La detención de un niño de cinco años, de ascendencia ecuatoriana, durante un operativo migratorio en Estados Unidos desató este viernes 23 de enero una serie de protestas en Minneapolis y ciudades vecinas, donde miles de personas rechazaron el accionar de los agentes federales y cuestionaron la política migratoria del Gobierno estadounidense.
Detalles del caso
El hecho se registró en Columbia Heights, un suburbio del área metropolitana de Minneapolis, en el marco de una intensificación de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de la estrategia de control migratorio impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de defensa de los derechos humanos convocaron movilizaciones, pese a las bajas temperaturas, denunciando presuntos abusos durante las redadas.
Según autoridades locales y organismos educativos, el menor fue detenido junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, cuando ambos llegaban a su vivienda. Posteriormente, se habría utilizado al niño para tocar la puerta del domicilio y forzar la salida de otras personas, versión que intensificó la indignación pública y que fue ampliamente criticada en redes sociales.
Contexto migratorio de los ecuatorianos en EE. UU.
La migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos es un fenómeno creciente que ha marcado profundamente la dinámica social de ambos países. Según estimaciones oficiales, más de 1,2 millones de ecuatorianos residen en territorio estadounidense, de los cuales una proporción significativa se encuentra en situación migratoria irregular, lo que los expone a detenciones y procesos de deportación.
Desde 2023, las deportaciones de ciudadanos ecuatorianos han aumentado de manera sostenida. En 2023 se reportaron más de 18.000 deportaciones y en 2024 alrededor de 13.500, con vuelos semanales de retorno organizados por las autoridades migratorias estadounidenses. En 2025, solo en los primeros meses, más de 1.800 ecuatorianos fueron repatriados, según datos de la Cancillería.
Este contexto explica en parte la preocupación de comunidades migrantes y organizaciones civiles, que señalan un clima de temor e incertidumbre frente a las políticas migratorias más estrictas impulsadas por la administración estadounidense en los últimos años.
Reacciones oficiales del Ecuador
El Gobierno del Ecuador, a través de la Cancillería y su red consular, informó que mantiene un seguimiento activo y permanente del caso del menor ecuatoriano y su padre, quienes están bajo custodia del ICE en el South Texas Family Residential Center, en Texas. El Consulado ecuatoriano en Houston está en comunicación constante con las autoridades migratorias estadounidenses para verificar las condiciones y el bienestar de la familia, que mantiene un proceso de solicitud de asilo pendiente en EE. UU.
Según los comunicados oficiales, también se confirmó que se realizará una audiencia judicial para definir la situación migratoria del niño y su padre. La Cancillería recalcó que la asistencia consular y jurídica está disponible, y que se prioriza la protección de los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior.
Además, una comisión legislativa ecuatoriana solicitó al Gobierno acciones más contundentes y asistencia jurídica efectiva ante la detención del menor, al considerar que se trata de una vulneración de los derechos de la niñez y de los principios de movilidad humana.
Reacciones y amplificación del conflicto
Las imágenes del menor siendo trasladado por agentes federales se difundieron rápidamente en redes sociales y se convirtieron en un símbolo del descontento social. A raíz de este caso, distritos escolares del área de Minneapolis reportaron otros arrestos de niños que acompañaban a sus padres durante operativos migratorios, lo que amplió las manifestaciones y extendió las protestas a ciudades como Nueva York, Chicago y Seattle.
Desde el Gobierno federal de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance confirmó que el niño permanece bajo custodia y defendió el procedimiento, asegurando que se actuó para proteger su seguridad en el operativo. Sin embargo, abogados y defensores de derechos humanos sostienen que la familia tenía un proceso de asilo en curso y que la detención del menor no debió producirse, un argumento que continúa alimentando las protestas en distintos puntos del país.
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