Con 78 votos a favor se aprobó la normativa en segundo debate, señalada como inconstitucional y persecutoria por la oposición.
El oficialismo se impuso nuevamente en la Asamblea y aprobó este jueves 26 de agosto de 2025 la Ley de Transparencia Social, normativa enfocada a controlar a las organizaciones sociales sin fines de lucro.
Los votos a favor sumaron 78 y correspondieron a ADN, parte de Pachakutik y expulsados de la Revolución deCiudadana, como el asambleísta Sergio Peña.
La discusión de argumentos se polarizó en dos vertientes. Por un lado, el oficialismo defendió el proyecto bajo el argumento de que permitirá atacar a las economías de grupos delincuenciales, que supuestamente utilizan a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG).
Mientras que desde la Revolución Ciudadana (RC), se denunció que el verdadero objetivo del Gobierno es perseguir y controlar a las organizaciones sociales y, que además, es inconstitucional.
Postura de la RC
Liliana Durán, de la RC, presentó en la sesión un video con una declaración de la relatora de la ONU sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, quien hace pocos días expresó su preocupación por el impacto negativo del proyecto, al que consideró como estigmatizador.
Durán aseguró que la normativa abre paso a la persecución de las organizaciones sociales porque se faculta el cierre de ONG por aspectos administrativos, lo que podría darse de manera discrecional.
Además, resaltó que se atenta contra el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, con la creación del sistema único de datos.
La legisladora Noemí Cabrera, también de la RC, resaltó que no existen documentos, ni evidencias que demuestren que las ONG tengan vínculos con economías criminales.
Además, afirmó que no existen resultados en seguridad, pese a la aplicación de las tres leyes económicas urgentes aprobadas recientemente y que también estaban destinadas a enfrentar la inseguridad.
Su coidearia, Viviana Veloz, aseguró que además de la persecución a las organizaciones sociales, la ley blinda políticamente a los altos funcionarios del Gobierno frente a la fiscalización.
Según Veloz, se incluyó una prohibición para que se auditen a los altos funcionarios y a sus familiares, tras señalar: “se pretende institucionalizar la impunidad para los poderosos del país”.
Postura de ADN
La asambleísta Mishel Mancheno aseguró que la normativa permitirá que las ONG puedan utilizar recursos provenientes de economías criminales y negó que el objetivo sea perseguir a las organizaciones sociales.
Mientras, el legislador Alex Morán, dijo que lo que se busca es “cerrar las brechas a las organizaciones que utilizan recursos criminales”.
Rechazó que se pretenda perseguir la lucha social y, por el contrario, dijo que la verdadera persecución se dio en el gobierno del expresidente Rafael Correa.
PSC
El asambleísta Alfredo Serrano denunció que se incorporó una transitoria que exonera a empresas en liquidación del pago de capitales, multas y recargos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Resaltó que esto es ilegal, tras expresar: “No le metan la mano a los recursos del IESS”.
Radio Pichincha
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