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Con un Pleno dividido y tras un intenso debate en Samborondón, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este viernes 20 de febrero la llamada ley 70/30, una reforma urgente en materia económica que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión en obra pública, infraestructura y servicios básicos, y solo el 30 % a gasto corriente.
La votación fue ajustada: 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, con 150 legisladores presentes en la sesión número 72 realizada en la Universidad Ecotec, en Samborondón.
📌 ¿De qué trata la ley 70/30?
El proyecto, enviado el 27 de enero por el presidente Daniel Noboa y calificado como urgente por el Consejo de Administración Legislativa el 1 de febrero, reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
La Constitución obliga a la Asamblea a resolver este tipo de iniciativas en un plazo máximo de 30 días.
Según el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, existe un “desequilibrio estructural” en las finanzas de los GAD. En 2024, la inversión en obras y servicios básicos habría sido menor al 39 % del presupuesto total de los gobiernos locales. Además, entre 2015 y 2023, la ejecución en obra pública osciló entre el 35 % y el 53 %.
El documento también recuerda que el Presupuesto General del Estado 2026 enfrenta una necesidad de financiamiento superior a los 16 000 millones de dólares, lo que —según los proponentes— exige disciplina fiscal.
🏛 Posturas a favor: “La plata debe ir a obras, no a burocracia”
La ponente Valentina Centeno (ADN) defendió que la reforma fortalece una norma vigente desde 2011 y aseguró que más de cuatro millones de personas no tienen acceso a agua potable y que 12 millones reciben agua de baja calidad.
Desde el oficialismo y bloques aliados se insistió en que muchos municipios destinan hasta el 70 % de sus recursos a gasto corriente, dejando en segundo plano infraestructura básica.
El argumento central: cada dólar transferido a los GAD debe convertirse en agua potable, vialidad, saneamiento y servicios básicos visibles.
⚠️ Oposición advierte “riesgo para la autonomía”
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana se presentó un informe de minoría y se alertó sobre posibles vicios de inconstitucionalidad.
Legisladores opositores sostienen que la reforma podría afectar programas sociales, mantenimiento vial y servicios municipales. También cuestionaron que la medida limite la autonomía política y financiera de los gobiernos seccionales, protegida por la Constitución.
El debate dejó en evidencia la fractura política alrededor del manejo del gasto local y el rol del Ejecutivo en la disciplina fiscal.
🔎 ¿Qué viene ahora?
Al tratarse de un proyecto urgente en materia económica ya aprobado en segundo debate, la ley pasará al Ejecutivo para su sanción u objeción.
La decisión marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, y podría redefinir la forma en que municipios y prefecturas planifican su presupuesto en los próximos años.
El debate dejó en evidencia la fractura política alrededor del manejo del gasto local y el rol del Ejecutivo en la disciplina fiscal.
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