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Mientras el país se prepara para un nuevo proceso electoral que definirá prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) vuelve a estar bajo cuestionamientos. Esta vez, no por los resultados de una elección, sino por la manera en que toma decisiones: lejos de las cámaras, sin presión ciudadana y cada vez más refugiado en la virtualidad.
Entre enero y mayo de 2026, el Pleno del CNE realizó 35 sesiones virtuales, acumulando alrededor de 24 horas de reuniones no presenciales. Aunque oficialmente la modalidad digital se presenta como una herramienta “eficiente” y “moderna”, para varios analistas representa algo más preocupante: un mecanismo que reduce la fiscalización pública y blinda políticamente a las autoridades electorales.
La virtualidad llegó al CNE en 2024, pero hoy ya no parece una medida excepcional, sino una estrategia consolidada. Especialmente en fines de semana y feriados, cuando las sesiones permiten aprobar temas sensibles sin presencia de prensa, sin protestas en exteriores y sin el escrutinio inmediato de organizaciones políticas.
Y aunque el formato digital evita tumultos físicos, no elimina las fracturas internas. El pasado 2 de mayo, en plena sesión virtual realizada durante el feriado por el Día del Trabajador, estalló un nuevo enfrentamiento entre consejeros. Elena Nájera recusó la presencia de Diana Atamaint y José Merino tras cuestionamientos relacionados con un peritaje previo. La tensión escaló cuando Nájera acusó a Merino de utilizar vehículos institucionales para traslados personales hacia el aeropuerto de Quito. Atamaint ignoró el reclamo y continuó con el orden del día.
El episodio dejó una sensación incómoda: mientras el país observa desde afuera, las disputas, decisiones y posibles irregularidades quedan encapsuladas en pantallas.
Para el sociólogo Marco Paladines, residente en Alemania, la virtualidad se convirtió en un “escudo” para el poder. Según sostiene, las autoridades han encontrado en la distancia digital una manera de volverse “intocables”.
“La virtualidad funciona como un acto de magia: quienes ejercen el poder buscan no ser alcanzados y lo consiguen a través de las pantallas”, cuestionó.
El analista político Juan Manuel Fuertes va más allá y advierte que este modelo debilita la transparencia democrática. Asegura que hoy es imposible observar lo que antes ocurría en los pasillos o en las discusiones presenciales de última hora.
“Ahora alguien puede estar hablando en otras ventanas con los mismos consejeros y nadie lo detecta”, señaló.
Fuertes incluso vincula esta dinámica con un problema más profundo: el deterioro institucional y el “fracaso de la meritocracia”. Según afirma, existe una “hipertitulación” de autoridades que exhiben currículums impecables, pero cuya gestión termina desconectada de la ciudadanía y marcada por la mediocridad política.
En un país donde la confianza en las instituciones electorales ya carga heridas de procesos anteriores, el avance de sesiones virtuales sin mayor control ciudadano abre una pregunta inevitable: ¿la tecnología está modernizando la democracia o simplemente la está alejando de la gente?
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