En entrevista con Mañana Xpress de Intermedia Ecuador, el presidente de la Federación de Barrios de Riobamba cuestionó la actuación de autoridades administrativas y de integrantes de su propio directorio. La controversia incluye impugnaciones al proceso electoral, una acción de protección, desacuerdos sobre el manejo económico y acusaciones de intereses políticos. Las denuncias deberán contrastarse con las versiones de las partes involucradas y la documentación correspondiente.
RIOBAMBA. La Federación de Barrios de Riobamba (FEDEBAR) atraviesa una controversia institucional que, según su presidente, Eudoro Silva, se originó tras su elección y posterior posesión en el cargo. Durante una entrevista concedida al programa Mañana Xpress de Intermedia Ecuador, el dirigente expuso su versión sobre las impugnaciones presentadas contra la directiva, las diferencias con otros integrantes de la organización y el proceso judicial que asegura haber iniciado para defender su permanencia.
Silva sostiene que detrás de la disputa existirían intereses políticos que buscarían influir en la conducción de la Federación. También rechaza las acusaciones sobre presuntos gastos arbitrarios y cuestiona las actuaciones de quienes, según afirma, pretenden desconocerlo como presidente.
La controversia plantea interrogantes sobre la legalidad de los procedimientos internos, la administración de los recursos de la organización y las garantías para que las decisiones que afectan a la representación barrial se adopten conforme a sus estatutos y a la normativa vigente.
Elección, nombramiento y posterior impugnación
Durante la entrevista, Silva relató que aceptó asumir la presidencia después de lo que describió como una década de abandono institucional de FEDEBAR.
Según su versión, una comisión de barrios impulsó la organización de un proceso electoral dirigido a las organizaciones que contaban con documentación legal vigente. Indicó que el procedimiento comenzó con una autoconvocatoria a la que habrían acudido 17 barrios, pero que finalmente se eligió a la directiva con la participación de 13, debido a que cuatro organizaciones habrían perdido la vigencia de sus registros.
El dirigente situó la elección el 26 de febrero y afirmó que el nombramiento de la directiva fue entregado el 18 de marzo. Añadió que el 5 de abril se realizó un acto de posesión en la Casa de la Cultura, al que, según indicó, invitó a autoridades locales y provinciales.
Sin embargo, señaló que, aproximadamente dos meses después de iniciado el proceso, se presentó una impugnación que atribuyó a un ciudadano identificado como Lenin Peñafiel.
Silva cuestionó la actuación administrativa posterior y afirmó que la directiva no habría sido notificada adecuadamente ni habría tenido la oportunidad de presentar sus argumentos antes de que se adoptara una decisión que afectara su registro.
Estos antecedentes corresponden al relato del entrevistado. Para establecer con precisión la cronología, los fundamentos de la impugnación y la legalidad de las decisiones adoptadas, es necesario examinar los documentos electorales y administrativos respectivos.
La controversia llega a los tribunales
Uno de los asuntos centrales de la entrevista fue la acción judicial que Silva asegura haber presentado frente a la decisión administrativa que habría dejado sin efecto el registro de la directiva.
Durante el diálogo, el presidente de FEDEBAR leyó parte de una providencia que atribuyó a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Riobamba. Según la transcripción, el documento, fechado el 29 de julio, dispone admitir a trámite una demanda de acción de protección con medidas cautelares conjuntas presentada por Eudoro Rafael Silva Coronel en representación de la Federación.
El dirigente sostuvo que esa providencia era posterior a otra actuación judicial mencionada por sus opositores y afirmó que, hasta el momento de la entrevista, esperaba un pronunciamiento sobre su petición.
Es importante distinguir entre la admisión de una demanda y una sentencia de fondo. La admisión a trámite permite que el proceso continúe, pero no significa, por sí misma, que el juez haya concedido la protección solicitada ni que haya resuelto definitivamente la controversia sobre la directiva.
Por ello, la situación jurídica actual de FEDEBAR debe establecerse a partir del expediente completo y de las resoluciones emitidas dentro del proceso, incluidos los pronunciamientos posteriores que pudieran existir.
Silva, por su parte, manifestó que se mantendrá al frente de la organización mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario. La validez y los efectos de esa posición requieren ser examinados a la luz de las decisiones administrativas y judiciales aplicables.
Silva denuncia presuntos intereses políticos alrededor de FEDEBAR
Durante la entrevista, el presidente de la Federación afirmó que la disputa no respondería únicamente a diferencias administrativas, sino también a intereses políticos.
Como parte de su relato, señaló que una persona que identificó como asistente o secretaria privada del entonces director de una entidad pública le habría solicitado una lista de barrios para conformar comités de respaldo a ese funcionario, a quien describió como precandidato.
