El docente e investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo planteó cuestionamientos sobre la pertinencia de la investigación académica, la meritocracia, la transparencia institucional y la politización de las universidades. También defendió la interculturalidad y la recuperación de los saberes ancestrales como elementos fundamentales para el desarrollo del Ecuador.
RIOBAMBA | INTERMEDIA ECUADOR. — ¿De qué sirve producir investigaciones científicas, ocupar posiciones en rankings académicos y organizar congresos si sus resultados no se traducen en soluciones para los problemas de la sociedad? Esta fue una de las principales interrogantes planteadas por el Dr. Carlos Herrera, docente e investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), durante una entrevista en el programa Mañana Xpress, de Intermedia Ecuador.
A lo largo de la conversación, Herrera expuso una visión crítica sobre el papel de las instituciones de educación superior, la administración pública y la política ecuatoriana. Su intervención puso sobre la mesa un debate que trasciende las aulas universitarias: la necesidad de evaluar a las instituciones no solamente por sus indicadores, sino también por su capacidad de generar cambios concretos en la vida de la población.
El académico abordó, además, la importancia de recuperar los valores comunitarios de los pueblos originarios, cuestionó prácticas que considera contrarias a la ética pública y expresó sus expectativas frente a la nueva administración de la Universidad Nacional de Chimborazo.
Investigación universitaria: entre las publicaciones y las soluciones reales
Uno de los momentos centrales de la entrevista se produjo cuando Herrera cuestionó la relación entre la producción científica de las universidades de Riobamba y las necesidades sociales de la provincia de Chimborazo.
El investigador señaló que las instituciones de educación superior deben demostrar de qué manera sus proyectos de investigación y vinculación con la sociedad contribuyen a resolver problemas concretos de sus territorios.
Para sustentar su cuestionamiento, mencionó tres ámbitos que considera prioritarios: la contaminación ambiental, el analfabetismo y la desnutrición infantil.
En materia ambiental, se refirió a la existencia de carreras y facultades relacionadas con la ingeniería ambiental en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y la UNACH, mientras persisten graves preocupaciones por la contaminación de los ríos.
En educación, contrastó la formación de profesionales en ciencias de la educación con los desafíos que enfrenta Chimborazo en materia de alfabetización. Asimismo, relacionó la preparación de profesionales de la salud con la necesidad de combatir la desnutrición infantil.
A partir de estos ejemplos, planteó una pregunta dirigida a la comunidad académica: ¿dónde están los resultados de los proyectos de investigación y vinculación?
Sus declaraciones no constituyen, por sí solas, una evaluación técnica de todas las investigaciones desarrolladas por las universidades ni una demostración de que estas carezcan de impacto. Sin embargo, abren una discusión relevante sobre la necesidad de identificar proyectos, medir sus resultados y establecer cuánto han contribuido a modificar las condiciones de vida de las comunidades.
La pertinencia como medida de la excelencia académica
Herrera sostuvo que ocupar una posición destacada en un ranking universitario no necesariamente significa que la institución esté resolviendo los principales problemas de su entorno.
A su criterio, es necesario diferenciar entre la producción científica, los indicadores de reconocimiento académico y la pertinencia social de las investigaciones.
El docente cuestionó que determinados trabajos puedan realizarse principalmente para cumplir requisitos de ascenso profesional, completar horas de investigación o satisfacer indicadores institucionales, sin que exista una aplicación concreta de sus resultados.
En este contexto, defendió una evaluación que incorpore evidencias sobre la contribución de las investigaciones y los proyectos de vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las prioridades nacionales y las necesidades específicas de Chimborazo.
La discusión también alcanza a los procesos de rendición de cuentas. Para el investigador, no basta con informar sobre el número de proyectos ejecutados, publicaciones realizadas, concursos ganados o actividades desarrolladas. Las autoridades deben explicar cuáles fueron los resultados, qué problemas se resolvieron y qué beneficios recibió la sociedad.
El planteamiento deja una cuestión de fondo para la academia: ¿cómo demostrar que la investigación universitaria está transformando la realidad de los territorios y no se limita a cumplir indicadores administrativos?
Universidades y política: el debate sobre la autonomía académica
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la relación entre la política partidista y la gestión de las instituciones de educación superior.
