Médicos y pacientes cuestionan la falta de transparencia sobre la disponibilidad de medicamentos, pues las cifras difundidas por las autoridades no cuentan con respaldos documentales y contrastan con la realidad que se vive en hospitales públicos.
Las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, y del presidente de la República, Daniel Noboa, generaron indignación entre pacientes y profesionales de la salud, quienes cuestionan que se les pretenda endosar la responsabilidad por la crisis sanitaria y el desabastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud públicos.
La doctora e integrante del colectivo Reacciona Ecuador, Verónica Chávez, calificó de vergonzoso que se señale a los propios pacientes como responsables de la falta de medicamentos, bajo el argumento de que estarían vendiendo los fármacos que reciben del sistema público.
Chávez cuestionó que si fuese como señaló el ministro Aveiga, en una entrevista, cómo es que no se han iniciado procesos judiciales. Además, sostuvo que una situación de esa magnitud implicaría que al menos uno de cada dos pacientes estaría vendiendo su medicación.
“Esto es absurdo”, señaló Chávez en una entrevista con Radio Pichincha.
La médica agregó que una situación de este tipo también evidenciaría las condiciones de precariedad en las que viven muchas familias por la crisis económica del país, a tal punto que las personas se vean obligadas a elegir entre vivir, tomándose su medicamento, o garantizar las necesidades básicas como la alimentación de sus hijos.
Con este planteamiento coincidió el médico genetista César Paz y Miño, quien, en una editorial, sostuvo que si una persona llegara a sacrificar su tratamiento para obtener dinero, esto evidenciaría una situación extrema de desprotección social.
“Cambiar alimentos por medicinas vitales significa una desprotección social tenaz. Convertirla en argumento contra el conjunto de enfermos sería profundamente injusto”, subrayó Paz y Miño.
Paz y Miño sostuvo que el Gobierno tiene la obligación de presentar pruebas cuando realiza denuncias a través de los medios de comunicación. Añadió que ninguna familia debería verse obligada a demostrar su inocencia para reclamar el medicamento que necesita.
“Defender a los médicos implica proteger el criterio clínico responsable y permitir que documenten las carencias sin temor. Defender a los pacientes implica escucharlos, respetarlos y garantizar atención sin sospechas colectivas”, reiteró.
Víctor Álvarez, coordinador del Observatorio Médico Provincial de Pichincha, consideró que este tipo de afirmaciones por parte del Gobierno responden a una estrategia para endosar la crisis sanitaria a los pacientes y profesionales de la salud.
Según Álvarez, estas acusaciones afectan especialmente a los pacientes que, ante la falta de acceso a sus tratamientos, se ven obligados a recurrir a deudas, rifas o comidas solidarias. En otros casos, dijo, ni siquiera esas alternativas son suficientes para cubrir el costo de los fármacos, por lo que las personas deben afrontar fuertes dolores o incluso esperar a que su enfermedad avance despiadadamente.
¿Los médicos quieren perjudicar al Gobierno?
Verónica Chávez indicó que los médicos no tienen un abanico de opciones para recetar medicación como para asegurar que la intención de los profesionales es fregar al Gobierno, sugiriendo fármacos que no existen en la red de salud pública.
“La receta se hace en términos de disponibilidad y ajuste de necesidades terapéuticas. Muchas veces se receta la segunda opción y no la ideal porque no está en el cuadro, y esto puede o no funcionar (…) y cuando no hay la segunda opción, se receta la tercera, con menor efecto terapéutico. En general, los médicos recetamos lo que existe en el stock”, explicó.
Chávez señaló que cada paciente tiene características particulares y distintas patologías, por lo que el tratamiento debe ajustarse a sus necesidades. Sin embargo, sostuvo que muchos de los medicamentos requeridos no están disponibles en hospitales y centros de salud públicos.
Álvarez, por su parte, subrayó que los médicos prescriben medicamentos de acuerdo con un diagnóstico sustentado en evidencia científica y conforme con normas y protocolos internacionales establecidos para cada tratamiento. Para ello, dijo, también se consideran factores como la edad, el sexo y las condiciones particulares de cada paciente.
“Rechazamos las declaraciones del presidente. El Gobierno debe pasar de los discursos a la acción, a los hechos y a los resultados”, manifestó.
El coordinador del Observatorio Médico Provincial de Pichincha también cuestionó las prioridades del régimen. Señaló que, en poco más de dos años, han pasado ocho ministros por la cartera de Salud y que, además, se han realizado ofrecimientos que no se han concretado.
Entre ellos mencionó el anuncio sobre la compra de medicamentos a la India, realizado en mayo de este año y que hasta el 23 de septiembre de 2026 no se concreta.
“Nosotros somos personal operativo, no tenemos ningún tipo de acción dentro de los procesos de contratación de medicamentos”, remarcó.
Médicos cuestionan las cifras de abastecimiento
Verónica Chávez recordó que entre febrero y marzo de este año el stock de medicamentos bordeaba el 34% y 38%, respectivamente, según un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Para mayo, en cambio, se reportó un abastecimiento de entre el 34% y el 40% para medicamentos esenciales y vitales, mientras que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) llegaba al 56%.
“El ministro Aveiga dijo en agosto que el abastecimiento bordeaba el 55 %, pero es un dato que no ha podido ser respaldado con documentos y que se contradice con las declaraciones del presidente, semanas después, cuando habló del 65 %”, señaló la integrante de Reacciona Ecuador.
Chávez también recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el nivel ideal de abastecimiento debe ubicarse en torno al 80%.
Álvarez citó el último ofrecimiento del Gobierno, según el cual el abastecimiento llegaría al 70% a finales de septiembre, al 80% en octubre y al 90% en noviembre. Sin embargo, puso en duda que estas metas puedan cumplirse si no existe una gestión efectiva y un compromiso para solucionar el problema.
“Que la salud sea una prioridad en la política de Estado, si no, la crisis seguirá”, señaló el coordinador del Observatorio Médico Provincial de Pichincha.
“Sin datos no se pueden evaluar las políticas”
El genetista César Paz y Miño afirmó que los datos relacionados con la salud no son públicos y cuestionó que se invoque la confidencialidad para limitar su acceso.
A su criterio, sin información disponible no es posible evaluar las políticas implementadas, realizar una autocrítica ni planificar adecuadamente las políticas públicas.
“Si las autoridades no cuentan con las cifras, ¿cómo ordenan planes?”, cuestionó.
Gabriel Orihuela, presidente de la Fundación Pacientes Ecuador, también cuestionó la falta de transparencia en las cifras sobre el abastecimiento de medicamentos.
Según Orihuela, actualmente los pacientes no tienen una herramienta que les permita conocer de manera clara si los hospitales cuentan o no con los medicamentos que necesitan.
Esto, afirmó, ha convertido el acceso a los tratamientos en un gasto de bolsillo que no se limita a la compra de medicamentos. Las familias también deben asumir costos de traslado entre ciudades, alimentación y alojamiento fuera de sus hogares y, pese a ello, en algunos casos ni siquiera consiguen una cita médica en menos de 90 días.
“Una declaración no significa nada. Que el ministro diga que tienen un abastecimiento del 50 % no dice nada si en los hospitales no hay nada (…) Llevamos tantos años de promesas que es muy difícil creer en lo que dice el Gobierno. Necesitamos datos publicados en el portal del MSP y ahí ver qué llegó, cómo se distribuyó, cuánto hay, en qué hospitales está y cuánto va a durar”, señaló Orihuela en una entrevista con Ecuavisa
Radio Pichincha
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