Silva interpretó ese episodio como una señal de que se intentaría utilizar la estructura barrial con fines políticos.
También mencionó al alcalde de Riobamba y a otros dirigentes en sus cuestionamientos, y sostuvo que existirían sectores interesados en influir en la organización y en su conducción.
Sus declaraciones abren un tema relevante para el debate público: la relación entre las organizaciones barriales y los actores políticos, especialmente en un contexto de actividad preelectoral. Sin embargo, la entrevista no aporta por sí sola elementos suficientes para confirmar la existencia de una estrategia coordinada ni para establecer responsabilidades individuales.
Las personas mencionadas deben tener la oportunidad de responder a estos señalamientos. La verificación de una eventual utilización política de FEDEBAR requiere contrastar los testimonios con comunicaciones, documentos y otros elementos objetivos.
Conflicto dentro del directorio y dificultades para ejecutar el plan de trabajo
Silva también describió una relación conflictiva con integrantes del directorio de FEDEBAR. Entre ellos mencionó a la vicepresidenta, a quien identificó como Marcela Estrada, y al tesorero, Luis Quispe.
Según el presidente, las diferencias comenzaron a afectar la organización de las actividades institucionales poco después de su posesión.
El dirigente aseguró que convocó a una jornada de trabajo para elaborar un plan institucional que contemplaba recoger las necesidades de los barrios, construir una base de datos, fortalecer las relaciones con el Municipio y otras entidades, y coordinar acciones con instituciones académicas.
Otro de los objetivos mencionados fue recuperar la sede de la Federación, que describió como una infraestructura deteriorada que requería reparaciones.
No obstante, Silva afirmó que algunos integrantes del directorio no habrían colaborado con estas iniciativas. También denunció supuestas dificultades para disponer de tinta para imprimir documentos, adquirir insumos de limpieza y mantener activo el servicio de internet.
El presidente interpretó estas situaciones como acciones destinadas a obstaculizar su gestión y provocar su salida del cargo.
La versión expuesta evidencia una fractura interna que, independientemente de sus causas, podría afectar la continuidad de las actividades institucionales. Para determinar el alcance de las dificultades denunciadas es necesario conocer también la versión de los directivos señalados y revisar las actas de las reuniones, las decisiones administrativas y los registros de funcionamiento de la sede.
Los cuestionamientos sobre el manejo económico
Otro de los momentos más delicados de la entrevista se produjo cuando Silva respondió a cuestionamientos sobre supuestos gastos arbitrarios de recursos de la Federación.
El presidente rechazó las acusaciones y aseguró que conserva una carpeta con recibos y comprobantes originales de los desembolsos que realizó.
Explicó que algunos gastos estuvieron relacionados con la publicación de convocatorias en medios de comunicación y con actividades destinadas a organizar una asamblea general de los barrios. Durante su intervención mencionó pautas difundidas en Radio Andina, Radio Tricolor y emisoras de radiofónicas, además de recorridos para invitar a las organizaciones barriales.
Silva afirmó que esos desembolsos tuvieron una finalidad institucional y negó haber utilizado arbitrariamente el dinero de FEDEBAR para gastos personales.
También se refirió a un episodio relacionado con la compra de medicamentos para su esposa. Según su relato, habría solicitado temporalmente dinero al tesorero ante una demora en el cobro de determinados valores y se habría comprometido a devolverlo. Cuestionó que esta situación fuera utilizada para desacreditarlo.
La explicación del presidente constituye su versión de los hechos, pero no sustituye una revisión contable independiente. Para determinar si los recursos se administraron correctamente se requiere comprobar el origen del dinero, las autorizaciones correspondientes, los justificativos de cada desembolso y su registro en la contabilidad institucional.
En una organización que representa a los barrios de la ciudad, la transparencia financiera debe sustentarse en documentación verificable y procedimientos claros, aplicables a todos los integrantes responsables de la administración.
Silva cuestiona registros y pagos atribuidos al tesorero
Durante la misma entrevista, Silva formuló cuestionamientos sobre determinados registros contables que atribuyó al tesorero de FEDEBAR.
Entre los asuntos mencionados se encuentran depósitos bancarios que, según su interpretación, se habrían realizado en una cuenta personal, así como pagos por servicios jurídicos que consideró innecesarios debido a la existencia de un asesor o síndico de la organización.
El presidente también hizo referencia a un registro relacionado con la entrega de dinero a otra persona y sostuvo que debía aclararse la existencia de los respectivos comprobantes.
Estas declaraciones constituyen señalamientos sobre el manejo administrativo y financiero de la Federación. No permiten, por sí solas, concluir que se hayan cometido irregularidades ni atribuir responsabilidad a una persona determinada.
