La organización rechazó que se intente culpar a los enfermos para justificar el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos.
La Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes (Ferpof) emitió una carta abierta dirigida al Ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, expresando su rechazo ante las declaraciones del funcionario sobre la presunta venta de fármacos por parte de pacientes con enfermedades crónicas.
El pronunciamiento de la organización surge tras una entrevista concedida por el ministro, el pasado 4 de septiembre de 2026. Aquí afirmó que hay gente que “recibe su receta para medicación crónica por seis meses y vende cuatro meses porque necesita dinero”.
Aunque posteriormente el ministro Aveiga manifestó que calificar sus palabras como una acusación directa a los pacientes era una “tergiversación”, y aclaró que cualquier comercialización ilegal de fármacos debe ser investigada y sancionada, Ferpof señaló que las irregularidades individuales no pueden convertirse en la explicación general del desabastecimiento ni usarse para trasladar la responsabilidad a los ciudadanos.
La crisis de desabastecimiento
La federación contrastó los argumentos del ministerio con los datos oficiales de la propia institución. Según los reportes del Ministerio de Salud, el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos cerró en agosto de 2026 en aproximadamente un 55%. Una cifra que el propio ministro Aveiga calificó de “subóptima”.
Asimismo, Ferpof recordó que, en la misma entrevista, el ministro señaló problemas de gestión y de manejo contractual como parte importante de las causas del desabastecimiento hospitalario.
hospitalario.
“Los pacientes no somos responsables del desabastecimiento. Somos quienes sufrimos sus consecuencias”, enfatizó la organización en un comunicado.
Para las personas que conviven con enfermedades raras, crónicas o de alta complejidad, el acceso a los fármacos es un asunto de supervivencia. Ferpof recordó que, para esta población, un medicamento no representa una mercancía ni un beneficio accesorio, sino una condición indispensable para preservar la vida, evitar complicaciones médicas y mantener una calidad de vida mínima.
La federación aclaró que apoya que se investigue y sancione a cualquier paciente, funcionario o intermediario que participe en la comercialización ilegal de fármacos entregados por el Estado. No obstante, advirtió que estas investigaciones no deben ser utilizadas para estigmatizar a los pacientes o para justificar los fallos estructurales en la planificación, contratación, distribución y gestión pública de la salud.
Radio Pichincha
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