El Pleno de la Asamblea Nacional, con 115 votos, acogió el informe de la Comisión del Derecho a la Salud respecto de la escasez de medicamentos para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el Sistema Nacional de Salud.
Sobre el tema decidió llamar a la Legislatura al Ministro de Salud, Presidente del Consejo Directivo y del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Contralor y Fiscal General del Estado y al Ministro Finanzas, para que de manera personal e indelegable, presenten la información que, en el ámbito de sus competencias, han tomado sobre esta problemática.
Demandó del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del IESS que presenten un modelo de gestión, cronograma de implementación y un sistema de inventario de medicamentos en un plazo máximo de 15 días. El Ministerio reportará cada mes el cumplimiento de la implementación del Plan Medicina Cerca, expondrá ante el Pleno la situación de abastecimiento de medicamentos, el nombre de los proveedores, las cantidades de compras y stock existente.
Además presentarán un cronograma de implementación para disminuir las derivaciones a prestadores externos, en un plazo de 30 días e informarán la situación de las personas que fueron desvinculadas luego de la emergencia sanitaria. El MSP presentará la información sobre las asignaciones de presupuesto para adquisición de medicamentos oncológicos.
MSP
Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, advirtió que no existe un modelo eficiente de gestión en los servicios de salud; que no se evidencia la existencia de un sistema de inventario que permita conocer el abastecimiento de insumos y medicamentos; que el desabastecimiento, que se originó en el año 2018, no ha sido resuelto ni por el anterior gobierno, ni por el actual.
Manifestó que dentro de los procesos adjudicados bajo emergencia constan 11 contratos de medicamentos y 143 de dispositivos. Además que se evidencia que el MSP continúa realizando procesos adjudicados bajo emergencia, mismos que carecen de transparencia y control del manejo, por lo que deben ser sujetos a revisión por parte de la Contraloría. Denunció que las autoridades no han presentado los convenios de pago, ni los nombres de las personas naturales y jurídicas adjudicatarias de los procesos de contratación pública.
Expuso que se realizaron compras de emergencia en diciembre de 2021 y enero 2022 por 19.8 millones de dólares; y, que la Comisión no encontró sustento legal para que la empresa pública actúe como intermediaria en la compra de medicamentos, a la vez que detalló la deuda que mantienen con prestadores externos.
IESS
Marcos Molina señaló que la información presentada por el Presidente del Consejo Directivo del IESS evidencia que el desabastecimiento de medicamentos es del orden del 44% y 58% de insumos médicos, pese a lo cual no hay una propuesta de solución en el corto o mediano plazo.
Señaló que no existe una gestión correcta de administración de los servicios de salud de prestadores externos del IESS. “La deuda se ha incrementado de manera exponencial, haciéndose pagos millonarios, los mismos que no tienen un correcto y transparente procedimiento”, aseguró.
Comisiones generales
Previamente el Pleno recibió en comisión general a Pablo Fajardo, abogado de los afectados por el caso Texaco, quien habló del abandono permanente del Estado a los pacientes que padecen cáncer; y de la falta de una casa de salud para el tratamiento de dicha enfermedad en la región amazónica. Mientras que Antonio Espinoza, secretario del Vicariato de Aguarico, informó que en diciembre de 2020 presentaron su oferta técnica del proyecto para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y apeló la intervención de la Asamblea para la entrega de recursos para atender estos padecimientos.
Debate
Durante el debate, en el que participaron siete legisladores, la vicepresidenta de la Comisión del Derecho a la Salud, María José Plaza indicó que los problemas en este sector son innumerables; sin embargo, en el trabajo de fiscalización se evidencia que el Gobierno ha actuado para atacar problemas estructurales en el sistema de salud.
A decir de la legisladora Patricia Mendoza en el informe se evidencia un posible conflicto de intereses entre el exconsejero ad honorem, Carlos Cueva, y la exministra de Salud, Ximena Garzón. Recalcó que en el informe se evidencia que las autoridades no transparentaron información. Los asambleístas también enfatizaron en la falta de implementos, medicina, sobre todo en el Seguro Social Campesino.
RSA/pv
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