La aclaración de estos puntos requiere revisar los libros contables completos, los estados de cuenta, los comprobantes de pago, los contratos de servicios profesionales y las disposiciones internas que regulan el manejo de los fondos.
El tesorero y los demás directivos aludidos deben contar con espacio para explicar los procedimientos aplicados y responder a los cuestionamientos.
La aplicación de los estatutos, otro punto de confrontación
Silva cuestionó que un grupo de integrantes del directorio se hubiera reunido para desconocer su presidencia sin seguir, según su versión, los procedimientos previstos en los estatutos.
Afirmó que las decisiones de esa naturaleza corresponden a la Asamblea General y no a reuniones separadas de un grupo de dirigentes.
El presidente también señaló que solicitó a los miembros del directorio que informaran por escrito sobre las actividades realizadas en beneficio de los barrios, pero sostuvo que la propuesta no prosperó.
En su criterio, las diferencias internas debían resolverse mediante los mecanismos institucionales y no a través de decisiones unilaterales.
La controversia exige establecer qué dispone exactamente el estatuto vigente de FEDEBAR respecto de la convocatoria a asambleas, las atribuciones de la presidencia, los procedimientos disciplinarios, la sustitución de dignatarios y la resolución de conflictos internos.
La aplicación de esas reglas, junto con el cumplimiento de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, resulta fundamental para determinar la validez de las actuaciones de cada sector.
¿Qué ocurre con la atención a los barrios?
Más allá de la disputa por la presidencia, la confrontación plantea una pregunta de interés para los habitantes de Riobamba: ¿cómo está funcionando la Federación mientras sus dirigentes mantienen posiciones enfrentadas?
Silva afirmó que continúa atendiendo en la sede institucional de 09:00 a 12:00 y que representantes de distintos barrios acuden para solicitar información y gestionar asuntos relacionados con sus organizaciones.
También aseguró que había coordinado horarios de atención con el secretario y el tesorero, pero que estos no se habrían cumplido de manera regular.
El presidente agregó que pidió al secretario que los documentos institucionales permanecieran en la sede y no fueran trasladados al domicilio particular del funcionario.
Estos aspectos reflejan la importancia de garantizar la custodia de los archivos, la continuidad de los servicios y la atención a las organizaciones afiliadas, independientemente de las diferencias entre sus dirigentes.
La Federación necesita mecanismos que aseguren el acceso a la documentación, la conservación de los registros, la rendición de cuentas y la participación efectiva de los barrios en las decisiones que los afectan.
Silva anuncia una asamblea extraordinaria y asegura que no se aferrará al cargo
En el tramo final de la entrevista, Silva dirigió un mensaje a las organizaciones barriales y sostuvo que su objetivo es defender los derechos de los barrios, no apropiarse de la institución.
Afirmó que, si una resolución judicial determina que debe dejar la presidencia, convocará a una reunión amplia y presentará el informe correspondiente para que otra persona continúe con el trabajo institucional.
Asimismo, anunció que convocaría a una asamblea extraordinaria para tratar el comportamiento de determinados integrantes del directorio y conocer los efectos de las decisiones judiciales relacionadas con la controversia.
El dirigente insistió en que su trayectoria ha estado vinculada al trabajo organizativo y manifestó que está dispuesto a entregar el cargo si así lo determina la autoridad competente.
El anuncio sitúa a la Asamblea General y al proceso judicial como dos elementos centrales para conocer los próximos pasos de la organización. La convocatoria, sus participantes, el orden del día y las decisiones que eventualmente se adopten deberán documentarse para establecer su alcance y legitimidad.
FEDEBAR: una controversia que requiere transparencia y respuestas
La entrevista concedida por Eudoro Silva a Mañana Xpress de Intermedia Ecuador pone de manifiesto una disputa que va más allá de las diferencias personales entre dirigentes.
La legitimidad de la directiva, la aplicación de los estatutos, la transparencia de los recursos y la autonomía de la organización frente a los intereses políticos son asuntos que requieren explicaciones documentadas y procedimientos institucionales claros.
Las acusaciones expuestas por Silva deben ser contrastadas con las versiones de los demás involucrados y con los documentos administrativos, contables y judiciales correspondientes. Del mismo modo, las decisiones sobre la conducción de FEDEBAR deben sustentarse en las normas aplicables y en los pronunciamientos de las autoridades competentes.
Para los barrios de Riobamba, el desafío es que esta controversia no paralice la representación de sus necesidades ni debilite los mecanismos de participación ciudadana.
La resolución del conflicto deberá permitir esclarecer las responsabilidades, garantizar la transparencia y restablecer condiciones para que la Federación cumpla su función de articulación entre las organizaciones barriales y las instituciones públicas.
Intermedia Ecuador continuará dando seguimiento a este caso, con atención a los documentos oficiales y a las versiones de las partes involucradas.
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