Las investigaciones sobre las administraciones municipales de Quito y Cuenca reavivan la controversia política en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo defiende su facultad de solicitar información sobre el manejo de recursos públicos, la oposición cuestiona el alcance de estas actuaciones y advierte sobre un posible trasfondo electoral.
QUITO, Ecuador.– La Asamblea Nacional intensificó sus acciones de fiscalización sobre la gestión de varios gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en medio de una controversia jurídica y política sobre los límites de las competencias del Legislativo frente a las autoridades municipales y provinciales.
Entre el 15 y el 22 de octubre de 2026, el Pleno aprobó varias resoluciones impulsadas por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados para requerir información e impulsar revisiones sobre contratos, adquisiciones públicas y presuntas irregularidades administrativas en los municipios de Quito y Cuenca.
Las decisiones han generado cuestionamientos desde sectores de oposición, que consideran que estas actuaciones podrían tener un componente de persecución política y electoral. Desde el oficialismo, en cambio, se sostiene que el control sobre el uso de los recursos públicos justifica la solicitud de información y la revisión de posibles irregularidades.
Quito, en el centro de varias investigaciones
La administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, de Revolución Ciudadana, se encuentra bajo el foco de varias iniciativas de fiscalización legislativa, mientras la Fiscalía General del Estado desarrolla diligencias relacionadas con distintos asuntos de la gestión municipal.
Uno de los temas planteados en la Asamblea corresponde a denuncias sobre presuntos cobros a funcionarios municipales a cambio de mantener sus puestos de trabajo u obtener plazas laborales. El asambleísta Andrés Castillo impulsó el debate sobre estas acusaciones, cuya veracidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Otro de los casos se relaciona con la adquisición de camiones recolectores de basura realizada en 2024. El 20 de octubre, el Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización revise el proceso en un plazo de 30 días, a partir de observaciones atribuidas a la Contraloría General del Estado sobre posibles fallas mecánicas e inconsistencias técnicas.
Según los antecedentes expuestos, las observaciones apuntarían a un presunto perjuicio de USD 786.000. La determinación de responsabilidades dependerá de los resultados de los exámenes y procedimientos correspondientes.
También se dispuso revisar el proyecto Quitopía, luego de que el complejo registrara inundaciones un día después de su inauguración, el pasado 16 de octubre.
A estos asuntos se suman antecedentes de fiscalización relacionados con la contratación de 60 trolebuses eléctricos, proceso que registra observaciones superiores a USD 2,5 millones, así como cuestionamientos sobre aspectos técnicos del sistema metropolitano de videovigilancia.
La acumulación de estos expedientes ha colocado a la administración capitalina en el centro del debate legislativo sobre la gestión de los recursos municipales y los mecanismos de control institucional.
Cuenca: contratos artísticos bajo revisión
La fiscalización también alcanzó al Municipio de Cuenca. La Asamblea dispuso que la Comisión de Régimen Económico investigue la contratación de conciertos, festivales y otros eventos artísticos realizados entre mayo de 2023 y febrero de 2026, durante la administración del alcalde Cristian Zamora.
El asambleísta Adrián Castro señaló presuntas inconsistencias en los documentos que respaldarían el cumplimiento de determinados contratos. Según las denuncias expuestas, en algunos registros constarían artistas que habrían negado su participación en los eventos correspondientes.
Estas afirmaciones deberán ser contrastadas con los contratos, informes de ejecución, comprobantes de pago y demás documentos relacionados con las contrataciones.
El objetivo de la revisión será determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación y ejecución, así como establecer posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales, en caso de que los organismos competentes encuentren elementos suficientes.
Declaraciones patrimoniales: 95 autoridades locales bajo observación
Otro frente de controversia corresponde al informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre las declaraciones patrimoniales juramentadas de alcaldes y prefectos del país.
De acuerdo con los datos expuestos en ese informe, el 38 % de las declaraciones examinadas presenta alertas técnicas por posibles inconsistencias patrimoniales. El documento identifica a 95 autoridades locales cuyas declaraciones requieren atención o revisión.
