La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite dos nuevas demandas de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), presentadas por Unidad Popular y la bancada de la Revolución Ciudadana.
Con esta decisión, suman tres las acciones aceptadas por el alto tribunal, incluida la presentada previamente por el concejal de Quito Andrés Campaña. Todas serán acumuladas en una sola causa, en medio de una creciente controversia política y territorial.
Sin embargo, en todos los casos, la Corte negó las medidas cautelares solicitadas para suspender la aplicación de la norma, que se encuentra vigente desde el 23 de febrero de 2026 tras su publicación en el Registro Oficial.
Debate por fondos y autonomía
Desde sectores políticos y sociales se ha intensificado la crítica a la reforma impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Natasha Rojas, de Unidad Popular, advirtió que los cambios impactan directamente en la inversión social de los gobiernos locales.
Según señaló, áreas como salud, educación, casas de acogida, deporte, arte, cultura y sistemas de protección de derechos podrían verse afectadas. “No se trata de defender alcaldes o prefectos, sino de defender los recursos del pueblo”, expresó.
En la misma línea, Patricia Núñez, coordinadora de bloque de la Revolución Ciudadana, alertó que detrás de la reforma existiría un intento de retener alrededor de 1.000 millones de dólares que, según afirmó, corresponden a municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
“Los recursos no son del Gobierno central, son de los territorios y de su gente”, enfatizó la legisladora.
Escala el conflicto
Núñez también confirmó su participación en las movilizaciones convocadas a escala nacional por el Día del Trabajo, en defensa —según indicó— de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), los derechos laborales y la Constitución.
Hasta el momento, cerca de 25 demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas contra las reformas al Cootad. De estas, tres ya fueron admitidas y serán tramitadas de forma conjunta por la Corte Constitucional, en un proceso que podría redefinir la relación entre el Gobierno central y los territorios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario