“Dejar que el tirano desangre a un pueblo de paz utilizando a la justicia para perseguir y aterrorizar, es perder la dignidad y la libertad” (Chea, 2026).
Dr. Carlos Ernesto Herrera Acosta PhD
Docente Universitario – investigador
Los indicadores de confianza institucional revelan un colapso sin precedentes en la percepción ciudadana sobre la Función Judicial. El Latinobarómetro 2024 sitúa a Ecuador entre los países con menor confianza en la justicia en América Latina, con apenas un 18% de aprobación, cifra compartida con Chile y Perú, y solo superada por Bolivia (13%). Esta medición se alinea con otros estudios, una encuesta del Consejo de la Judicatura en 2025 registró un puntaje de credibilidad de 42,4 sobre 100, lo que significa que 6 de cada 10 usuarios manifiestan desconfianza en el servicio de justicia.
La desconfianza se extiende a todas las instituciones del sistema de justicia. Según análisis de Efrén Guerrero (2026), el sistema de justicia registra un 71,84% de desaprobación ciudadana, superado únicamente por la Asamblea Nacional (70,84%) y seguido por el Consejo de la Judicatura y el CPCCS, que también muestran tendencias negativas. Esta erosión de la legitimidad no es un fenómeno reciente: se trata de un proceso acumulativo alimentado por escándalos de corrupción, sentencias cuestionadas y la percepción generalizada de que el sistema favorece a quienes tienen poder político o económico.
La impunidad es el principal motor de la desacreditación de la justicia. Entre 2020 y 2025, la Fiscalía General del Estado abrió 1,9 millones de investigaciones penales en Ecuador, de ese universo, únicamente 48.760 casos culminaron en sentencias condenatorias, lo que representa una tasa de resolución del 2,4%, este dato es devastador, significa que 97,6% de las investigaciones penales no concluyen con una sentencia que establezca responsabilidad y aplique sanciones. Esta cifra no solo refleja ineficiencia administrativa; envía un mensaje corrosivo a la ciudadanía: denunciar no sirve. La Fiscalía identificó que el robo es el delito con mayor índice de impunidad, seguido por otros delitos contra el patrimonio y la integridad personal, cuando la mayoría de las víctimas observa que sus denuncias se archivan, se eternizan o no llegan a juicio, el sistema judicial pierde su función disuasoria y reparadora, convirtiéndose en un trámite burocrático sin consecuencias reales para los infractores. (PRIMICIAS, 2026).
La corrupción dentro de la propia Función Judicial ha sido el factor más dañino para su credibilidad. En 2025, Ecuador vivió lo que la Fiscalía calificó como "uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema de justicia ecuatoriano": el Caso Pantalla, una red de delincuencia organizada que manipulaba procesos judiciales y tenía vínculos directos con el narcotráfico. Doce implicados, incluidos jueces y exfuncionarios de alto nivel, recibieron condenas de entre 15 y 40 meses de prisión tras acogerse a la cooperación eficaz.
El Caso Plaga, destapado entre febrero y marzo de 2025, reveló cómo jueces, abogados y funcionarios judiciales emitían resoluciones favorables a integrantes de bandas criminales como Los Lobos a cambio de sobornos. Al menos doce personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada, incluyendo al exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas Fabiola Gallardo y el exjuez Johann Marfetán, señalados como cabecillas de la estructura, el 3 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión contra los tres acusados principales. Estos casos no son excepciones: en 2024 se abrieron 2.096 investigaciones en contra de servidores judiciales a escala nacional, y en lo que va de 2025 ya suman 653, el año pasado se destituyeron 102 funcionarios judiciales (jueces, fiscales, secretarios y otros), y en 2025 suman 32 hasta la fecha, la percepción ciudadana es clara: si quienes deben impartir justicia están corruptos, todo el sistema es ilegítimo.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 establece garantías robustas para la independencia judicial, el artículo 168 dispone que "los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa, toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley", además, el artículo 75 garantiza el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses. Sin embargo, la realidad dista radicalmente del texto constitucional, investigaciones académicas documentan que la independencia judicial en Ecuador se ve comprometida por el control ejercido por el Consejo de la Judicatura, generando inseguridad jurídica, autocensura entre jueces y efectos sobre la imparcialidad judicial, un estudio de la Universidad Nacional de Chimborazo (2025) concluyó que "la injerencia política es una amenaza constante para la confianza pública en el sistema judicial ecuatoriano, afectando la legitimidad de las decisiones emitidas".
