El control político que lleva la Comisión de Biodiversidad respecto de la contaminación por efecto de la minería en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, tuvo respuesta positiva por parte de Xavier Vera, ministro de Energía y Minas, del ministro subrogante de Ambiente, José Dávalos y Luis Maingón, de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, quienes se comprometieron a hacer seguimiento a las cuatro concesiones otorgadas: Liliatere, Salem, Chaparral y Carrizales.
Maingón se comprometió a iniciar los procesos de investigación a estas cuatro concesiones, con inspecciones en el área. Precisó que en la provincia del Azuay se realizaron 18 operativos, de los cuales 11 se efectuaron en Camilo Ponce Enríquez. Dijo que la institución luchará contra la minería ilegal que esta afectando al sector.
A estos acuerdos se llegó una vez que la mesa legislativa escuchó a José Feijó, presidente del Frente Ciudadano en Defensa del río Gala, quien señaló que la compañía Colibrí Mainig y más concesiones fueron dadas en un lugar donde no debe haber minería, porque los habitantes de 11 comunidades se dedican al agro. Expresó que el agua del río Gala les sirve para el riego, alimentación y turismo, por lo que defenderán ese 10% de agua que queda sin contaminar.
Por su parte, José Luis Espinosa, secretario del Comité de Desarrollo de Shumiral, indicó que en el sector de Bella Aurora existen 22 concesiones mineras, de las cuales cuatro hacen pequeña minería, ocho minería artesanal y 10 están en proceso. 10 mil personas han sido afectadas de manera directa por la actividad extractiva minera de Colibrí Mainig, advirtió.
Luis Montaleza, presidente de la Junta de Agua Potable de Shumiral, advirtió que en ningún momento se socializó el proyecto Colibrí Mainig, ni se realizó la consulta previa a la población. Agregó que este proyecto no cuenta con un informe de impacto ambiental, ni la debida licencia. Flor Barzallo, del Comité de Defensa del Río Guanache, mencionó que los siete ríos del cantón, ya no sirven para nada por efecto de la contaminación, por lo que pidió la respectiva remediación.
Patricia Villacís, vicealcaldesa de Camilo Ponce Enríquez, recordó que este sector siempre se caracterizó por ser agrícola y desde hace 40 años se realizan trabajos mineros, lo que ha generado desastre natural ambiental. Añadió que las concesiones mineras no cuentan con la respectiva licencia ambiental y solicitó el archivo de las concesiones mineras en Bella Aurora, que es una zona certificada como de cultivo orgánico.
Ante estas denuncias, José Dávalos, ministro subrogante de Ambiente, respondió que se evidencia que el proceso no se lo manejó debidamente, por lo que se realizarán los respectivos actos administrativos sancionatorios.
El asambleísta Juan Cristóbal Lloret mencionó que el Ministerio de Ambiente debe hacer una investigación seria para establecer las sanciones respectivas por procesos indebidos, así como hacer seguimiento a la remediación ambiental por parte de las empresas mineras.
El parlamentario Rodrigo Fajardo indicó que presentó la respectiva denuncia en la Fiscalía para que inicie las investigaciones sobre este caso. El asambleísta por un día, Edy Jaques, felicitó a la mesa legislativa por el proceso de fiscalización que lleva adelante, a fin de precautelar el medio ambiente.
Posteriormente, Xavier Vera, ministro de Energía y Minas, se refirió a los procesos de petición de archivos, permisos artesanales extinguidos, así como los procesos en trámite de pequeña minería metálica.
Al referirse a las concesiones mineras que se encuentran inscritas o en trámite dentro del bosque Protector Molleturo-Mollepungo, señaló que no se han emitido ni receptado informes para la caducidad de proyectos mineros que colindan con dicho bosque, considerando que no están autorizadas las actividades mineras dentro de los bosques protectores del país.
Los legisladores Fredy Rojas, Gissella Molina, Consuelo Vega y Washington Varela pidieron a las autoridades poner atención a la minería ilegal a nivel nacional. La Comisión aprobó una resolución en la cual solicita informe mensual de las actividades mineras en el cantón Camilo Ponce Enríquez, por parte de los ministerios de Ambiente, Energía y Arcsa.
JLVN/pv
Fuente. Asamblea Nacional
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