El analista político Aquiles Hervas Parra cuestionó en el programa Mañana Xpress de Intermedia Ecuador la estrategia estatal frente a la inseguridad, alertó sobre el deterioro de la institucionalidad y sostuvo que Ecuador enfrenta un escenario en el que corrupción, violencia, temor ciudadano y debilitamiento de los controles públicos se entrelazan.
Seguridad: “No podemos pensar que nuestros problemas se van a resolver a través de una guerra”
Durante su intervención en Mañana Xpress de Intermedia Ecuador, el analista político Aquiles Hervas Parra planteó una reflexión crítica sobre la respuesta que Ecuador está dando al avance del crimen organizado.
Para Hervas, uno de los principales riesgos del actual escenario es que el miedo provocado por la inseguridad termine llevando a la sociedad a aceptar como única respuesta las alternativas de carácter bélico.
“El concepto que la sociedad ecuatoriana tiene que pensar críticamente es que nuestros problemas graves y complicados se van a resolver a través de una guerra”, sostuvo.
El analista reconoció que el miedo ciudadano frente a los asesinatos, extorsiones y acciones del crimen organizado es comprensible. Sin embargo, advirtió que ese temor también puede convertirse en un elemento que facilite la aceptación de políticas basadas exclusivamente en el uso de la fuerza.
A su criterio, la discusión no debería limitarse a determinar si el Estado debe utilizar la fuerza contra las organizaciones criminales, sino a evaluar si las estrategias implementadas están consiguiendo realmente reducir la violencia y fortalecer las instituciones encargadas de combatirla.
En ese contexto, Hervas formuló una pregunta que atravesó buena parte de su intervención: ¿está funcionando la estrategia aplicada para frenar al crimen organizado?
Su respuesta fue crítica. Según el analista, el problema no solamente estaría relacionado con la capacidad de los grupos delincuenciales, sino también con el debilitamiento de instituciones encargadas de garantizar seguridad, justicia y control.
Soberanía: más allá de la presencia extranjera
Otro de los principales temas abordados fue la soberanía nacional, especialmente frente a la cooperación y participación de Estados Unidos en materia de seguridad.
Hervas sostuvo que el concepto de soberanía no debería reducirse exclusivamente a la presencia o ausencia de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano.
En su interpretación, la soberanía también implica que el Estado tenga capacidad efectiva para gobernarse, administrar sus instituciones y garantizar derechos.
“¿Para qué tenemos un ejército? ¿Para qué tenemos una policía? ¿Para qué tenemos un sistema de justicia?”, preguntó durante la entrevista, al señalar que las instituciones deben cumplir una misión pública y responder a las necesidades de la ciudadanía.
Para el analista, una institución pública no cumple su función únicamente por existir formalmente. Su legitimidad también dependería de su capacidad para garantizar seguridad, justicia, salud, educación y otros derechos.
Desde esa perspectiva, sostuvo que la pérdida de soberanía también puede manifestarse cuando una persona no encuentra medicamentos en un hospital, cuando una familia no puede acceder a educación superior o cuando un ciudadano queda expuesto a la extorsión sin una respuesta efectiva del Estado.
“Eso es que se te vaya el país”, afirmó, al trasladar la discusión sobre soberanía desde el terreno estrictamente geopolítico hacia la vida cotidiana de los ciudadanos.
El miedo como herramienta de control social
Uno de los conceptos más reiterados por Hervas durante la entrevista fue el miedo.
El analista diferenció entre sentir miedo —algo que considera normal frente a la violencia y la inseguridad— y permitir que ese miedo se transforme en una forma permanente de relación social.
“Lo que no puede pasar es que el miedo se instale como sistema de relación social, como sistema de gobierno”, manifestó.
A partir de esa premisa, cuestionó lo que considera una tendencia ciudadana a guardar silencio por temor a posibles consecuencias.