La politización de la justicia se manifiesta cuando los jueces, al momento de dictar resoluciones, centran sus argumentos en una racionalidad política más que jurídica, esto viola el artículo 76.7.k) de la Constitución de la República, que garantiza como parte del debido proceso el derecho a "ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente". Cuando la ciudadanía percibe que las sentencias responden a intereses políticos y no a derecho, la credibilidad se desmorona.
Ecuador es parte de tratados internacionales que establecen obligaciones vinculantes en materia de justicia independiente y acceso efectivo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), en su artículo 14.1, dispone que "todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia" y garantiza el derecho a un juicio imparcial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que este artículo incluye el derecho de acceso efectivo a los tribunales para asegurar que ninguna persona se vea privada de su derecho a exigir justicia.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), ratificada por Ecuador, establece en su artículo 8 las garantías judiciales, incluyendo el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. El artículo 25 reconoce el derecho a un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos fundamentales, cuando el sistema judicial está colapsado, corrupto o politizado, Ecuador incumple estas obligaciones internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que la independencia judicial es una condición sine qua non para la vigencia del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La interferencia política, la corrupción y la falta de recursos suficientes constituyen violaciones a estos estándares internacionales.
En este contexto, el acceso a la justicia no es solo un problema de corrupción o impunidad, también abarca a la seguridad de los operadores de justicia. Según Human Rights Watch (2026), hasta octubre de 2025 el Observatorio de Derechos y Justicia había registrado 10 ataques contra la función judicial, incluidos intentos de asesinato y homicidios de jueces y fiscales. Esta violencia no es aleatoria, es el resultado de la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial y la percepción de que los operadores de justicia son obstáculos para actividades ilícitas.
Cuando jueces y fiscales temen por sus vidas, la independencia se erosiona por autocensura. Un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (2026) advierte que la Función Judicial enfrenta una crisis sistemática provocada por presiones políticas y la infiltración del narcotráfico, dejando a jueces vulnerables y amenazando garantías básicas de los ciudadanos, la justicia no puede ser independiente si sus operadores están bajo amenaza de muerte.
En este contexto, cuando no existe independencia, seguridad y ética en la Función Judicial, a los operadores de justicia, el poder político, económico o los grupos de delincuencia organizada fácilmente les están comprando o aterrorizando. Este hecho provoca serias implicaciones que afecta a la convivencia pacífica y armónica en varios países de América Latina incluido el Ecuador. Con una justicia parcializada, defendiendo los intereses del poder, el Estado de derecho se erosiona estructuralmente, afectando a la democracia, los derechos humanos y la confianza ciudadana en las instituciones.
Sin independencia judicial, el estado de derecho está en grave peligro y la democracia languidece frente a impulsos autoritarios crecientes. Los tribunales pierden su capacidad de ejercer control sobre los actos públicos y de proteger los derechos y libertades fundamentales. (Pereira, 2023). Un poder judicial independiente funciona como contrapeso frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pudiendo impedir reformas legales o constitucionales que busquen frustrar los objetivos del régimen democrático. Cuando la justicia está supeditada a la voluntad del poder político, existe el peligro real de que se ignoren los límites fundamentales de tal poder. (Craig, 2022).
La justicia parcializada tiene efectos directos sobre la protección de derechos, los derechos humanos pierden su efectividad cuando los jueces están sujetos a presiones e intereses externos que restringen sus capacidades de toma de decisiones. (Pereira, 2023). Los límites a la independencia judicial corrompen la función del poder judicial, lo someten a presiones externas y socavan la transparencia de la función judicial (Red Mundial de Justicia Electoral, 2021), al romper el principio de legalidad, la corrupción desnaturaliza los fines del Estado y favorece decisiones motivadas por intereses personales antes que por normas previamente establecidas.
Finalmente, la percepción de que la justicia se utiliza como herramienta de persecución política tiene profundas implicaciones en la confianza pública en el sistema judicial y en la estabilidad política del país. (Vera y Ogier). Las prácticas corruptas no solo configuran delitos, sino que son antiéticas, inmorales e inconstitucionales, lo que debilita y deslegitima la institucionalidad y el Estado de derecho. En este contexto, la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino un requisito estructural para la vigencia de la democracia constitucional, cuando la justicia pierde su imparcialidad y se convierte en instrumento del poder, se produce un círculo vicioso que afecta el disfrute y goce efectivo de derechos fundamentales.
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