En una jornada calificada como un hito sin precedentes para la provincia de Chimborazo y para todo el Ecuador, se concretó la conformación y posesión oficial del primer directorio de la Asamblea Ciudadana Provincial de Chimborazo. Este espacio de articulación social, que no existía a nivel provincial debido a que solo operaba de forma aislada en los planos cantonal y parroquial, nace tras intensas reuniones de trabajo entre los presidentes de las asambleas locales de los diez cantones y de las diversas parroquias rurales de la jurisdicción.
La conformación de este organismo ya ha sido formalmente notificada a las entidades correspondientes y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), institución reguladora encargada de avalar y dar legitimidad legal a estos espacios, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.
El primer encuentro nacional del poder ciudadano en Riobamba
Para ratificar este paso histórico, se organizó en Chimborazo el «Primer Encuentro del Poder Ciudadano de las Asambleas Ciudadanas a Nivel País». La cita reunió a delegaciones y presidentes de asambleas ciudadanas procedentes de diversas provincias del Ecuador, entre las que destacan Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Pichincha y Manabí (con representantes de sectores como Jipijapa).
Durante dos jornadas de trabajo continuo —desarrolladas tanto en zonas rurales como en la zona urbana de Riobamba— los delegados compartieron experiencias y debatieron sobre los desafíos de la participación social. En estos espacios se concluyó que las problemáticas que aquejan a Riobamba son similares a las que enfrentan cantones de la Costa y Sierra del país.
Lenin Peñafiel, presidente electo de la Asamblea Ciudadana Provincial de Chimborazo, enfatizó el carácter independiente del movimiento: «Las asambleas locales ciudadanas somos una organización que no tiene alguna afinidad o tendencia partidista no política, más bien hacemos la política buena, la política social correspondiente».
El objetivo central de la nueva estructura provincial es fortalecer la unidad territorial para ejercer de manera efectiva la contraloría social, las veedurías, la silla vacía, los observatorios ciudadanos y la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades electas por voto popular.
Peñafiel denunció que históricamente el trabajo ciudadano se ha visto debilitado al tener que luchar contra estructuras estatales o de gobiernos locales que muestran poco interés en promover la vigilancia de los recursos públicos. Según el dirigente, a ciertos sectores políticos no les conviene que el ciudadano fiscalice la gestión y, en muchos casos, las administraciones de turno intervienen para crear «comités de barrio o asambleas paralelas» con personas afines al gobierno del momento para destruir las organizaciones independientes.
Para frenar esta injerencia y garantizar la estabilidad, la Asamblea Ciudadana Provincial aprobó sus estatutos y reglamentos amparándose en el principio de autonomía que les otorga la ley. En consenso mayoritario, se resolvió que el periodo de gestión de la directiva ciudadana sea de cuatro años. La decisión busca equiparar la duración del mandato ciudadano con el tiempo en funciones de alcaldes, prefectos y vocales de juntas parroquiales (mismo periodo de 4 años establecido también para la Asamblea Plurinacional para el Buen Vivir), asegurando así una fiscalización continua durante toda la administración saliente o entrante.
Hoja de ruta y propuesta de reforma a la ley en la Asamblea Nacional
Las delegaciones provinciales participantes adoptaron resoluciones clave para la creación de un frente nacional fortalecido. Dentro de la hoja de ruta trazada, la organización no descarta acudir a la Asamblea Nacional para presentar una propuesta formal de iniciativa ciudadana que reforme la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Los dirigentes señalan que, en la actualidad, la normativa se ha convertido en «un saludo a la bandera» para las autoridades obligadas a rendir cuentas, ya que no existen sanciones efectivas para quienes evaden el control social.
El presidente de la asamblea provincial extendió un llamado a la unidad de fundaciones, gremios de profesionales y colectivos: «Esto no es político, tampoco es parte de la administración pública; esto es por amor a la camiseta, por amor a su ciudad, a su parroquia, a su cantón y provincia, porque queremos ver mejores días para nuestros hijos y nietos».
El respaldo institucional del CPCCS y la defensa de derechos
Por su parte, Piedad Cuarán, consejera del CPCCS, recordó que las Asambleas Locales Ciudadanas están legalmente fundamentadas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Cuarán destacó que en cada nivel de gobierno debe existir de manera obligatoria este espacio para impulsar la voz del pueblo mediante audiencias públicas, sillas vacías y veedurías.
La consejera reconoció públicamente la trayectoria de Lenin Peñafiel en la defensa de los derechos ciudadanos y de sectores vulnerables, mencionando su respaldo previo a mujeres comerciantes y emprendedoras que sufrieron vulneraciones.
Cuarán hizo un llamado a las autoridades locales a no ver la activación ciudadana como una amenaza ni como un ataque personal: «Los derechos son progresivos, no deben ser regresivos. La participación ciudadana permite esa dinámica de diálogo. Las autoridades, cuando hacen un trabajo honesto y transparente, deben motivar estos espacios de capacitación para que la ciudadanía levante la voz de manera activa».
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