Disculpas públicas cuestionadas, una placa considerada ilegible, un video de apenas 18 segundos y un Museo de la Memoria criticado por víctimas y especialistas forman parte de los casos que ponen en entredicho la aplicación de medidas de reparación durante la administración de Daniel Noboa.
Durante el Gobierno de Daniel Noboa, el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan disculpas públicas por parte del Estado ecuatoriano abre incognitas sobre si estas medidas realmente buscan una reparación integral o si se han convertido en meros actos simbólicos carentes de sinceridad.
1. El caso Malvinas: una disculpa con amenazas
El 6 de enero de 2025, durante una cadena nacional, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció las disculpas públicas ordenadas por la jueza Tanya Loor. Sin embargo, el acto perdió su esencia reparadora cuando el funcionario, rodeado de la cúpula militar, utilizó el espacio para arremeter contra la magistrada, acusándola de actuar con “claros fines políticos” y de propiciar una “persecución” contra las Fuerzas Armadas.
Además, Loffredo advirtió que el Gobierno llegaría “hasta las últimas consecuencias” para lograr que se sancione el accionar de la jueza. Asimismo, cuestionó abiertamente el uso de la “narrativa de los derechos humanos”, sugiriendo que esta era utilizada como un instrumento de intimidación en medio del conflicto armado interno.
En ese sentido, la Asamblea Nacional no tardó en reaccionar, calificando la cadena nacional como “vergonzosa” y acusando al ministro de simular el pedido de disculpas. El Legislativo expresó su preocupación por las amenazas vertidas contra la jueza Loor y rechazó los señalamientos de Loffredo contra la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, a quien el ministro tildó despectivamente de ser una de las “amigas del juez” por haber comparecido en el proceso mediante un amicus curiae.
Pese a la retórica del ministro, quien insistió en que no hubo participación de la institución militar en una desaparición forzada, la justicia ratificó que los menores fueron retenidos por una patrulla de 16 militares el 8 de diciembre de 2024, y sus restos fueron hallados semanas después en la zona de Taura.
La ratificación de la Corte Constitucional
Ante la ineficacia del primer acto de desagravio, la Corte Constitucional intervino ratificando la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de los niños. La máxima instancia judicial calificó el caso como un “horrendo suceso” y dispuso una serie de medidas de reparación integral que van más allá del formalismo.
Como resultado de este fallo, se ha programado un nuevo acto de disculpas públicas para el 4 de junio de 2026 en el Hemiciclo de la Rotonda, en Guayaquil. En esta ocasión, la sentencia obliga a que el acto sea encabezado por el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), buscando que el reconocimiento de responsabilidad sea finalmente un paso genuino hacia la dignidad de las víctimas.
De igual modo, la Corte dispuso la creación o adecuación de un espacio en el Museo de la Memoria como otra una de las medidas simbólicas de reparación integral en su sentencia sobre el caso.
2. La placa “invisible” para Verónica Abad
Lo que debía ser un acto de desagravio y reparación integral para la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad, terminó convirtiéndose en un símbolo de lo que expertos calificaron como un “desprecio a la administración de justicia”. En febrero de 2025, el Ministerio del Trabajo instaló una placa conmemorativa de disculpas públicas que, lejos de cumplir su propósito, fue tildada de irrisoria debido a su diseño prácticamente ilegible.
La orden judicial, emitida por la jueza Nubia Vera, surgió tras dejar sin efecto una sanción administrativa de 150 días impuesta contra Abad. Como parte de las medidas de reparación, la magistrada dispuso la colocación de una placa en las instalaciones del Ministerio del Trabajo.
Sin embargo, el cumplimiento de esta medida fue duramente cuestionado: la institución optó por una superficie transparente con letras blancas, instalada sobre una pared del mismo color. Esta configuración técnica hizo que el mensaje de disculpas fuera casi imperceptible para cualquier visitante. La propia jueza Vera tuvo que acudir personalmente al sitio para constatar la situación, concluyendo que el Estado no había cumplido con lo ordenado, ya que la invisibilidad del texto anulaba el efecto reparador de la medida.
La respuesta oficial: “Excesiva y abusiva”
Desde el Ejecutivo, la reacción no fue de rectificación, sino de confrontación legal. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, presentó un recurso de apelación de 47 páginas para intentar revocar la acción de protección a favor de la vicepresidenta.
En dicho documento, la defensa del Ministerio calificó la orden de colocar la placa como “excesiva y carente de fundamento constitucional”. Además, la ministra Núñez alegó que la jueza Vera incluyó esta y otras disposiciones —como las disculpas en cadena nacional— de forma “desproporcional y abusiva” en la sentencia escrita, asegurando que tales detalles no fueron anunciados en la decisión oral inicial.