Hervas sostuvo que la sociedad puede perder progresivamente espacios de participación si los ciudadanos dejan de expresar sus opiniones, denunciar problemas o exigir respuestas al poder público.
Por ello, planteó que las redes sociales y las nuevas tecnologías constituyen herramientas para que la ciudadanía pueda expresar sus preocupaciones y ejercer vigilancia sobre las autoridades.
Su llamado, sin embargo, estuvo acompañado de una condición: que esa participación se produzca de manera respetuosa, pacífica y con pensamiento crítico.
Corrupción: Progen y Dedalus entran en el debate
La entrevista también abordó los cuestionamientos relacionados con contrataciones públicas, particularmente los casos Progen y Dedalus.
Sobre Progen, Hervas sostuvo que el caso representa un ejemplo de cómo determinadas decisiones estatales pueden generar consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.
El caso tiene antecedentes documentados. La Asamblea Nacional fiscalizó los contratos suscritos entre CELEC EP y Progen para proyectos de generación eléctrica. Uno de esos contratos, correspondiente a El Salitral, tuvo un monto de USD 99,4 millones sin IVA, mientras que los dos contratos de Progen para Salitral y Quevedo sumaron USD 149,1 millones.
Investigaciones posteriores también han señalado cuestionamientos sobre pagos y cumplimiento contractual. En agosto de 2026, una investigación periodística basada en documentos del caso Apagón reportó que Progen recibió USD 104,4 millones sin haber generado un megavatio en los proyectos cuestionados. Estos hechos forman parte de investigaciones y procesos institucionales, por lo que las responsabilidades individuales deben ser determinadas por las autoridades competentes.
Hervas utilizó este caso para plantear una discusión más amplia sobre los controles al uso de recursos públicos.
A su criterio, el problema no solamente estaría en cuánto dinero se pierde, sino en qué oportunidades de inversión pública se dejan de ejecutar cuando los recursos estatales son utilizados de manera ineficiente o irregular.
En el caso Dedalus, el contexto también merece precisión. El Ministerio de Salud adjudicó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones un proyecto de plataforma nacional de gestión hospitalaria por USD 240 millones y siete años de ejecución. Dentro de ese esquema, Dedalus participa como empresa tecnológica subcontratada por CNT por aproximadamente USD 117 millones.
Hervas cuestionó este tipo de decisiones dentro de un escenario en el que, según su interpretación, existen importantes necesidades insatisfechas en el sistema público.
“La impunidad se demora mucho en caer”
Otro de los planteamientos centrales del analista fue que la impunidad no necesariamente significa que quienes participan en actos de corrupción nunca enfrenten consecuencias.
Hervas sostuvo que, históricamente, investigaciones y procesos terminan alcanzando a funcionarios y actores involucrados, aunque cuestionó el tiempo que puede transcurrir antes de que eso ocurra.
El problema, explicó, es que mientras las responsabilidades se determinan, las consecuencias económicas y sociales ya pueden haber afectado a la población.
Su preocupación se concentra, por tanto, no únicamente en la sanción posterior, sino en la necesidad de establecer controles que permitan prevenir el uso irregular de recursos públicos.
Justicia e instituciones bajo cuestionamiento
Hervas también se refirió al funcionamiento de la justicia y cuestionó la independencia de determinadas instituciones.
Durante la entrevista mencionó filtraciones y audios atribuidos a funcionarios judiciales como ejemplos de un deterioro institucional que, desde su perspectiva, debería generar preocupación pública.
En este punto, sus expresiones corresponden a su interpretación política del escenario nacional y no deben entenderse como una conclusión judicial sobre las instituciones o sobre las personas involucradas.
Su planteamiento central fue que una democracia no puede sostenerse únicamente sobre la existencia formal de elecciones. También requiere instituciones independientes, controles efectivos y ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas.
Elecciones seccionales: el debate sobre el poder local
La conversación llegó posteriormente al proceso electoral que se aproxima.
