El Pleno de la Asamblea Nacional, con 84 votos afirmativos, resolvió proceder al enjuiciamiento político de Hernán Ulloa, Graciela Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones, en aplicación de lo previsto en el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La decisión se sustenta en que se han encontrado méritos suficientes para el enjuiciamiento político, conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño.
El texto resolutivo propuesto por la asambleísta Mireya Pazmiño dispone al Presidente de la Asamblea Nacional continúe el trámite previsto en el artículo 83 de la LOFL, así como a la Secretaría General la notificación de la resolución a Hernán Ulloa, Graciela Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías.
Debate
En el debate intervinieron 15 asambleístas de distintas tendencias políticas. Algunos de los criterios estuvieron orientados a justificar la aplicación de lo determinado en el último inciso del artículo 142 de la LOFL, que permite al Pleno de la Asamblea resolver sobre un proceso de fiscalización, en caso que una comisión especializada no emita el respectivo informe.
Igualmente, se alertó que en caso de llegar a la censura y destitución de los cuatro consejeros sometidos a juicio político, sus reemplazos serán ciudadanos que fueron elegidos por votación popular en el 2021, según el orden de votación que hayan obtenido.
EG/pv
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