Herrera manifestó su preocupación por lo que considera una creciente politización de los espacios universitarios. A su juicio, las universidades deben ser escenarios de debate intelectual, investigación, pensamiento crítico y formulación de propuestas para atender las necesidades sociales, antes que espacios sujetos a intereses electorales.
El docente defendió la existencia de una política universitaria entendida como deliberación académica, participación democrática y construcción colectiva de soluciones. Sin embargo, cuestionó las prácticas que, según su percepción, subordinan las decisiones institucionales a acuerdos partidistas o compromisos políticos.
Durante la conversación también se discutió la capacidad de docentes, estudiantes y autoridades para ejercer el pensamiento crítico frente a las decisiones gubernamentales y universitarias.
Herrera sostuvo que la universidad debe conservar su función de analizar la realidad, investigar los problemas del país y promover el debate sin que las diferencias de criterio se conviertan en motivo de exclusión.
Estas reflexiones adquieren especial relevancia cuando se discuten la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y la participación de la comunidad académica en las decisiones institucionales.
Meritocracia y concursos: cuestionamientos que requieren respuestas documentadas
La transparencia en los procesos de selección de personal constituyó otro de los puntos más sensibles de la entrevista.
Herrera cuestionó los mecanismos de contratación y designación de autoridades en el sector público y en las universidades. Durante su intervención, afirmó que existirían casos en los que las relaciones personales o los compromisos políticos tendrían mayor peso que los méritos profesionales.
El investigador también señaló que dispone de informes de la Contraloría General del Estado correspondientes a 2019 y 2023 que, según explicó, contendrían observaciones relacionadas con contratos y nombramientos en los que presuntamente no se habrían cumplido determinados perfiles profesionales o requisitos.
Además, mencionó acciones de protección presentadas por participantes en concursos de méritos y oposición, que, según su interpretación, evidenciarían cuestionamientos sobre esos procedimientos.
Estas afirmaciones deben ser contrastadas con los informes originales, las resoluciones correspondientes, los expedientes de los concursos y las respuestas de las instituciones involucradas. La existencia de observaciones administrativas o de acciones judiciales no demuestra automáticamente la comisión de un delito ni permite atribuir responsabilidades sin una determinación debidamente sustentada.
El planteamiento, sin embargo, coloca en el centro del debate la necesidad de garantizar procesos de selección transparentes, verificables y abiertos a la competencia profesional.
Para la ciudadanía, la pregunta es fundamental: ¿qué mecanismos permiten comprobar que quienes acceden a cargos públicos y académicos cumplen los requisitos establecidos y fueron seleccionados en condiciones de igualdad?
Presunto nepotismo y control institucional: un tema pendiente de contrastación
Durante la entrevista, Herrera hizo referencia a supuestas prácticas de nepotismo, tráfico de influencias y contratación de personas que, según sus declaraciones, no cumplirían los perfiles requeridos en determinadas instituciones públicas y universitarias.
El académico cuestionó también la capacidad de los organismos de control para investigar y dar seguimiento a este tipo de denuncias.
Se trata de señalamientos graves que, para convertirse en conclusiones periodísticas sobre responsabilidades concretas, requieren documentación verificable. Es necesario examinar los informes mencionados por el entrevistado, identificar los procedimientos administrativos correspondientes y conocer las versiones de las autoridades y de las personas eventualmente involucradas.
La discusión no se limita a la contratación de familiares. También comprende la aplicación de las normas sobre conflictos de intereses, las obligaciones de quienes intervienen en decisiones de personal y la responsabilidad de los órganos encargados de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
La transparencia institucional exige que las denuncias sean investigadas con independencia, que las decisiones se sustenten en pruebas y que se respeten las garantías de todas las personas involucradas.
Ética pública y crisis de confianza en la política
La entrevista también se extendió al funcionamiento de la política ecuatoriana y a la relación entre los principios éticos y el ejercicio de los cargos públicos.
Herrera cuestionó los costos que, según su apreciación, implica participar en determinadas campañas electorales. Durante la conversación mencionó cifras de 300.000 dólares para una candidatura a una alcaldía y 500.000 dólares para una prefectura.
Esas cantidades corresponden a estimaciones expresadas por el entrevistado y no deben interpretarse como costos oficiales o generales de todas las candidaturas. Para determinar el alcance real del financiamiento electoral sería necesario contrastarlas con información sobre ingresos, gastos declarados, aportes y mecanismos de fiscalización.
