Las personas que mantienen obligaciones crediticias y deudas pendientes con instituciones del sistema financiero podrían acceder a un esquema de mayor protección legal si avanza el proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. La propuesta normativa se encuentra actualmente bajo estudio y discusión técnica en el interior de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.
La iniciativa legislativa busca establecer límites normativos estrictos para evitar que una deuda económica continúe incrementándose indefinidamente con el paso de los años a causa de la acumulación de intereses, recargos y costos operativos de gestión de cobranza. Esta problemática socioeconómica ha sido calificada de forma reiterada por diversos legisladores como el fenómeno de las “deudas eternas”, el cual aqueja la estabilidad económica de miles de hogares en el país.
Nuevos aportes técnicos y propuesta de sanciones administrativas muy graves
Durante la sesión legislativa desarrollada el pasado 5 de agosto de 2026, los integrantes de la mesa parlamentaria recibieron una serie de aportes técnicos y observaciones orientadas a regular los mecanismos de cobranza, transparentar el cálculo de intereses, elevar los estándares de información de las entidades financieras y estructurar herramientas efectivas para que los clientes puedan presentar reclamos formales cuando consideren que se les han debitado o cobrado valores de manera indebida.
Entre las intervenciones destacadas constó la presentación del asambleísta Adrián Castro, quien formalizó la propuesta de crear una sanción específica destinada a castigar a las entidades financieras que ejecuten cobros indebidos de intereses a sus usuarios. El planteamiento exige que dicha conducta sea tipificada y calificada legalmente como una infracción administrativa muy grave.
De llegar a aprobarse el proyecto de reforma en el pleno del Legislativo, la entidad financiera infractora no solo recibiría la multa y sanción administrativa correspondiente, sino que además estaría obligada por ley a restituir de inmediato al cliente la totalidad de los valores cobrados de forma indebida, sumando a dicho monto los intereses generados por el tiempo que la institución retuvo ese dinero.
El legislador ponente explicó que, aunque el marco regulatorio vigente ya prohíbe de forma general la ejecución de cobros indebidos, en la actualidad no existe un régimen de sanciones específicas ni un procedimiento coercitivo claro para castigar a los actores del sistema financiero que incumplen dicha disposición normativa.
Los cuatro ejes de la reforma y la búsqueda de una cobranza digna
Adriana Castro sostuvo que determinados procedimientos de cobranza implementados en el mercado terminan provocando que una deuda original crezca de forma desproporcionada, afectando gravemente la economía familiar y la liquidez de los ciudadanos. Según el parlamentario, estas prácticas convierten obligaciones manejables en deudas impagables, cerrando la posibilidad de que los usuarios logren regularizar su estado crediticio.
La propuesta legislativa surgió como respuesta institucional a los testimonios presentados ante la comisión por ciudadanos y usuarios que denunciaron irregularidades sistemáticas y abusos durante los procesos de cobro de deudas.
El paquete de observaciones formulado por el asambleísta Castro se articula en torno a cuatro ejes fundamentales:
- Estado y respuestas institucionales: Fortalecimiento del control y la supervisión pública.
- Crédito justo: Transparencia en la fijación de tasas e intereses.
- Defensa frente a fraudes: Mecanismos de protección al usuario bancario.
- Cobranza digna: Eliminación de métodos agresivos o recargos injustificados.
En total, se ingresaron siete observaciones dirigidas a blindar los derechos de los consumidores del sistema financiero y garantizar la transparencia operativa de las instituciones privadas y públicas.
Estado del trámite legislativo
Pese al avance en las discusiones y los insumos técnicos recibidos de especialistas y legisladores, el proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero no ha sido aprobado de forma definitiva y, por lo tanto, no se encuentra en vigencia.
Las propuestas continúan bajo la fase de análisis y debate dentro de la Comisión de Régimen Económico, debiendo cumplir con los debates reglamentarios en el pleno de la Asamblea Nacional y la posterior revisión del Ejecutivo antes de su eventual promulgación en el Registro Oficial. Por esta razón, medidas como la devolución obligatoria de valores cobrados indebidamente o la aplicación de sanciones por infracciones muy graves aún no resultan aplicables en el territorio nacional.
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