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La dirigencia de la Revolución Ciudadana anunció una serie de acciones para enfrentar la suspensión de nueve meses impuesta por un juez del Tribunal Contencioso Electoral, decisión que mantiene al movimiento fuera del registro de organizaciones políticas.
La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, calificó la medida como parte de un proceso de “proscripción política” y aseguró que la organización impulsará una estrategia en tres frentes: jurídico, comunicacional y territorial.
En el ámbito legal, el equipo jurídico del movimiento anunció que presentará un pedido de nulidad y una solicitud de revocatoria de la decisión judicial, argumentando que se habría vulnerado el derecho a la defensa al no notificarse previamente a la organización política.
Paralelamente, la dirigencia del correísmo plantea una acción masiva de sus bases, con el envío de denuncias individuales al TCE para exigir el respeto a los derechos políticos de sus militantes. Según sus estimaciones, más de 100.000 adherentes podrían sumarse a esta iniciativa.
A esto se suma una campaña de movilización territorial, con concentraciones diarias a las 17:00 frente a las gobernaciones provinciales del país, así como una estrategia digital para amplificar el mensaje a través de videos publicados por simpatizantes en redes sociales.
La suspensión del movimiento se produce en el contexto de la investigación del denominado caso “Caja Chica”, en el que la Fiscalía indaga un presunto esquema de delincuencia organizada y lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
El escenario abre un nuevo capítulo de tensión política en el país, con posibles repercusiones en el sistema de partidos y en la participación electoral del correísmo si la medida se mantiene vigente.
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