La Sociedad Interamericana de Prensa emitió su informe sobre el estado de la libertad de prensa en Ecuador. Y enfrenta una grave vulnerabilidad por la violencia criminal, la impunidad y el cerco institucional. (Actualizada el 25 de octubre, a las 16:40, con las resoluciones de la SIP sobre Ecuador).
El periodismo ecuatoriano ejerce su labor en un entorno que luce adverso. Las principales amenazas provienen del crimen organizado, la falta de presupuesto para la protección estatal y el uso de instituciones para restringir el flujo informativo, dice el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre Ecuador.
La SIP celebra su Asamblea General número 82, desde hoy al 25 de octubre en Bogotá, Colombia. Se reúnen líderes de medios, editores, periodistas, ejecutivos y especialistas de las Américas y España. El programa reunirá a más de 70 destacados referentes del periodismo de toda la región.
Sobre Ecuador, la SIP también señala que cerca de una docena de reporteros han abandonado el territorio por seguridad. Otra comunicadora se retiró definitivamente del oficio, lo que profundiza los "desiertos de noticias" en mercados locales que carecen de medios consolidados.
El Mecanismo Estatal de Protección opera con serias limitaciones financieras. A la par, persisten las agresiones físicas y campañas de desprestigio impulsadas por policías, agentes municipales, funcionarios y grupos delictivos, dice el informe oficial.
“Persisten campañas de desprestigio, amenazas y hostigamiento en línea contra periodistas, aunque sin un incremento significativo respecto de períodos anteriores. La violencia, combinada con la precariedad laboral y la inestabilidad económica, ha contribuido al aumento de la autocensura”, dice la SIP.
Los ataques a la prensa que fueron destacados por la SIP
El 19 de junio, Hernán Higuera, de Ecuavisa, abandonó la investigación del caso Progen. El periodista denunció que el Estado despidió a su esposa de una empresa pública y suspendió la plaza médica de su hijo como represalia por cubrir este caso.
El diario Expreso, cuya edición en web está suspendida hasta conocer posibles desvinculaciones de personal, denunció un hostigamiento estatal mediante entidades de control, tras la intervención a Granasa. La SIP advirtió que esto representa una censura indirecta inaceptable.
La SIP también recogió el caso de la periodista Gisella Bayona. El 28 de agosto, en entrevista en Radio Centro Digital, el presidente Daniel Noboa cuestionó a la periodista Gisella Bayona por supuestos vínculos contractuales, dice la SIP, “que fueron desestimados días después”. Entre el 28 y el 31 de agosto, “cuentas de redes sociales afines al gobierno” iniciaron una campaña masiva de desprestigio contra la periodista. El 2 de septiembre, “Bayona anunció que dejaría el periodismo para proteger a su familia”.
Destacan caso de Fundamedios
La censura también opera en tribunales. Un fallo de la Corte de Justicia del Guayas obligó a Fundamedios a eliminar una alerta de 2025, tras una acción de hábeas data impulsada por un empresario.
El 13 de octubre de 2026, Fundamedios acató el fallo bajo protesta para evitar consecuencias penales. La ONG presentó un recurso ante la Corte Constitucional y solicitó medidas cautelares a la CIDH para proteger su labor de monitoreo.
Conclusión de la SIP: reducción de coberturas independientes
Para la SIP estas restricciones, sumadas a la violencia criminal, la falta de protección efectiva, la impunidad y la precariedad económica de los medios, “han contribuido a reducir la capacidad de cobertura independiente, especialmente fuera de los principales centros urbanos. y a ampliar las zonas con escasa o nula oferta informativa”.
Resoluciones de la Asamblea General del SIP sobre Ecuador
La organización, la más representativa de América, adoptó seis resoluciones sobre Ecuador, debido a los atentados a la libertad de expresión. LA HORA los reproduce:
- Expresar preocupación por las amenazas a la libertad de prensa en Ecuador, agravadas por la violencia criminal, las presiones institucionales, las restricciones informativas y la impunidad.
- Exhortar al gobierno a garantizar la seguridad de los periodistas, dotar de recursos suficientes al mecanismo estatal de protección e investigar y sancionar las agresiones, sin distinción de línea editorial
- Instar a las autoridades a garantizar el acceso no discriminatorio a fuentes y espacios oficiales y abstenerse de imponer restricciones arbitrarias al trabajo periodístico
- Reclamar que los organismos estatales no sean utilizados para hostigar a medios, interferir en sus decisiones editoriales o ejercer presiones económicas que constituyan censura indirecta
- Manifestar preocupación por la sentencia contra Fundamedios e instar a las autoridades a garantizar que las decisiones judiciales respeten la libertad de expresión y la labor de las organizaciones que documentan agresiones contra la prensa
- Urgir a las autoridades a combatir la impunidad y fortalecer la protección del periodismo independiente, especialmente en las zonas donde la reducción de la cobertura informativa limita el derecho de la ciudadanía a estar informada. (DLH)
.jpeg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario