“¿Opinión o delito? Fiscalía investiga a Gabriela Panchana por actividad digital”
La abogada y activista Gabriela Panchana fue convocada a rendir versión ante la Fiscalía General del Estado el pasado 29 de abril de 2026, en el marco de una denuncia por presunta defraudación tributaria que, según ella, se sostiene más en interpretaciones digitales que en pruebas materiales.
El caso, impulsado por Elba Camacho, se basa —según la propia Panchana— en publicaciones en redes sociales, bajo el argumento de que su actividad en plataformas digitales evidenciaría ingresos no declarados. Una tesis que abre un debate incómodo: ¿pueden los contenidos en redes convertirse en indicios suficientes para procesos penales de carácter tributario?
Panchana lo niega de forma tajante. Sostiene que todos sus ingresos han sido debidamente facturados y declarados, y que corresponden exclusivamente a su ejercicio profesional como abogada. “No existe una sola evidencia que demuestre lo contrario”, afirmó, cuestionando la solidez de la acusación.
Pero el punto más crítico no es solo la denuncia, sino sus consecuencias procesales. Según la activista, dentro del expediente se habría solicitado incluso el allanamiento de su domicilio y la incautación de sus dispositivos electrónicos. “¿Con qué fundamento? Con publicaciones en X y especulaciones”, cuestionó, elevando el tono de una defensa que ya no es solo jurídica, sino política.
De la denuncia tributaria al posible precedente
El caso plantea una preocupación mayor: el uso de herramientas penales en fases tempranas, como la investigación previa —que puede extenderse entre uno y dos años—, sin que existan pruebas contundentes. En ese escenario, el proceso en sí mismo puede convertirse en una forma de presión prolongada.
Más aún cuando, como advierte Panchana, el caso se da en paralelo a un contexto de hostigamiento digital. La activista asegura que desde diciembre de 2025 ha sido blanco de ataques en redes sociales, tras denunciar vínculos sensibles que involucran a figuras cercanas al poder judicial.
En particular, mencionó a Dolores Vintimilla, esposa del expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a quien vinculó con la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Según Panchana, las mismas cuentas que la atacan serían las que defienden a estos actores.
¿Investigación legítima o intimidación selectiva?
El caso deja preguntas abiertas que trascienden a la propia Panchana:
¿Hasta qué punto una denuncia basada en actividad digital puede justificar medidas invasivas como allanamientos?
¿Se está ampliando peligrosamente el margen de interpretación penal sobre ingresos en la economía digital?
¿O estamos ante un posible uso del sistema judicial para silenciar voces críticas?
Mientras la investigación avanza, la activista ha solicitado el archivo de la causa. Sin embargo, el tiempo juega en su contra: la fase previa podría extenderse por años, manteniendo abierta una sombra legal difícil de disipar.
En un país donde la discusión sobre libertad de expresión y uso del aparato judicial sigue en tensión, este caso podría convertirse en un precedente incómodo: uno donde publicar, opinar o tener presencia digital no solo expone al escrutinio público, sino también al riesgo penal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario