La Corte Constitucional determinó que el tratado suscrito entre Ecuador y Estados Unidos requiere aprobación legislativa. La decisión abre una nueva etapa de análisis político y económico sobre los compromisos que asumirá el país.
El acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos deberá pasar obligatoriamente por la Asamblea Nacional antes de su ratificación. Así lo determinó la Corte Constitucional mediante el dictamen 1-26-TI/26, publicado el viernes 16 de octubre de 2026, al establecer que el instrumento internacional requiere aprobación legislativa, de conformidad con los numerales 3 y 6 del artículo 419 de la Constitución de la República.
El tratado, suscrito en Washington en marzo de 2026, establece compromisos comerciales entre ambos países. Con este pronunciamiento, la Corte determina que el presidente Daniel Noboa no podrá ratificarlo directamente sin que se cumpla el procedimiento constitucional correspondiente.
Ahora, la Asamblea Nacional deberá conocer y pronunciarse sobre la aprobación del acuerdo, en un proceso que pondrá sobre la mesa las implicaciones económicas, comerciales y políticas de los compromisos adquiridos por Ecuador.
La decisión no significa que el acuerdo haya sido rechazado. Se trata de una disposición sobre el procedimiento constitucional que debe seguirse antes de su ratificación. El debate legislativo será determinante para examinar el alcance del tratado y las obligaciones que podría asumir el Estado ecuatoriano.
Exportadores y productores, atentos al debate
El proceso genera especial interés en sectores como el camaronero, pesquero, agrícola e industrial, cuyas actividades mantienen vínculos comerciales con el mercado estadounidense.
Para estos sectores, el acuerdo podría representar oportunidades comerciales, pero sus efectos dependerán de las condiciones negociadas, las disposiciones específicas del tratado y su implementación.
En este escenario, una de las principales interrogantes será determinar qué beneficios concretos recibirán los productores ecuatorianos, qué obligaciones asumirá el país y cómo se protegerán los intereses de los distintos sectores productivos.
El desafío: transparencia y evaluación de los compromisos
Más allá de la aprobación legislativa, el debate plantea la necesidad de que los alcances del acuerdo sean examinados con transparencia, información técnica y participación de los sectores involucrados.
La Asamblea Nacional tendrá la responsabilidad de analizar las disposiciones del instrumento internacional y evaluar sus posibles repercusiones para la producción nacional, el empleo, las exportaciones y la competitividad del Ecuador.
La discusión no se limitará a aprobar o no un tratado comercial: también estará en juego la forma en que Ecuador define sus relaciones económicas con Estados Unidos y las condiciones bajo las cuales busca ampliar el acceso de sus productos a ese mercado.
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