El Consejo Nacional Electoral estableció que las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2027 —correspondientes al proceso electoral convocado para el 29 de noviembre de 2026— definirán prefecturas, alcaldías, concejalías, vocalías de juntas parroquiales y representantes del CPCCS. El CNE informó que se elegirán 5.749 autoridades principales.
Para Hervas, estos comicios no deben ser considerados secundarios frente a la política nacional.
El analista puso como ejemplos temas cotidianos como la recolección de basura, el agua potable, la vialidad y el transporte público, competencias que tienen relación directa con los gobiernos autónomos descentralizados.
“Los gobiernos seccionales que se vienen determinan cosas hiperimportantes para nuestra vida”, señaló.
El argumento central es que la política local tiene efectos concretos sobre la vida diaria de los ciudadanos y que, por esa razón, el electorado debería analizar cuidadosamente a quienes aspiren a ocupar las distintas dignidades.
El CNE ya ha avanzado en la organización del proceso. En septiembre de 2026 informó que fueron seleccionados 288.949 miembros de las juntas receptoras del voto para los comicios.
Cuestionamientos al sistema electoral
Hervas también expresó fuertes cuestionamientos respecto de la confianza que le genera el sistema electoral y particularmente el papel del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral.
En la entrevista utilizó expresiones severas para describir su percepción sobre ambas instituciones y sostuvo que, desde su perspectiva, existen dudas sobre su independencia.
Estas afirmaciones corresponden a la valoración del entrevistado y no constituyen una conclusión de Intermedia Ecuador sobre la actuación del CNE o del TCE.
Precisamente por tratarse de instituciones responsables de organizar, administrar y resolver controversias electorales, cualquier señalamiento sobre su actuación debe contrastarse con resoluciones, expedientes y decisiones oficiales.
El debate adquiere especial relevancia porque el proceso electoral ya está en marcha y el CNE ha avanzado en la conformación de las Juntas Provinciales Electorales y en distintas actividades del calendario electoral.
Votar, pero también vigilar al poder
Aunque Hervas fue crítico con el funcionamiento de algunas instituciones, también defendió la importancia del voto como herramienta democrática.
Su argumento fue que las elecciones representan una parte fundamental de la democracia, pero no constituyen su única expresión.
En su opinión, la democracia también se ejerce mediante participación ciudadana, vigilancia, libertad de expresión y capacidad de exigir respuestas a las autoridades.
“La democracia directa” y “la democracia participativa”, explicó, adquieren nuevas posibilidades a través de las tecnologías de la información y las redes sociales.
La idea que dejó planteada durante la entrevista es que la ciudadanía no debería limitar su participación al momento de acudir a las urnas, sino mantener una relación permanente de vigilancia y exigencia frente al poder público.
El desafío: evitar que el miedo sustituya a la democracia
La intervención de Aquiles Hervas Parra en Mañana Xpress dejó una advertencia transversal: el principal riesgo para Ecuador, desde su perspectiva, no estaría únicamente en el avance del crimen organizado, sino en que la respuesta institucional y social frente a ese fenómeno termine debilitando derechos, controles y espacios democráticos.
Su planteamiento vincula cuatro fenómenos que, a su juicio, deben analizarse conjuntamente: inseguridad, miedo, corrupción y debilitamiento institucional.
Hervas insistió en que la ciudadanía no debería asumir como normal la violencia, la corrupción ni la pérdida progresiva de confianza en las instituciones.
Su llamado final fue a mantener la participación ciudadana y utilizar las herramientas democráticas disponibles para expresar inconformidad, exigir resultados y vigilar a quienes ejercen el poder.
En un Ecuador que se aproxima a una nueva jornada electoral local, el debate planteado por el analista coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo recuperar la capacidad de las instituciones para responder a los problemas cotidianos sin que la inseguridad y el miedo terminen condicionando la vida democrática del país?
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