A partir de esta preocupación, el docente advirtió sobre el riesgo de que el acceso a cargos públicos se perciba como una inversión que posteriormente debe recuperarse mediante el ejercicio del poder.
Frente a esa posibilidad, defendió una concepción del servicio público basada en la honestidad, la responsabilidad, la transparencia y la vocación de servicio.
En su intervención, sostuvo que la formación ética comienza en la familia y se fortalece en la escuela, el colegio y la universidad. Desde esa perspectiva, consideró que la recuperación de los valores ciudadanos constituye una condición necesaria para enfrentar la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones.
El planteamiento abre una discusión sobre los controles al financiamiento electoral, la transparencia de la gestión pública y los mecanismos que permiten prevenir conflictos de intereses y posibles actos de corrupción.
Interculturalidad y saberes ancestrales: recuperar la identidad comunitaria
Más allá de sus cuestionamientos políticos e institucionales, Herrera dedicó una parte importante de la entrevista a defender la interculturalidad, la diversidad cultural y la recuperación de las prácticas de los pueblos originarios.
El académico cuestionó el uso tradicional de expresiones como «Día de la Raza» y sostuvo que las conmemoraciones históricas deben dar paso a una reflexión sobre la diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Desde su perspectiva, la interculturalidad implica una relación entre culturas basada en el respeto a las costumbres, las tradiciones, las formas de organización y las prácticas comunitarias.
También destacó la convivencia armónica entre las personas y la naturaleza como parte de los principios que atribuye a las formas de vida ancestrales.
Durante la conversación, mencionó prácticas comunitarias como la minga, el trabajo colaborativo y el intercambio de productos para alcanzar objetivos comunes. Para Herrera, estos mecanismos reflejan una concepción comunitaria de la organización social que merece ser estudiada y fortalecida.
El investigador explicó que trabaja en un artículo científico sobre el modelo socioeconómico de los pueblos de Abya Yala y sostuvo que las experiencias ancestrales no deberían analizarse exclusivamente mediante categorías políticas o económicas importadas, sino también desde sus propias formas de organización y cooperación.
Asimismo, destacó la importancia de preservar expresiones culturales vinculadas a la memoria de los difuntos, las celebraciones comunitarias y las tradiciones gastronómicas.
En ese marco, defendió el estudio de los saberes ancestrales como una tarea que involucra tanto a las comunidades como a las universidades, particularmente a través de proyectos de investigación y vinculación con la sociedad.
Democracia comunitaria y participación de las mujeres
Otro de los antecedentes expuestos por Herrera fue el trabajo investigativo desarrollado desde la carrera de Derecho de la UNACH sobre la participación de las mujeres en la democracia comunitaria.
El docente recordó que, desde 2013, se impulsaron proyectos relacionados con la aplicación de la justicia indígena en adolescentes infractores y, posteriormente, con las formas de participación y elección de autoridades en comunidades indígenas.
Durante la entrevista mencionó al pueblo de Cacha como ejemplo de organización comunitaria y describió un mecanismo en el que las comunidades designan a sus representantes.
A partir de esa experiencia, cuestionó las limitaciones de los modelos tradicionales de participación política y planteó la necesidad de estudiar las formas de organización de los pueblos originarios.
El tema merece atención porque permite examinar cómo conviven los mecanismos de democracia comunitaria con las estructuras electorales del Estado, así como las oportunidades y desafíos que presentan para ampliar la participación ciudadana.
La investigación sobre estas experiencias también puede contribuir a comprender el papel de las mujeres en los procesos de decisión y la importancia de reconocer la diversidad de prácticas organizativas existentes en el país.
Libertad de pensamiento y garantías para la docencia
Durante el diálogo en Mañana Xpress, Herrera expresó su solidaridad con un docente de la Universidad de Cuenca al que se hizo referencia en la conversación y cuestionó las acciones que, a su criterio, podrían afectar la libertad de cátedra y el pensamiento crítico dentro de las instituciones de educación superior.
El académico sostuvo que la labor docente exige analizar los problemas sociales, promover la investigación y estimular la reflexión de los estudiantes sobre la realidad nacional.
También manifestó su preocupación por las posibles consecuencias laborales o personales que podrían enfrentar quienes expresan posiciones críticas frente a determinadas autoridades.
