La asambleísta de Revolución Ciudadana cuestionó en Mañana Xpress el papel de la mayoría legislativa y denunció presuntas irregularidades en la contratación de una plataforma para el sistema público de salud. También se refirió a los ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas y pidió esclarecer la cooperación militar con Estados Unidos.
La fiscalización legislativa, en el centro del debate
La asambleísta Mónica Palacios, entrevistada en el programa Mañana Xpress de Intermedia Ecuador, cuestionó duramente el funcionamiento de la Asamblea Nacional y sostuvo que el actual Parlamento no estaría cumpliendo de manera suficiente con su responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo.
Palacios afirmó que, a su criterio, la bancada de Revolución Ciudadana enfrenta dificultades para impulsar procesos de control político debido a la correlación de fuerzas existente en el Pleno.
En sus palabras, la Asamblea se habría convertido en un “apéndice del Ejecutivo”, una afirmación que dirigió principalmente contra la mayoría oficialista y que acompañó con cuestionamientos personales hacia la presidenta del Legislativo, Michelle Mancheno.
La legisladora sostuvo que varias solicitudes de fiscalización promovidas por su bancada habrían sido derivadas hacia comisiones controladas por el oficialismo, donde —según su versión— perderían impulso.
No obstante, este planteamiento requiere ser contextualizado: en el caso específico del contrato para la plataforma de gestión hospitalaria, el Pleno de la Asamblea aprobó el 9 de septiembre una resolución para fiscalizarlo con 139 votos afirmativos. La Comisión de Fiscalización y Control Político quedó encargada de revisar el proceso desde las fases preparatoria y precontractual hasta la adjudicación, contratación y ejecución.
El contrato de USD 240 millones para digitalizar la salud
Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue el contrato para implementar una plataforma nacional interoperable de información y atención integral en salud.
Palacios cuestionó que el Estado destine alrededor de USD 240 millones a este proyecto mientras persisten problemas relacionados con medicamentos, atención médica e infraestructura hospitalaria.
La cifra corresponde a un proceso real de contratación. El Ministerio de Salud adjudicó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) un contrato por aproximadamente USD 240 millones, con un plazo de siete años, para implementar una plataforma destinada a integrar progresivamente la información de 1.742 establecimientos de salud pública. CNT, a su vez, trabajará con la empresa italiana Dedalus para el componente tecnológico.
El proyecto contempla la integración de información relacionada con historias clínicas, citas médicas, exámenes, inventarios y otros procesos del sistema público de salud.
La discusión, por tanto, no se limita al monto del contrato. El debate político se centra también en si la inversión tecnológica constituye una prioridad frente a las necesidades inmediatas del sistema sanitario.
Palacios planteó precisamente esa interrogante durante la entrevista: cómo puede funcionar una plataforma de agendamiento de citas si los establecimientos públicos continúan enfrentando problemas de disponibilidad de médicos y medicamentos.
¿El contrato fue reservado?
Otro de los cuestionamientos formulados por la legisladora está relacionado con el acceso a la información contractual.
Palacios sostuvo que los detalles del contrato fueron declarados reservados y reclamó que los ciudadanos puedan conocer cómo se utilizarán los recursos públicos.
La existencia de restricciones de acceso a determinados documentos del proceso ha sido reportada por medios nacionales. Ecuavisa señaló que los detalles del contrato con Dedalus fueron declarados reservados, mientras que la Comisión Nacional Anticorrupción solicitó posteriormente documentación completa del proceso y pidió que cualquier reserva estuviera debidamente motivada.
Este aspecto ha generado un debate adicional sobre transparencia, protección de información sensible y control ciudadano de recursos públicos.
Los USD 21,6 millones y la discusión sobre el presupuesto sanitario
Palacios también aseguró que el Gobierno habría retirado USD 21,6 millones de programas de salud, particularmente relacionados con medicamentos y atención a niños con desnutrición crónica, para financiar el proyecto tecnológico.
La documentación presupuestaria disponible confirma un dato importante, aunque requiere precisión: el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una modificación presupuestaria por USD 21.624.972, recursos que fueron disminuidos de cinco proyectos de inversión del Ministerio de Salud y trasladados al proyecto denominado Servicio Integral de Fortalecimiento de Atención a la Salud, relacionado con la contratación digital.
Por ello, periodísticamente resulta más preciso señalar que existió una modificación presupuestaria por USD 21,6 millones, pero no presentar automáticamente la cifra como una reducción exclusiva de programas de medicamentos o desnutrición crónica sin documentar exactamente qué componentes fueron afectados.
La diferencia es relevante porque permite separar el hecho presupuestario comprobable de la interpretación política expresada por Palacios.
Pescadores ecuatorianos: un segundo frente de fiscalización
El segundo gran bloque de la entrevista estuvo relacionado con los incidentes que involucran a pescadores ecuatorianos y operaciones atribuidas a fuerzas estadounidenses.
