El discurso de reconciliación quedó atrás. Lo que comenzó como una promesa de unidad hoy está marcado por acusaciones cada vez más frecuentes de persecución política en el gobierno de Daniel Noboa.
Desde su posesión en noviembre de 2023, el presidente intentó posicionarse como un líder “pro Ecuador”, distante de la confrontación tradicional. Sin embargo, menos de tres años después, su narrativa ha girado hacia un tono abiertamente combativo: “Si recibo uno o dos golpes, golpeo cinco veces más”, dijo en 2026. No es solo retórica: para sus críticos, esa frase define la forma en que se está ejerciendo el poder, con prepotencia y autoritarismo.
El patrón que denuncian distintos actores políticos y sociales es muy claro: procesos judiciales, sanciones administrativas y decisiones institucionales que coinciden, en su mayoría, con figuras incómodas para el Ejecutivo, que en muchos casos desvian la atención de los verdaderos problemas estructurales que tiene el país y que el gobierno de Noboa no ha tenido la capacidad de resolverlos, como el tema eléctrico, salud, inseguridad, desempleo, etc.
De la ruptura política a los tribunales
El caso de la exvicepresidenta Verónica Abad marca el inicio de esta tensión. Su salida del país y posterior inhabilitación política, sumadas a la sentencia contra su hijo en el caso Nene, han sido señaladas por su entorno como parte de una estrategia de neutralización política.
La pregunta de fondo no es menor: ¿coincidencia judicial o uso selectivo de la justicia?
Guayaquil: poder local bajo presión
La situación del alcalde Aquiles Álvarez eleva el nivel del conflicto. Con múltiples procesos abiertos y prisión preventiva vigente, su caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos del choque entre el Gobierno y autoridades locales.
Aunque un tribunal desarmó parcialmente uno de los casos por falta de pruebas, nuevas acciones —como allanamientos al Municipio— mantienen viva la ofensiva institucional.
Para sus aliados, el mensaje es evidente: quien confronta al poder central, enfrenta consecuencias.
Asamblea y denuncias incómodas
El legislador Juan Andrés González también entra en este tablero. Tras exponer casos sensibles vinculados al entorno presidencial, perdió su inmunidad parlamentaria y enfrenta procesos judiciales.
Su denuncia apunta a una práctica peligrosa en democracia: judicializar la crítica.
Y no es el único. Otros actores, como la exministra Andrea Arrobo o la jueza Nubia Vera, también han señalado presiones, sanciones o procesos tras decisiones o posturas contrarias al Gobierno.
¿Qué está pasando realmente?
El problema no es únicamente la existencia de procesos judiciales —normales en cualquier Estado de derecho—, sino la percepción de selectividad.
Cuando las investigaciones se concentran en opositores, cuando jueces denuncian presiones y cuando actores políticos aseguran persecución, la institucionalidad entra en zona de riesgo.
Porque la justicia, en democracia, no solo debe ser independiente: debe parecerlo.
Un país en tensión
El “Nuevo Ecuador” se enfrenta a un dilema clave: fortalecer el Estado de derecho o debilitarlo bajo la sombra de la confrontación política.
Mientras tanto, el clima se enrarece. Hay actores que han salido del país, otros enfrentan procesos, y el discurso oficial endurece su tono y maneja una narrativa totalmente apartada de la realidad, lo que hace que cada haya menos credibilidad en su gobierno.
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