El organismo documentó detenciones arbitrarias, discriminación racial, uso ilegítimo de la fuerza, vigilancia y condiciones de reclusión que podrían constituir tortura. La investigación incluyó 154 entrevistas realizadas entre marzo y junio de 2026.
Amnistía Internacional pidió la disolución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de documentar un patrón de presuntas violaciones de derechos humanos durante operaciones migratorias realizadas en Chicago, Minneapolis-Saint Paul, Nueva Orleans y Washington D. C. La investigación analiza operativos desarrollados entre agosto de 2025 y febrero de 2026 y sostiene que los abusos no fueron hechos aislados.
¿Qué documentó Amnistía Internacional sobre el ICE?
El informe, publicado en septiembre de 2026, señala que agentes del ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales incurrieron, según la organización, en discriminación racial, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, represión de protestas, vigilancia ilícita y condiciones de detención crueles o degradantes.
Amnistía investigó las cuatro operaciones entre marzo y junio de 2026 y entrevistó a 154 personas, entre ellas migrantes y sus familiares, abogados, personal de salud y educación, líderes religiosos, organizaciones comunitarias y participantes en protestas. Además, verificó y analizó 29 videos y tres fotografías.
Uno de los principales hallazgos apunta a un supuesto uso sistemático de perfiles raciales para seleccionar a personas que serían interrogadas o detenidas. El informe sostiene que agentes se basaban en características como el color de piel, origen nacional, idioma, acento, profesión o lugar de trabajo.
Siete personas fueron blanco de fuerza letal
El documento registra el uso de fuerza letal contra siete personas durante las operaciones analizadas. Amnistía considera ilegítimos los disparos contra Marimar Martínez, Silverio Villegas González, Julio César Sosa-Celis, Renee Good, Alex Pretti, Philip Brown y Justin Bryant Nelson.
La organización sostiene además que las muertes de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, por lo que pide investigaciones independientes.
El informe también denuncia el empleo de gas lacrimógeno, gas pimienta y otras sustancias químicas contra participantes en protestas y personas que observaban los operativos.
Detenciones, vigilancia y condiciones de reclusión
Otro de los puntos señalados es el uso de tecnología de reconocimiento facial y otras formas de vigilancia contra personas consideradas migrantes, manifestantes y miembros de redes de ayuda comunitaria. Amnistía considera que estas prácticas vulneran derechos como la privacidad y la igualdad.
En los centros de detención analizados en Chicago, Minneapolis-Saint Paul y Washington D. C., la organización encontró hacinamiento, condiciones insalubres, falta de atención médica y obstáculos para acceder a representación legal.
El informe señala además que algunas personas permanecieron detenidas durante períodos superiores a las 72 horas establecidas por el propio ICE para esos centros de procesamiento.
Amnistía sostiene que, en algunos casos, el ICE se negó a confirmar si determinadas personas estaban bajo custodia o a informar sobre su paradero, situaciones que la organización considera posibles casos de detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada.
Amnistía pide disolver el ICE
A partir de sus hallazgos, Amnistía Internacional concluye que los problemas identificados no podrían resolverse únicamente con capacitación, cambios de protocolos o sanciones individuales.
La organización plantea el desmantelamiento institucional del ICE como un paso necesario para modificar el sistema migratorio estadounidense.
Entre sus recomendaciones está disolver el ICE, retirar temporalmente su financiación mientras se concreta ese proceso, investigar los casos de uso excesivo de la fuerza y garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El informe también recomienda terminar con la detención masiva de migrantes, reforzar las garantías del debido proceso y proteger a niños, familias y personas embarazadas frente a las operaciones de control migratorio.
El impacto llegó a comunidades enteras
La investigación sostiene que las operaciones no afectaron únicamente a quienes fueron detenidos. En las cuatro zonas estudiadas, el temor llevó a algunas personas a dejar de trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, acudir a citas médicas, asistir a lugares de culto o presentarse a procesos judiciales migratorios.
Al mismo tiempo, comunidades locales crearon redes de respuesta rápida, líneas de emergencia, patrullas vecinales, capacitaciones sobre derechos, sistemas de alerta y mecanismos de asistencia legal y material para las familias afectadas.
Radio Pichincha
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