Palacios aseguró que desde la Asamblea ha seguido el caso de varias embarcaciones y mencionó los nombres Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca.
Sobre este punto existe documentación externa que confirma que el caso está siendo investigado.
El 18 de septiembre de 2026, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea informó que recibió a familiares, tripulantes y abogados de las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II, Fiorella y Don Maca, dentro de un proceso de fiscalización sobre presuntos incidentes ocurridos en alta mar.
Human Rights Watch también documentó que entre enero y marzo de 2026 esas tres embarcaciones desaparecieron o fueron atacadas. La organización recogió testimonios de sobrevivientes que describieron ataques con drones y la presencia posterior de personas armadas que, según sus testimonios, serían estadounidenses. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado responsabilidad por esos ataques.
Por ello, la naturaleza y responsabilidad de algunos de estos hechos continúa siendo objeto de controversia y verificación.
El caso Fiorella y los ocho pescadores desaparecidos
Uno de los casos más sensibles mencionados durante la entrevista es el de la embarcación Fiorella.
Palacios afirmó que ocho pescadores permanecen desaparecidos.
Human Rights Watch reportó que la Fiorella perdió contacto el 20 de enero de 2026 y que ocho de sus diez tripulantes permanecían desaparecidos.
La desaparición forma parte de un conjunto más amplio de incidentes registrados en el Pacífico Oriental durante 2026.
En los casos de La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, sobrevivientes relataron haber sido atacados y posteriormente trasladados a embarcaciones relacionadas con autoridades estadounidenses y salvadoreñas. Esos testimonios han sido recogidos por organismos de derechos humanos, pero Estados Unidos ha negado haber realizado los ataques atribuidos a sus fuerzas en esos primeros casos.
La soberanía y las bases extranjeras
Palacios vinculó estos acontecimientos con el debate sobre la presencia militar extranjera en Ecuador.
La legisladora recordó que la ciudadanía rechazó en 2024 modificar la prohibición constitucional relacionada con bases militares extranjeras.
El antecedente electoral es verificable: en el Referéndum y Consulta Popular de 2024, la pregunta A —que planteaba eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares— obtuvo 27,76 % por el Sí y 72,24 % por el No.
Palacios interpretó los actuales acuerdos y acciones de cooperación militar como una afectación a la soberanía nacional. Esa es su valoración política sobre el alcance de la cooperación, y debe diferenciarse de la existencia de acuerdos concretos y de las competencias jurídicas que correspondan a cada institución.
“La Asamblea es la casa del pueblo”
Durante la entrevista, Palacios también denunció que familiares de pescadores habrían enfrentado dificultades para ingresar a la Asamblea Nacional y ser escuchados.
La legisladora aseguró que realizó gestiones para que familiares y pescadores pudieran ingresar al Parlamento y cuestionó las restricciones impuestas.
Según su relato, entre quienes buscaban ingresar había pescadores que habían viajado durante varias horas hasta Quito y personas que presentaban lesiones atribuidas a los incidentes marítimos.
La denuncia forma parte de la crítica más amplia de Palacios hacia la administración de la Asamblea y hacia la conducción de su presidenta.
La presión social como mecanismo de fiscalización
Al final de la entrevista, Palacios sostuvo que, frente a las dificultades para impulsar determinados procesos desde el Pleno, la Revolución Ciudadana continuará recurriendo a medios de comunicación, redes sociales y presión ciudadana.
La legisladora afirmó que algunos procesos de control político han avanzado debido a la presión social y mencionó como ejemplos el juicio político contra Mario Godoy y el proceso relacionado con Inés Manzano.
En este punto, su argumento central fue que la fiscalización no debe depender únicamente de las votaciones internas de la Asamblea, sino también de la atención pública sobre los casos investigados.
Un debate que trasciende a la Asamblea
Las declaraciones de Mónica Palacios colocan nuevamente bajo escrutinio dos asuntos de alto impacto nacional.
Por un lado, está el contrato de USD 240 millones para la transformación digital del sistema público de salud, una inversión que el Gobierno presenta como una herramienta para integrar hospitales, historias clínicas, citas e inventarios, pero que también ha generado cuestionamientos sobre transparencia, contratación pública y prioridades presupuestarias. La Asamblea ya dispuso formalmente su fiscalización.
Por otro lado, está la situación de los pescadores ecuatorianos involucrados en incidentes marítimos y la cooperación de seguridad con Estados Unidos, un caso que ha llegado a la Comisión de Seguridad de la Asamblea y que también ha sido documentado por organismos internacionales de derechos humanos.
La entrevista deja así planteadas varias preguntas que deberán responderse con documentación oficial: qué alcance tendrá la fiscalización del contrato de salud, qué información podrá hacerse pública, cómo se justificó la modificación presupuestaria de USD 21,6 millones y cuáles fueron las circunstancias y responsabilidades detrás de los incidentes con las embarcaciones ecuatorianas.
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