3. Los 18 segundos de reparación para Alexandra Villacís
El caso de Alexandra Villacís destacó por la brevedad extrema de su ejecución. El Ministerio del Trabajo despachó una orden judicial de reparación integral mediante un video de apenas 18 segundos.
El material audiovisual, emitido para resarcir el daño causado a Villacís, fue protagonizado por funcionarios de rango menor en lugar de contar con la presencia del titular de la cartera, Harold Burbano. La pieza fue duramente criticada no solo por su corta duración, sino porque en ella ni siquiera se incluyeron los nombres de los servidores que ofrecían las disculpas, restando cualquier peso institucional o humano al acto de desagravio.
El origen del conflicto: un impedimento laboral falso
La sentencia que obligó al Estado a pedir perdón se originó tras un impedimento laboral erróneo que bloqueó la trayectoria profesional de Villacís. El conflicto comenzó cuando se registró en su contra una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI), información que la propia entidad tributaria desmintió posteriormente.
A pesar de la aclaración del SRI, el Ministerio del Trabajo no corrigió la inhabilitación a tiempo, lo que tuvo consecuencias institucionales graves: impidió que Alexandra Villacís asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura en febrero de 2026. Esta omisión administrativa derivó en una disputa interna en el organismo y en la designación de un presidente encargado.
Villacís logró una resolución favorable mediante un hábeas data, el cual ordenó la rectificación de su situación y las medidas de reparación. No obstante, el Ministerio ejecutó la orden con tres semanas de retraso respecto al mandato judicial de cumplimiento inmediato. Concretó el trámite solo después de que la afectada presentara su dimisión.
Para la abogada constitucionalista Ximena Ron, este tipo de actuaciones reflejan un patrón donde la reparación integral se convierte en un acto “vacío” o humillante. Ron sostiene que la brevedad del video y la delegación de la disculpa a funcionarios subalternos despoja al proceso de su capacidad para restituir la dignidad de la víctima.
4. El Museo de la Memoria: una reparación simbólica confinada al subsuelo
Lo que nació como un mandato legal en 2013 para dignificar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Ecuador, terminó materializándose en un espacio alejado. Ubicado en el subsuelo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al norte de Quito, este recinto de aproximadamente 300 metros cuadrados dista mucho de las expectativas de reparación integral y de los planes originales que proyectaban un sitio de memoria de más de 1.000 metros cuadrados.
La apertura de este espacio el 7 de marzo de 2024 respondió a una sentencia de la Corte Constitucional que declaró el incumplimiento del Estado en la creación del museo. Sin embargo, la elección del subsuelo del Ministerio ha sido vista como una “chapucería” para salir del paso. Según Elizabeth Muñoz, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, la muestra actual es una “pobre muestra” que no permite que las nuevas generaciones conozcan la historia del país.
Uno de los puntos de mayor fricción es el abandono del proyecto original que situaba al museo en el ex SIC-10 (Regimiento Quito No. 2), el lugar donde ocurrieron detenciones ilegales y torturas en la década de los 80. La Policía Nacional no permitió el uso de ese edificio, alegando razones estratégicas de seguridad, lo que forzó el traslado de la memoria histórica a las gradas y pisos inferiores de la cartera de Cultura.
La experiencia del visitante comienza con un registro manual para luego bajar a una sala donde se exhiben mapas interactivos, un memorial con cerca de 400 nombres y una recreación de una oficina policial de los años 80. No obstante, el contenido ha sido blanco de severas críticas por parte de expertos:
- Omisiones históricas: se ha señalado que la muestra invisibiliza el gobierno de León Febres Cordero, actor central en los informes de la Comisión de la Verdad, y que incluso en redes sociales se ha llegado a recomendar libros de figuras políticas asociadas a la represión de la época.
- Errores técnicos: Hernán Reyes, sociólogo que realizó una consultoría previa, denunció que existen errores en los nombres de las víctimas y que el montaje actual es una “farsa” que no utilizó los insumos de investigaciones previas que costaron miles de dólares al Estado.
- Exclusión de las víctimas: los familiares denuncian que nunca fueron convocados para la inauguración ni para la construcción del guion museográfico, recibiendo como respuesta oficial que “eso es lo que se les puede dar”.
- Incumplimiento de los guiones museográficos (curaduría): El sociólogo Hernán Reyes, quien realizó una consultoría en 2018 para elaborar los contenidos museológicos y museográficos, afirmó categóricamente que no se siguieron los guiones al montar la muestra en el subsuelo del Ministerio. Reyes calificó la instalación actual como una “farsa” y una “mascarada” diseñada solo para cumplir formalmente con la sentencia judicial.
- Radio Pichincha
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