La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, rechazó las declaraciones oficiales que lo vincularían con una presunta huelga de hambre y desmanes en la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
Ayer, a través de su cuenta de X, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que hay quienes pasaron de creerse alcaldes a querer ser presidente de los presos del Encuentro.
«Ahora intentan promover huelgas de hambre y desmanes, como si las cárceles fueran escenarios políticos. Que hagan teatro, que hagan campaña, que hagan berrinche…pueden pararse de cabeza y hacer todas las huelgas que quieran, pero no van a doblegar al Estado», indicó.
Al respecto, según informó el jurista Julio Cueva, del equipo jurídico de Alvarez, durante una breve conexión por Zoom, realizada en el marco de una audiencia que finalmente no se llevó a cabo, el burgomaestre aseguró que ha permanecido durante los últimos 14 días en el policlínico del centro penitenciario, sin contacto con otros privados de libertad.
Además, manifestó que desconocía la carta que habría sido escrita por otro interno para promover la medida y negó haberla ideado, impulsado o participado en ella.
Cueva señaló que su defendido denunció represalias por hechos con los que asegura no tener relación y afirmó que incluso le habrían retirado su Biblia.
Frente a estos señalamientos, la defensa exigió que se preserve la carta que estaría en poder del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y que se practique una pericia grafotécnica para determinar si la escritura corresponde o no al alcalde.
También solicitó una rectificación y una disculpa pública por las declaraciones que considera falsas y difundidas sin verificar previamente las pruebas. Durante su pronunciamiento, Álvarez habría expresado: «Parece que soy el mayor distractor del Gobierno cuando tiene crisis».
Por su parte, el Gobierno respondió con un mensaje de tono confrontativo, en el que sostuvo que las cárceles no deben convertirse en escenarios políticos y advirtió que no permitirá acciones que pretendan doblegar al Estado.
En el pronunciamiento se afirmó que el orden no se negocia y que los privilegios se terminaron. Así, mientras la defensa de Alvarez exige pruebas y rechaza su vinculación con la presunta protesta, el Gobierno mantiene una postura de firmeza frente a cualquier intento de huelga de hambre o alteración del orden dentro del centro penitenciario.
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