El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció la suspensión del trámite relacionado con el pedido para levantar la inmunidad del asambleísta Juan Andrés González, quien enfrenta una querella por presunta calumnia presentada por la legisladora Naila Quintana.
La decisión se basa en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que si el Parlamento no resuelve un pedido de autorización para procesar penalmente a un legislador en un plazo de 30 días, la autorización se entiende concedida automáticamente.
Según explicó Olsen, al suspender el tratamiento del pedido y evitar que el tema vuelva al Pleno, el plazo continuará corriendo hasta que se active el mecanismo automático previsto en la ley.
El titular del Legislativo defendió la medida señalando que la inmunidad parlamentaria es una garantía institucional para proteger la independencia de la función legislativa, pero advirtió que no debe utilizarse como un escudo frente a eventuales responsabilidades legales.
“La inmunidad parlamentaria no puede convertirse en un mecanismo de impunidad”, afirmó.
El caso se arrastra desde finales de 2025, cuando González —jefe de bancada de Revolución Ciudadana— calificó de “terrorista” al bloque oficialista de Acción Democrática Nacional tras una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil.
Durante las últimas semanas el tema intentó tratarse cerca de diez veces en el Pleno, pero el respaldo del bloque correísta impidió reunir los votos necesarios para autorizar el proceso penal.
Con la decisión de Olsen, el escenario cambia: el legislador podría enfrentar el proceso judicial sin que la Asamblea vote directamente el levantamiento de su inmunidad.
El caso vuelve a abrir el debate político y jurídico en Ecuador sobre los límites de la inmunidad parlamentaria y su uso dentro de la confrontación política.
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