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El organismo cuestiona el manejo de los controles patrimoniales y exige garantías legales para sus jueces.
Punto Noticias.- La Corte Constitucional expresó su preocupación por un entorno de “presiones institucionales sostenidas” que se han venido registrando desde el año 2025, las cuales podrían comprometer la autonomía de los magistrados.
La reacción de la Corte surge en un contexto de alta tensión política, marcado por exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán. Ante esto, el máximo tribunal de control constitucional enfatizó que cualquier proceso de control patrimonial debe ejecutarse con estricto apego a la ley, garantizando siempre el debido proceso y la seguridad jurídica.
La Corte señaló que sus integrantes han atendido todos los requerimientos por los canales institucionales pertinentes. No obstante, exigió que las actuaciones de control, como las llevadas a cabo por la Contraloría General del Estado, se realicen con el más alto rigor técnico y respetando las competencias constitucionales.
Este llamado a la rigurosidad técnica coincide con las denuncias públicas de los jueces afectados. El juez Alí Lozada manifestó, en sus redes sociales, no haber sido notificado oficialmente de los hallazgos de la Contraloría y calificó los señalamientos de “ridículos”.
Por su parte, la Contraloría General del Estado aclaró en un comunicado que no entregó dicha información a diario El Universo y recordó que los exámenes patrimoniales tienen carácter reservado hasta que son remitidos a la Fiscalía.
Radio Pichincha
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