra insiste en que la respuesta no puede reducirse a una consulta psicológica ocasional.
“Un niño y adolescente víctima de femicidio necesita todo… Necesita atención especializada, pero también educación, protección, acompañamiento familiar y condiciones para reconstruir su proyecto de vida”, afirma.
La escuela también tiene un papel. Un niño que llega al aula después de perder violentamente a su madre puede tener dificultades para concentrarse, cumplir tareas o relacionarse. Si la institución desconoce su historia, puede terminar sancionando comportamientos que son consecuencia del trauma.
La violencia deja más huérfanos
Pero la problemática ya no se limita a los hijos de mujeres víctimas de femicidio.
En Ecuador también hay niños que pierden a sus madres, padres o cuidadores por sicariatos y otras muertes violentas. A esto se suman familias que abandonan sus hogares por amenazas y violencia criminal.
Para Guerra, que una muerte sea investigada como un hecho relacionado con delincuencia organizada no puede significar que los niños queden fuera de la protección estatal.
La organización también plantea interrogantes sobre la capacidad de los servicios de acogimiento. “¿Dónde están las casas de acogimiento para niños?”, pregunta Guerra frente a un escenario de violencia que genera nuevas necesidades de protección.
El estudio de ALDEA y UNICEF también advierte sobre el incremento de la violencia armada y sus efectos en las familias.
Un bono que no garantiza la reparación
Ecuador cuenta con un bono para niños, niñas y adolescentes en orfandad por muerte violenta de su madre, pero una ayuda económica no sustituye la reparación integral, que también incluye salud, educación, acompañamiento psicosocial y acceso a justicia.
El estudio evidencia desinformación, trámites demorados y dificultades económicas para acceder al bono. Algunas familias incluso temen que solicitarlo afecte la custodia de los niños.
“El Estado no logra reparar, no logra crear las condiciones”, afirma Guerra.
Mientras tanto, la violencia continúa. ALDEA registra preliminarmente más de 150 femicidios en lo que va de 2026 y al menos 45 niños, niñas y adolescentes han quedado en orfandad por estos crímenes. Las cifras aún están en proceso de validación.
Para ALDEA, la respuesta debe activarse desde las primeras horas: identificar a los niños, garantizar su seguridad, informar a las familias sobre sus derechos y activar los servicios de protección.
Radio Pichincha
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