Aquiles Alvarez enfrenta actualmente tres procesos judiciales. El alcalde de Guayaquil ya fue condenado a tres años de prisión en el caso Grillete, mientras espera la resolución del juicio por el caso Triple A y el avance de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Goleada.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, atraviesa actualmente su momento legal más complejo desde que asumió el cargo, enfrentando simultáneamente tres procesos penales que involucran desde el incumplimiento de medidas cautelares hasta presuntas redes de lavado de activos y tráfico de combustible.
Al momento, el funcionario ya cuenta con una sentencia de tres años de prisión y espera resoluciones en otros dos casos:
Sentencia en el caso Grillete
La noche del 3 de agosto de 2026, Aquiles Alvarez fue sentenciado a tres años de privación de libertad tras ser hallado culpable del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La resolución judicial impone la pena máxima solicitada por la Fiscalía General del Estado en el proceso conocido como el caso Grillete.
El caso se remonta a febrero de 2026, tras un allanamiento liderado por las autoridades en la residencia del burgomaestre en Samborondón. En dicha diligencia, se acusó a Alvarez de no portar el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto en julio de 2025 como una medida alternativa a la prisión preventiva por el caso Triple A.
Durante el juicio, que tuvo su tercera y última jornada este lunes, se presentaron informes técnicos que revelaron que el dispositivo generó más de 2.700 alertas antes de que se iniciaran las investigaciones por su presunta manipulación o retiro. Estas evidencias fueron la justificación para que el Tribunal acogiera el pedido de sanción.
La defensa técnica de Alvarez, integrada por el abogado Julio César Cueva, rechazó la sentencia y cuestionó la legitimidad del proceso. Cueva denunció una supuesta “connotación política” tras el fallo y criticó que existe una “celeridad extraordinaria” por parte de la justicia para tramitar las audiencias y dictar la condena.
Además, durante las audiencias de juicio, los abogados centraron la defensa en dos puntos clave:
- La evidencia de fallas técnicas recurrentes en el dispositivo de vigilancia.
- La imposibilidad de probar una conducta criminal.
De hecho, técnicos, instaladores y supervisores de monitoreo coincidieron ante el Tribunal que el dispositivo asignado al alcalde registraba problemas constantes de cobertura, especialmente cuando este ingresaba a su domicilio.
Deliberación final en el caso Triple A
Tras 17 días de juicio, el proceso penal conocido como caso Triple A entró en su etapa final de deliberación. El Tribunal Penal analiza actualmente las pruebas presentadas por la Fiscalía, que solicitó una condena de seis años y ocho meses de privación de libertad con agravantes contra el alcalde de Guayaquil, a quien señala como autor directo de una presunta red de comercialización ilegal de hidrocarburos.
La teoría del caso sostenida por la Fiscalía apunta a que Alvarez, liderando su conglomerado societario, estructuró un esquema para adquirir combustible subsidiado destinado a los segmentos automotriz y naviero nacional para luego desviarlo y comercializarlo a precios superiores en los ámbitos industrial y naviero internacional.
Según sus versiones, esta red operó bajo la modalidad denominada “cambiazo”, logrando desviar más de USD 22 millones de galones de combustible. Esta actividad habría generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano estimado en más de USD 61.5 millones. Entre las irregularidades detectadas y expuestas durante el juicio, constan:
- El despacho de 64 millones de galones a embarcaciones que carecían de matrícula legal.
- El uso de facturas llenadas con placas vehiculares repetidas miles de veces para intentar justificar las ventas irregulares en las estaciones de servicio.
La causa judicial se originó a partir de una denuncia de Nicole Bermúdez, excoordinadora zonal de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), basada en un informe del SRI que evidenció discrepancias entre los despachos de Petroecuador y la facturación declarada por las empresas vinculadas entre 2022 y 2024. Sin embargo, Bermúdez, hasta el día de esta publicación, no aparece a rendir testimonio.
Por su parte, la defensa de Alvarez rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de un “delito inexistente”. El abogado Ramiro García sostuvo que la Fiscalía cometió un error legal al fundamentar sus cargos en una ley que no corresponde al periodo de los hechos investigados.
Asimismo, los abogados de las empresas involucradas argumentaron que cualquier inconsistencia en la facturación responde estrictamente al ámbito administrativo y regulatorio, y no a una conducta penal.
Junto al alcalde, otras 14 personas y seis empresas están a la espera de la resolución del tribunal. Aunque la Fiscalía ya expuso sus alegatos de clausura fundamentados en pruebas testimoniales, periciales y documentales, el Tribunal Penal aún no ha fijado una fecha para convocar a las partes y dictar la sentencia definitiva. De ser hallado culpable, este fallo se sumaría a la sentencia de tres años ya recibida por Alvarez en el caso Grillete.
Caso Goleada: el entorno familiar de Alvarez
En ese caso se investiga a un círculo cercano al burgomaestre por un complejo entramado empresarial que habría servido para blanquear fondos provenientes del comercio ilegal de combustibles. El proceso, denominado caso Goleada, involucra actualmente a 17 personas y nueve empresas, situándose en la etapa preparatoria de juicio.
La investigación inició formalmente el 11 de febrero de 2026, originalmente bajo la figura de delincuencia organizada, aunque posteriormente los cargos fueron reformulados a lavado de activos. Según la teoría de la Fiscalía, esta estructura se desprende directamente del Caso Triple A y habría utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para desviar recursos y generar ganancias ilícitas aprovechando los subsidios estatales de los hidrocarburos.
La entidad fiscal sostiene que se estructuró un modelo destinado a vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional mediante transacciones sin respaldo y simulación de servicios.
Con base a ello, el entorno más íntimo del burgomaestre es el eje central de este proceso, pues la Fiscalía vinculó a sus hermanos, a su madre y a su esposa. A este grupo se suman dos primos de Alvarez, la contadora de las empresas y el asambleísta Raúl Chávez, quien es señalado como presunto comisionista de las compañías investigadas.
Según las autoridades, los familiares habrían recibido transferencias de acciones y capitales de las firmas ya cuestionadas en el caso de tráfico de combustible.
Ahora, entre los movimientos financieros detectados por los peritos, destacan adquisiciones inmobiliarias y de vehículos de lujo realizadas sin aparente necesidad de financiamiento bancario. Los detalles de la Fiscalía incluyen:
- La madre del alcalde: habría adquirido vehículos por un total de USD 508.000, además de una vivienda valorada en USD 1,2 millones, un terreno y un departamento, actuando en representación de una inmobiliaria.
- La esposa del alcalde: es señalada por la compra de dos departamentos en la Isla Mocolí por más de USD 600 000 y por suscribir la promesa de compra de una gasolinera por USD 4 millones, entregando un anticipo de USD 1 millón en cheque.
- Vínculo deportivo: la red también habría inyectado aproximadamente USD 2 millones al equipo de fútbol Barcelona S.C. a través de diversos préstamos.
La audiencia preparatoria de juicio, que debía instalarse este martes 4 de agosto de 2026, fue aplazada luego de que la defensa de Alvarez solicitara un diferimiento debido a la coincidencia con la diligencia del caso Grillete.
Radio Pichincha
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