El abogado Diego Guarderas presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada a la excandidata presidencial.
La defensa cuestiona los elementos de la acusación fiscal y solicita garantías para atender sus necesidades médicas durante su permanencia en prisión.
La defensa legal de Luisa González, excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva ordenada por un juez en el marco del denominado caso Laberinto. El abogado Diego Guarderas busca que su defendida pueda afrontar el proceso judicial en libertad, mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos relacionado con el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
El recurso fue presentado por escrito el lunes 26 de octubre de 2026, luego de que el juez dispusiera la prisión preventiva el viernes anterior. González permanece recluida en un centro penitenciario de Riobamba, mientras la Fiscalía investiga el presunto origen ilícito de recursos vinculados a su campaña presidencial.
Guarderas sostiene que existen otras medidas cautelares que podrían garantizar la comparecencia de la excandidata ante las autoridades judiciales sin necesidad de mantenerla privada de libertad. Entre las alternativas mencionadas está la prohibición de salida del país, aunque la decisión corresponde al tribunal que conozca la apelación.
Defensa cuestiona los fundamentos de la acusación fiscal
En declaraciones recogidas por la agencia EFE, el abogado afirmó que su defendida no representa un riesgo para la investigación y que tiene arraigo laboral, familiar y social en Ecuador, condiciones que, según su criterio, permitirían garantizar su presencia durante el proceso.
El defensor también señaló que González ha comparecido ante las autoridades en anteriores procedimientos en los que ha sido investigada y aseguró que está interesada en que los hechos sean esclarecidos.
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa se centra en la supuesta falta de elementos que demuestren que la excandidata conocía el origen ilícito de los recursos investigados. Según Guarderas, la Fiscalía sostiene que González, por su condición de candidata presidencial y beneficiaria política de los fondos, debía conocer la procedencia de los aportes.
Sin embargo, el abogado afirma que el expediente no contiene pruebas suficientes que acrediten ese conocimiento ni que vinculen directamente a su defendida con la presunta trama investigada.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y deberán ser valoradas por las autoridades judiciales en el desarrollo del proceso.
Defensa solicita atención médica y garantías para su familia
Tras visitar a González en el centro penitenciario el lunes, Guarderas también pidió que se respeten sus derechos y su dignidad durante la reclusión. Entre sus solicitudes figura el acceso a una dieta especial por motivos de salud y la entrega de los medicamentos que necesita.
El abogado manifestó, además, que la prisión preventiva tiene repercusiones en el entorno familiar de la excandidata, particularmente en su hijo adolescente y en su padre, quien, según indicó, padece una enfermedad renal catastrófica.
La defensa considera que estas circunstancias deben ser tomadas en cuenta por las autoridades, sin perjuicio de las decisiones que correspondan dentro del proceso judicial.
Caso Laberinto y las investigaciones sobre el financiamiento electoral
La detención de González se produjo durante la madrugada del jueves, como parte de las investigaciones sobre el financiamiento y el manejo de los recursos de su campaña presidencial de 2023. Las indagaciones se relacionan con el caso Caja Chica y el posterior proceso denominado Laberinto.
De acuerdo con la información proporcionada sobre la investigación, la Fiscalía busca determinar si existieron aportes de origen ilícito para financiar la campaña. Entre las hipótesis investigadas figura el posible ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela, así como la eventual recepción de recursos provenientes de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Estos hechos forman parte de las líneas de investigación fiscal y no constituyen, por sí mismos, una declaración definitiva de responsabilidad penal de las personas mencionadas.
En el ámbito político, el caso también coincide con la suspensión de la Revolución Ciudadana, solicitada por la Fiscalía en el marco de las diligencias relacionadas con Caja Chica. La medida tiene repercusiones sobre la participación electoral de la organización en los comicios locales previstos para el 29 de noviembre de 2026.
González fue candidata presidencial en 2023 y 2025, elecciones en las que perdió frente a Daniel Noboa.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Con la apelación presentada, la defensa busca que un tribunal revise la decisión que ordenó la prisión preventiva y determine si corresponde sustituirla por otras medidas cautelares.
La resolución deberá considerar los argumentos de las partes y los elementos incorporados al expediente. Mientras tanto, la investigación fiscal continuará para esclarecer el origen de los recursos examinados y establecer si existen responsabilidades penales.
El caso Laberinto abre un nuevo capítulo en la confrontación política y judicial que involucra a una de las principales figuras de oposición al Gobierno de Daniel Noboa. No obstante, la determinación de responsabilidades corresponde exclusivamente a la justicia, dentro de un proceso que debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
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