En este punto, resulta necesario distinguir entre las opiniones formuladas durante la entrevista y los hechos específicos relacionados con el caso mencionado. Para establecer si existieron vulneraciones de derechos, corresponde revisar las actuaciones administrativas, los argumentos de las partes y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.
La cuestión de fondo es la importancia de garantizar espacios académicos donde las discrepancias puedan expresarse con responsabilidad y sin represalias ilegítimas, dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos de todas las personas.
Independencia de poderes y actuación de las instituciones
El funcionamiento de las instituciones del Estado también formó parte de las críticas expresadas por el investigador.
Herrera cuestionó la independencia de los poderes públicos y manifestó su desacuerdo con actuaciones gubernamentales que, según su interpretación, evidenciarían tensiones entre el Ejecutivo y otros organismos estatales.
En particular, se refirió a resoluciones de la Corte Constitucional relacionadas con asuntos como las bases militares y la entrega de medicamentos a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
El docente consideró que determinados incumplimientos deberían motivar una respuesta de las instituciones competentes y cuestionó la falta de actuaciones que, desde su perspectiva, serían necesarias para garantizar el cumplimiento de las decisiones constitucionales.
Estos señalamientos requieren un análisis jurídico de cada resolución, sus disposiciones concretas, los plazos aplicables y las actuaciones posteriores de las autoridades involucradas. No es posible concluir la existencia de desacato ni establecer consecuencias jurídicas únicamente a partir de las declaraciones realizadas en una entrevista.
En términos institucionales, el debate remite a la obligación de las autoridades de cumplir las decisiones judiciales, a las competencias de los organismos de control y a la necesidad de que sus actuaciones se encuentren debidamente motivadas y sometidas a los procedimientos establecidos.
La nueva administración de la UNACH frente al desafío de recuperar la institucionalidad
Hacia el final de la entrevista, Herrera se refirió a las expectativas que mantiene frente a la nueva administración de la Universidad Nacional de Chimborazo, encabezada por Miriam Murillo Naranjo, a quien expresó sus deseos de éxito.
El investigador señaló que espera que la nueva gestión contribuya a fortalecer la institucionalidad, la excelencia académica y la educación en valores.
También manifestó que, a su criterio, las decisiones administrativas deben priorizar el mérito profesional y la calidad del talento humano, antes que los compromisos adquiridos durante los procesos de elección de autoridades.
Sus declaraciones plantean desafíos para la administración universitaria: transparentar los procedimientos de selección, fortalecer la participación de docentes y estudiantes, evaluar los resultados de la investigación y garantizar que las decisiones institucionales respondan a objetivos académicos.
La gestión de la nueva administración será observada, entre otros aspectos, por su capacidad para establecer prioridades, presentar resultados verificables y promover mecanismos de evaluación que permitan conocer el impacto de sus decisiones.
Las expectativas expresadas por Herrera corresponden a su posición personal como docente e investigador y no constituyen una evaluación independiente de la gestión de la rectora.
El desafío de pasar del discurso a los resultados
La entrevista con Carlos Herrera deja planteada una discusión que involucra a las universidades, las autoridades públicas, los organismos de control y la ciudadanía.
En el ámbito académico, el desafío consiste en demostrar que la investigación y la vinculación con la sociedad contribuyen a resolver problemas concretos. En la gestión pública, el reto es garantizar transparencia, meritocracia y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. En el ámbito político, la discusión gira alrededor de la ética, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.
A ello se suma la necesidad de preservar los saberes ancestrales y fortalecer la interculturalidad como componentes de la identidad y del desarrollo social.
Los cuestionamientos planteados durante la entrevista deben abrir espacios de investigación, contrastación y debate público. Las denuncias necesitan pruebas; las instituciones deben ofrecer respuestas; y los resultados de la gestión pública y académica deben poder ser evaluados por la sociedad.
La reflexión final apunta a una exigencia compartida: que la educación, la política y el servicio público se midan no solamente por sus declaraciones, sus reconocimientos o sus indicadores, sino también por su contribución efectiva al bienestar de la población.
La entrevista completa al Dr. Carlos Herrera se desarrolló en el programa Mañana Xpress, de Intermedia Ecuador, como parte de un espacio de análisis sobre la realidad nacional, el papel de la academia y los desafíos institucionales de Chimborazo.
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