El Gobierno de Daniel Noboa anunció el regreso de los llamados “escuadrones de carretera”, unidades policiales que volverán a operar en las vías del país luego de casi 17 años fuera de circulación. El anuncio llega acompañado de la entrega de 150 motocicletas y 544 radios a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, en medio de un escenario marcado por el incremento de la inseguridad, robos en carreteras y una creciente percepción de abandono estatal en las rutas del Ecuador.
Durante el acto oficial, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que esta medida busca fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias, accidentes y delitos en los ejes viales. Sin embargo, el anuncio también abre un debate inevitable: ¿por qué el Estado esperó casi dos décadas para retomar una estrategia que hoy presenta como “histórica”?
La reaparición de estos escuadrones ocurre en un contexto donde transportistas, conductores y ciudadanos han denunciado durante años el aumento de asaltos, extorsiones y violencia en las carreteras. Para muchos sectores, el retorno de estas unidades no representa únicamente una medida de seguridad, sino también el reconocimiento implícito de que el control estatal sobre las vías se debilitó gravemente.
El Gobierno sostiene que la Policía Nacional controla más del 70% de la red vial del país, pero las cifras de percepción ciudadana muestran una realidad distinta: amplios tramos de carreteras se han convertido en zonas de alto riesgo, especialmente durante la noche y en rutas estratégicas para el transporte de carga y pasajeros.
Aunque la entrega de equipamiento busca proyectar una imagen de reacción inmediata, críticos advierten que el problema de seguridad vial no se resolverá únicamente con motocicletas y radios. La falta de personal, inteligencia operativa, control territorial y políticas sostenidas de seguridad siguen siendo desafíos estructurales que no desaparecen con anuncios mediáticos.
El retorno de los escuadrones de carretera también puede interpretarse como parte de la estrategia política del Gobierno de Noboa para reforzar el discurso de “mano dura” y recuperar presencia institucional en espacios donde el crimen organizado ha ganado terreno. La pregunta de fondo será si estas unidades realmente lograrán reducir la violencia en las vías o si terminarán siendo otra medida simbólica en medio de una crisis de seguridad que continúa golpeando al país.
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