Los constitucionalistas Luis García y Luis Ávila opinaron que, con la decisión del electorado en las urnas, la autonomía de la Corte Constitucional quedó salvaguardada.
Fueron varios los intentos con los que el gobierno de Daniel Noboa buscó limitar las actuaciones de los jueces de la Corte Constitucional (CC).
La arremetida en contra del alto organismo de control constitucional, que tiene la facultad, por ejemplo, de rever sentencias de la justicia ordinaria, frenar leyes y decretos ejecutivos, así como los estados de excepción, había iniciado el 6 de agosto de 2025.
Al Ejecutivo y al Legislativo les disgustó que los jueces de la CC hayan aceptado a trámite 34 demandas de inconstitucionalidad que varios sectores sociales, sindicales y de profesionales plantearon en contra de las leyes de Solidaridad Nacional, de Integridad Pública y de Inteligencia, que fueron iniciativa de Noboa y aprobadas en la Asamblea Nacional por la mayoría oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados.
Por decisión de los jueces, las dos primeras leyes ya no existen en el ordenamiento legal ecuatoriano después de que fueron declaradas inconstitucionales. La Ley de Inteligencia, por otra parte, está pendiente de resolución.
Incluso, el 12 de agosto, Daniel Noboa encabezó una marcha a la CC en un intento de presionar al máximo tribunal del país para que desestimara las demandas de inconstitucionalidad. En la concentración se declaró a los magistrados como “enemigos del pueblo” y fueron responsabilizados de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
El Gobierno buscó que los jueces de la CC sean sujetos de juicio político
La intensificación del discurso oficialista en contra de los jueces de la CC se produjo el 14 de agosto. Noboa envió a la CC cinco preguntas para que sean incluidas en la consulta popular de 2025.
Una de ellas fue: ¿Está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político? Y se sugería que podrían ser destituidos con 77 votos en la Asamblea Nacional.
El 4 de septiembre, los jueces frenaron la intención oficialista y declararon que la pregunta no procedía vía enmienda. Consideraron que la propuesta alteraría la independencia judicial y que rompería el equilibrio del sistema de pesos y contrapesos.
Indicaron que esto podría tramitarse por reforma parcial. Es decir, que luego de la aprobación en la Asamblea Nacional debe ser ratificada por referéndum popular. Finalmente, la pregunta no fue incluida en la consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025, donde ganó el No.
Corte Constitucional: Sala de la Corte Nacional de Justicia
En aquel plebiscito, sin embargo, se incluyó una pregunta para saber si la población estaba de acuerdo o no con convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Una de las propuestas que Noboa planteó públicamente fue que, si el país decidía que se redacte una nueva Constitución, se reemplazaría a la Corte Constitucional por una sala constitucional de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La pregunta para instalar una Asamblea Constituyente recibió la negativa del 61,81% del electorado.
Luis García, abogado constitucionalista y exasesor en la Corte Constitucional, no cree que, tras el triunfo del No, la ganadora haya sido la CC, sino que la autonomía de la CC se ha visto salvaguardada.
Con la decisión en las urnas, la Corte se mantendrá con su rol de contrapeso del poder y con autonomía económica y de funcionamiento, pero también con todos los retos que tiene la estructura constitucional y política.
Además, debe mantener su renovación parcial y progresiva, ya que la Constitución establece que el ente se renovará por tercios, cada tres años.
García también subrayó que los resultados en las urnas devinieron de la falta de un texto concreto con los cambios que se proponían en la nueva Constitución. Por ello había incertidumbre por la falta de certezas de hacia dónde se dirigían los objetivos.
Luis Ávila, experto constitucionalista, por su parte, coincidió con su colega, pero añadió que fue un triunfo por la institucionalidad. “El haberle puesto un freno al presidente Noboa fortalece a las instituciones, entre ellas la Corte Constitucional. La Corte ganó con estos resultados”.
Destacó, además, que los jueces han mantenido neutralidad y distancia de los temas político-partidistas. (SC).
Diario La Hora
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