OPINIÓN: LA CRISIS Y LA MISERIA DE LA POLÍTICA ECUATORIANA

 

Dr. Carlos Ernesto Herrera Acosta PhD

Docente Universitario – investigador 

La crisis actual combina factores económicos, sociales y de gobernabilidad. La persistente precariedad fiscal, la corrupción percibida y real en niveles diversos del Estado, y la criminalidad que influye en la agenda pública, interactúan con crisis sociales profundas —desigualdad, exclusión territorial y descontento popular— generando un caldo de cultivo para respuestas autoritarias, clientelares o meramente mediáticas. En este escenario, el descontento con la administración del presidente y las denuncias de falsedad en el discurso oficial se centran en la corrupción, crisis energética, la falta de inversión en salud, educación, la migración, la falta de oportunidades y el desempleo, el manejo de la seguridad pública y los recientes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, la denominada "LA CRISIS Y LA MISERIA DE LA POLÍTICA ECUATORIANA" se manifiesta en la degradación ética del ejercicio gubernamental. La expectativa de transparencia y rendición de cuentas choca con prácticas de opacidad, conflictos de interés, nepotismo, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y redes clientelares que reproducen desigualdades. Esto no solo erosiona la legitimidad de autoridades específicas, sino que debilita el contrato social, la ciudadanía percibe que la esfera pública funciona en beneficio del grupo élite y no del interés general del pueblo. La institucionalidad, por su parte, sufre tensiones entre independencia formal y dependencia real, lo que reduce la eficacia del control mutuo entre poderes y la protección de derechos fundamentales.

Sin duda, la política ecuatoriana vive una grave crisis ética y humanitaria, manifestada en la impunidad y la corrupción generalizada que afectan el interés público y erosionan las instituciones democráticas. Quienes cumplimos el deber ciudadano, patriótico y constitucional de denunciar y combatir los actos de corrupción, somos objeto de persecución sistemática, difamaciones, marginación política y social, enjuiciamientos, amenazas contra nuestra integridad física incluso contra la vida.

Estas prácticas no solo buscan silenciar la denuncia y desincentivar la participación ciudadana, sino que han derivado en consecuencias letales, varios defensores y denunciantes han perdido la vida en circunstancias que exigen investigación exhaustiva e imparcial. El 14 de junio de 2026, la fiscal de Delitos Flagrantes, Gloria Alexandra Bravo Cedeño, y su hermana Emperatriz fueron asesinadas a tiros por sicarios en Manta. Siete días antes, el 8 de junio de 2026, Monika Silva Koniuszek, activista ambiental y anticorrupción, fue hallada sin vida en Montañita. Estos dos hechos no son aislados, constituyen la manifestación más brutal de un sistema que ha permitido que la violencia se instituya como herramienta de sometimiento contra quienes ejercen funciones institucionales y realizan acciones en contra de la corrupción, queremos un Estado trasparente, integro, libre de delincuentes y sicarios. 

La ciudadanía ecuatoriana sigue observado estos crímenes y otros asesinatos con un silencio que, aunque no sea intencional, se convierte en cómplice pasivo. No hay movilizaciones masivas, no hay exigencias contundentes en espacios públicos, no hay presión sistemática sobre las instituciones. 

Con firmeza como parte de un pueblo que clama por justicia y seguridad, exijo a las autoridades competentes, a los órganos de control y a la comunidad internacional que asuman con urgencia la obligación de proteger a las personas denunciantes y defensoras del interés público, garantizando medidas de protección efectivas y preventivas; inicien investigaciones independientes, diligentes y transparentes sobre las amenazas, actos de persecución, y las muertes relacionadas con la denuncia de corrupción, con garantías de imparcialidad, debido proceso y sanción ejemplar para los responsables; fortalezcan los mecanismos institucionales de prevención y combate a la corrupción, asegurando la independencia, capacidad técnica y recursos adecuados para los órganos de control y la justicia; garanticen el acceso a la justicia para las víctimas de persecución y difamación, así como mecanismos de reparación integral cuando corresponda; promuevan políticas públicas de protección de la libertad de expresión y del derecho a la participación política, evitando la criminalización de la protesta y del ejercicio del control ciudadano.

Recordamos que la protección de quienes denuncian actos de corrupción es un pilar esencial para el Estado de derecho y la democracia. La impunidad y la agresión contra denunciantes no solo vulneran derechos individuales, sino que profundizan la crisis de legitimidad del sistema político, perjudicando a toda la sociedad. Hago un llamado a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales de derechos humanos para que acompañen, visibilicen y respalden estas demandas, y contribuyan a crear un entorno seguro para la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin duda, la persecución sistemática, difamaciones, marginación política y social, enjuiciamientos, amenazas contra nuestra integridad física incluso contra la vida, son prácticas de los Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), miseria humana que no nos callarán, porque el pueblo, hombres y mujeres honradas, honestas y trabajadoras, somos más.

Intermedia ecuador