Las recientes leyes económicas impulsadas por el Gobierno enfrentan más de 30 demandas de inconstitucionalidad. Las acciones se concentran en la reforma al Cootad y la normativa sobre minería y energía.
Más de un centenar de acciones de inconstitucionalidad pesan actualmente sobre las leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa, en su mayoría tramitadas bajo el mecanismo de urgencia económica y aprobadas en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. Solo las dos normas más recientes concentran 33 demandas.
Se trata de la Reforma a la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. La primera acumula 23 demandas. Mientras que, la segunda suma 11 impugnaciones.
Reforma al Cootad y la ley minera
La reforma al Cootad introduce cambios sustanciales en el esquema de transferencias del Gobierno Central hacia los gobiernos seccionales. La normativa establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 65% de su presupuesto a inversión en obras desde 2025, porcentaje que subirá al 68 % en 2027 y al 70 % en 2028. El resto del presupuesto podrá utilizarse para gasto corriente.
Autoridades locales sostienen que esta fórmula no reconoce el costo del talento humano técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos, lo que afectaría la ejecución de políticas sociales y la autonomía territorial. Según advierten, al no considerarse como inversión, podría distorsionar la contabilidad de las obras y exponer a municipios y prefecturas a sanciones o reducción de transferencias.
Además, obliga a los gobiernos locales a reportar trimestralmente el uso de sus presupuestos. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo podrá aplicar reducciones económicas conforme a la Constitución.
En paralelo, la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía plantea una reconfiguración del rol estatal en estas áreas. Según el oficialismo, la norma busca consolidar la rectoría del Estado, clarificar competencias institucionales y modernizar los procesos administrativos previos a la actividad minera.
Entre los puntos más sensibles destacan la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental, la introducción del silencio administrativo positivo —que permitiría avanzar proyectos extractivos sin pronunciamiento estatal— y la posibilidad de ampliar actividades mineras, incluida la extracción pétrea en Galápagos.
Las críticas se concentran en la reducción de controles ambientales, la posible militarización de territorios mineros y la falta de debate legislativo suficiente.
En materia energética, la ley introduce reformas a la normativa del servicio eléctrico, incluyendo esquemas de generación distribuida, autoabastecimiento y la creación de distritos energéticos autónomos. Asimismo, habilita la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y actores de la economía popular y solidaria.
El Ejecutivo y sus otros proyectos aprobados
El Ejecutivo consiguió aprobar siete proyectos económicos urgentes, con el respaldo de su bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea. Sin embargo, la rapidez del trámite genera cuestionamientos tanto por el procedimiento como por el contenido de las normas.
Ante este escenario, actores políticos, sociales y económicos trasladaron sus desacuerdos al ámbito constitucional, apostando a la Corte como último filtro institucional para frenar lo que consideran excesos del poder legislativo alineado con el Ejecutivo.
Ahora, esta práctica no es nueva. En septiembre de 2025, la Corte Constitucional ya anuló dos leyes emblemáticas del oficialismo —Solidaridad Nacional e Integridad Pública— que en conjunto sumaron 37 demandas. En ambos casos, el tribunal detectó vicios de forma y fondo: uso indebido del carácter económico urgente y vulneración del principio de unidad de materia.
Hoy, ese precedente se proyecta sobre al menos seis leyes vigentes que siguen en revisión, mientras decenas de demandantes esperan un desenlace similar.
Inteligencia, ambiente, transparencia y seguridad social bajo escrutinio
Otras cuatro legislaciones impulsadas por el oficialismo también enfrentan demandas de inconstitucionalidad.
La Ley de Inteligencia, aprobada en junio de 2025, acumula cuatro acciones legales. Organizaciones sociales sostienen que vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y de asociación. Entre los artículos más controvertidos están aquellos que permitirían acceder a datos en tiempo real y realizar operaciones encubiertas sin orden judicial. De hecho, la Corte ya suspendió provisionalmente 12 artículos.
La Ley de Áreas Protegidas, también aprobada en 2025, enfrenta cuatro demandas por presuntas vulneraciones al derecho a la consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas. Organizaciones del Azuay cuestionan que se hayan modificado reglas de gestión ambiental sin participación de las comunidades afectadas.
A estas se suman la Ley de Transparencia Social, que regula el control de flujos financieros en organizaciones, y la Ley de Sostenibilidad Crediticia, que permite al Banco del IESS (Biess) vender cartera vencida y endeudarse utilizando sus activos como garantía.
- Sobre el primer caso, organizaciones sociales advierten un posible intento de control o criminalización del tejido asociativo.
- En el segundo, los cuestionamientos apuntan a un eventual riesgo para el patrimonio del sistema de seguridad social, al exponer sus recursos a operaciones financieras.
En definitiva, la Corte Constitucional se convierte, una vez más, en el árbitro de fondo de un modelo que privilegia la celeridad política sobre el consenso.
Radio Pichincha
.jpeg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario