Fiscalía pide vinculación de otras nueve personas en el caso Progen

Dentro del caso Progen, se investiga un presunto peculado en la compra de generadores eléctricos que causaron un perjuicio por más de USD 100 millones al Estado. 

La Fiscalía General del Estado (CNE) solicitó a la Corte Nacional de Justicia vincular a nueve personas más a la investigación por presunto peculado dentro del caso Progen. Según el pedido presentado por el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, durante la instrucción fiscal aparecieron nuevos elementos que hacen presumir la participación de estas personas en el delito de presunto peculado.

El caso Progen está próximo a cerrar su etapa de instrucción fiscal este 20 de agosto. La investigación involucra a técnicos de carrera, exgerentes y un exministro de Energía. En total eran 21 procesados, de los cuales 19 tienen prisión preventiva.

Entre las personas que Fiscalía busca incorporar al proceso constan:

• Cristhian Andrés Dahik Quijano, subgerente de Termopichincha.
• Marlon Iván Casilla Hernández, administrador del contrato de Salitral.
• Luis Javier Ugsha Guanotasig, primer administrador Salitral.
• José Luis Sampietro Saquicela, primer administrador del contrato de Quevedo.
• Marcos Alberto Guerrero Bravo, segundo administrador del contrato de Quevedo.
• Daniela Piedad Gordillo Ramírez, área jurídica de Celec.
• José Xavier Aimara Guaita, director de planificación Celec.
• Peter Christian Dreher Pozo, exasesor del ministro Roberto Luque.
• José Manuel de Oliveira Allu, exasesor del ministro Roberto Luque.

José Manuel de Oliveira Allu y Peter Christian Dreher Pozo ya no se encontrarían en el país. Mientras tanto, Fiscalía busca incorporar a la investigación a José Luis Sampietro y Marcos Guerrero, quienes estuvieron a cargo de la administración de los contratos de las centrales de Salitral y Quevedo.

La solicitud se relaciona con la investigación por presunto peculado que ya se seguía contra el exministro Antonio Goncalves. La Fiscalía sostiene que cuenta con nuevos datos obtenidos durante la instrucción fiscal que justificarían ampliar el número de personas investigadas.

Ecuavisa