Las organizaciones exigiendo al CNE la entrega inmediata de los formularios para la recolección de firmas.
Este 2 de julio de 2026, líderes de diversas organizaciones sociales detallaron los fundamentos políticos y jurídicos que sustentan el pedido de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto, proceso que ya se encuentra bajo análisis del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La crisis económica y el “uso del miedo” como política de Estado.
Leonidas Iza, presidente de Ecuarunari, sostuvo que el país atraviesa uno de los periodos más críticos de la vida republicana, con indicadores económicos que, según su visión, no reflejan la realidad de la población. Iza denunció que más de 3 millones de ecuatorianos sufren de inseguridad alimentaria, mientras el Gobierno ha profundizado la crisis en los sectores más vulnerables mediante el incremento de los precios de los combustibles.
Asimismo, el dirigente indígena acusó a la administración de Noboa de utilizar los escenarios de violencia y crimen organizado para instalar el miedo de manera premeditada en la ciudadanía, evitando así resolver los problemas estructurales del país.
Según Iza, esta estrategia de control se complementa con una supuesta persecución a líderes sociales, el cierre de cuentas bancarias de organizaciones y el uso de “bots” y ataques racistas en redes sociales para desprestigiar a la oposición.
Plazos legales y cuestionamientos a las pruebas del Ejecutivo
Desde el ámbito jurídico, el abogado Washington Andrade informó que el proceso entró en una etapa decisiva tras concluir el término para que el presidente presente su impugnación. Andrade señaló que el pleno del CNE tiene ahora un plazo de 15 días para resolver, el cual vencería aproximadamente el 10 de julio de 2026.
Un punto de fuerte mención son las denominadas “22 cajas” de descargos presentadas por el Gobierno. Andrade calificó estas pruebas como una posible maniobra de distracción. Sugirió que podrían estar vacías o llenas de “mentiras y hojarasca”, por lo que las organizaciones solicitaron formalmente el acceso a dicho material para verificar su contenido.
El proceso de revocatoria logró aglutinar a diversos sectores. Andrade destacó la unidad de acción entre diferentes agrupaciones, mencionando la presencia y el respaldo de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otros frentes ciudadanos.
ciudadanos.
“A lo mejor presentamos otras solicitudes porque es el derecho legítimo de la autonomía de cada organización, pero estamos unidos por esta causa”, afirmó el jurista.
Las organizaciones finalizaron la comparecencia exigiendo al CNE la entrega inmediata de los formularios para la recolección de firmas, describiendo el proceso no como un favor, sino como un mecanismo necesario para canalizar el “clamor ciudadano” y permitir un desfogue democrático ante la situación actual del país.
Radio Pichincha
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