La investigación apunta a un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023. La Fiscalía indaga el posible uso de estructuras empresariales para canalizar alrededor de USD 500.000 de origen presuntamente ilícito.
La Fiscalía General del Estado ratificó su pedido de prisión preventiva contra Luisa González, excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana; Santiago Díaz, exasambleísta; y Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO, dentro del denominado caso Laberinto, que investiga un presunto delito de lavado de activos vinculado al financiamiento electoral de 2023.
La solicitud se conoció durante la audiencia de formulación de cargos, cuya instalación registró dificultades técnicas y fue retomada durante la noche del jueves. La diligencia continuó este viernes 23 de octubre de 2026.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca determinar el origen de los recursos que habrían sido destinados al financiamiento de publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. El Ministerio Público sostiene que presuntamente se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000.
¿Quiénes están involucrados en el caso Laberinto?
Además de González, Díaz y Onofre, entre las personas investigadas figura Estefanía Molina. Según la información difundida sobre el proceso, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los tres primeros, mientras que para Molina se contemplarían medidas alternativas.
Onofre se habría entregado voluntariamente a las autoridades en la provincia del Guayas, luego de conocerse la investigación.
La causa también examina el presunto ingreso de fondos no declarados en las cuentas oficiales de la campaña presidencial de 2023. Entre los indicios que analiza el Ministerio Público estarían recursos presuntamente relacionados con empresas del sector de los combustibles.
La formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva forman parte de una etapa procesal en la que se exponen los elementos de convicción y se solicita al juez que determine las medidas cautelares correspondientes. El pedido de la Fiscalía no equivale a una decisión judicial ni constituye una declaración de culpabilidad.
Luisa González rechaza la investigación y denuncia persecución política
A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, Luisa González calificó de «absurda» la acusación por presunto lavado de activos y sostuvo que su detención constituye un «ataque a las libertades y persecución política».
Por su parte, el Gobierno señaló que la investigación fiscal se relaciona con un presunto esquema de lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana.
El proceso se desarrolla en medio de la confrontación política entre el oficialismo y el correísmo, por lo que las actuaciones judiciales han adquirido una importante repercusión pública.
¿Qué sigue en el caso?
La decisión sobre la prisión preventiva corresponde al juez que conoce la causa, quien deberá evaluar los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de las defensas.
El desarrollo del caso Laberinto será clave para esclarecer el origen de los recursos investigados, establecer si existieron operaciones destinadas a ocultar su procedencia y determinar las eventuales responsabilidades individuales.
Por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación penal en curso y deberán ser demostradas dentro del proceso judicial, con respeto a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa.
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