El Pleno de la Asamblea tiene pendiente resolver sobre la difusión pública del listado de autoridades observadas, un asunto que adquiere especial sensibilidad política ante la proximidad de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.
Es importante precisar que una alerta técnica o una inconsistencia patrimonial no constituye, por sí sola, prueba de enriquecimiento ilícito ni de la comisión de un delito. Para establecer responsabilidades se requieren verificaciones documentales y procedimientos a cargo de las instituciones competentes, con respeto al debido proceso.
La eventual publicación de los nombres también plantea interrogantes sobre los criterios aplicados, el alcance de las observaciones y las garantías para evitar que información preliminar sea interpretada como una declaración de culpabilidad.
¿Hasta dónde puede llegar la fiscalización de la Asamblea?
El punto más delicado de esta controversia es el alcance de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional para fiscalizar a las autoridades de elección popular en los gobiernos autónomos descentralizados.
La Constitución de la República, en su artículo 131, establece los sujetos que pueden ser sometidos a enjuiciamiento político por parte de la Asamblea, dentro de las condiciones y procedimientos previstos en la normativa. Entre ellos figuran ministros de Estado y otras autoridades de organismos públicos expresamente determinados por la Carta Magna.
Los alcaldes y prefectos no aparecen incluidos en ese catálogo de autoridades sujetas a juicio político legislativo. Sin embargo, esta disposición debe distinguirse de otras atribuciones parlamentarias, como la solicitud de información, la investigación de asuntos de interés público y el seguimiento de posibles irregularidades en la administración estatal.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Función Legislativa desarrolla los procedimientos de fiscalización y control político, mientras que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) contempla las atribuciones de los concejos municipales para fiscalizar la gestión de los alcaldes dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Por ello, el debate no se reduce a determinar si la Asamblea puede o no solicitar información sobre un municipio. La cuestión central es establecer hasta dónde llegan sus facultades, qué procedimientos puede utilizar y en qué momento una actuación de seguimiento o investigación podría exceder las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico.
La respuesta requiere analizar el contenido específico de cada resolución, su fundamento normativo y los efectos jurídicos que pretende producir. La solicitud de información o la revisión de documentos no equivale necesariamente a ejercer control político sobre un alcalde ni sustituye las competencias de la Contraloría, la Fiscalía u otras instituciones.
Oposición denuncia persecución política
La controversia quedó en evidencia durante la sesión legislativa del 20 de octubre, cuando se produjo un cruce de palabras entre los asambleístas Xavier Lasso, de Revolución Ciudadana, y Jorge Chamba, de ADN.
Desde la oposición se cuestionó el momento y el alcance de las investigaciones, con advertencias sobre una posible utilización política de la fiscalización en un periodo cercano a los comicios seccionales.
El oficialismo, por su parte, defendió la necesidad de examinar la gestión de los recursos públicos y sostuvo que la Asamblea puede requerir información a funcionarios e instituciones cuando existen asuntos de interés nacional.
El conflicto abre una discusión que trasciende las diferencias partidistas: cómo garantizar que las denuncias de posibles irregularidades sean investigadas con independencia, sin convertir los mecanismos de control institucional en herramientas de confrontación política.
Un debate que exige transparencia y seguridad jurídica
Las resoluciones aprobadas por la Asamblea colocan bajo revisión varios procesos de contratación y gestión municipal. Sin embargo, sus resultados dependerán de la documentación disponible, la solidez de las observaciones y las competencias legales de cada organismo involucrado.
El desafío institucional consiste en investigar las posibles irregularidades sin anticipar culpabilidades, garantizar el derecho a la defensa y evitar que las diferencias políticas condicionen el tratamiento de los casos.
Mientras las comisiones legislativas avanzan con las resoluciones aprobadas, permanece abierta la discusión sobre los límites del control parlamentario frente a los gobiernos locales. Una delimitación clara de competencias será fundamental para que la fiscalización contribuya a la transparencia y la rendición de cuentas, en lugar de profundizar la confrontación política.
Intermedia Ecuador continuará informando sobre el desarrollo de estas investigaciones, las respuestas de las autoridades involucradas y las decisiones que adopten las instituciones competentes.
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