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CNE remite a la Corte Constitucional la enmienda de Noboa para quitar al Cpccs la designación de autoridades

 


El CNE remitió a la Corte Constitucional la enmienda impulsada por el presidente Daniel Noboa para eliminar la facultad del Cpccs de designar autoridades y trasladarla a la Asamblea Nacional, tras corregir una observación formal.

El trámite para modificar el modelo de designación de autoridades en Ecuador avanza. El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió remitir a la Corte Constitucional (CC) la propuesta de enmienda impulsada por el presidente Daniel Noboa, que busca retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la atribución de nombrar autoridades, para trasladarla a la Asamblea Nacional.

Un envío que expone diferencias dentro del CNE

La tarde de este lunes 6 de abril de 2026, el pleno del CNE conoció el oficio enviado por el Ejecutivo el 2 de abril, con el que se corrige un error de forma previamente señalado por la Corte Constitucional en relación con el artículo 207 de la Constitución. El presidente Noboa justificó la remisión en el contexto del actual periodo electoral. Esto el objetivo de que el organismo electoral notificara a la Corte y se continúe con el trámite.

No obstante, la sesión evidenció desacuerdos internos. La consejera Elena Nájera planteó retirar el punto del orden del día al sostener que, según el dictamen de la Corte, la propuesta corregida debía enviarse directamente a ese organismo, sin que el CNE intervenga. Desde su perspectiva, el ente electoral no tiene competencia para pronunciarse en esta fase del proceso.

Pese a ello, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, defendió que el organismo actúe como canal formal y resolvió dar por conocido el documento y remitirlo a la Corte Constitucional para que emita la decisión correspondiente. Con esta actuación, el CNE evita entrar al fondo del debate, pero asume un rol operativo que no está exento de cuestionamientos jurídicos.

La enmienda: trasladar el poder de designación a la Asamblea

El núcleo de la propuesta del Ejecutivo apunta a reconfigurar el sistema de designación de autoridades de control. Actualmente, esta facultad recae en el Cpccs; la enmienda plantea eliminarla y establecer que sea la Asamblea Nacional la que designe a estas autoridades mediante procesos públicos que incluyan participación ciudadana, meritocracia y escrutinio.

La pregunta propuesta por Noboa para el eventual referéndum recoge este cambio estructural y lo vincula a una reforma constitucional. En términos políticos, la iniciativa implica un rediseño del equilibrio de funciones del Estado, al trasladar una competencia clave desde un órgano de participación ciudadana hacia el Legislativo.

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?, plantea la interrogante.

 El 19 de marzo, la Corte Constitucional emitió su segundo dictamen sobre esta propuesta. Si bien validó la constitucionalidad de la pregunta y sus considerandos, sentenció que en el anexo normativo debía incorporarse de manera expresa la referencia al artículo 207 de la Constitución, precisando la eliminación de la frase que otorga al Cpccs la potestad de designar autoridades.

La Corte fue clara al establecer el siguiente paso: una vez corregida la propuesta conforme a su dictamen, el presidente debe remitir el texto final para una verificación inmediata antes de emitir el decreto de convocatoria a referéndum. Solo tras ese control previo podrá activarse el procedimiento establecido en la Constitución.

Desde Carondelet se anticipa que la intención es que la consulta se realice junto con las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. Ese día se elegirán autoridades seccionales y a los integrantes del Cpccs. La estrategia apunta a incorporar la pregunta en una papeleta adicional, lo que elevaría costos y participación.

Sin embargo, este escenario no está garantizado. Su concreción dependerá de que las tres instancias involucradas establezcan acuerdos operativos y jurídicos en los plazos previstos. En caso contrario, la enmienda podría enfrentar retrasos o incluso reconfigurar su ruta.

Radio Pichincha 



 



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