El Estado admite parcialmente su responsabilidad por violación de libertad de expresión e irregularidades en el proceso penal contra EL UNIVERSO

Luego de escuchar los alegatos finales de los representantes de los querellantes y del Estado ecuatoriano, la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso derivado de la sentencia a favor de Rafael Correa contra EL UNIVERSO, sus directivos y su ex editor de opinión, Emilio Palacio, terminó este martes 15 de junio, con las observaciones finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La resolución final que tomen los jueces de la Corte IDH, una vez que escucharon a los querellantes, a la defensa del Estado y a los peritos, se dará a conocer por escrito en unos dos meses. Hasta el 16 de julio se deben presentar por escrito los alegatos que hoy se expusieron de forma oral.

“El Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y pensamiento, a las garantías judiciales, a la protección judicial y principio de legalidad en perjuicio de Emilio Palacio y los señores Pérez”, dijo María Fernanda Álvarez, en representación de la Procuraduría.

“A la luz de los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos, el Estado reconoce que en el presente caso, la sanción penal y la indemnización civil resultaron desproporcionadas e innecesarias. De igual forma, reconoce que lo desproporcionado de la pena impuesta tiene la capacidad de producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión, en perjuicio no solo de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, con lo cual se configura la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregó la funcionaria de la Procuraduría ecuatoriana.

“Al analizar en conjunto las irregularidades del proceso penal, que se han logrado demostrar en este proceso interamericano, el Estado reconoce que se violaron los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y principio de legalidad”, afirmó Álvarez.

Fuente. El Universo