La Asamblea aprobó un informe y una resolución impulsadas por la bancada de ADN para fiscalizar la compra de 60 trolebuses en Quito y analizar las variaciones patrimoniales de alcaldes y prefectos a nivel nacional.
La Asamblea Nacional aprobó este martes 23 de junio de 2026 dos resoluciones dirigidas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) lideró las iniciativas para fiscalizar la compra de trolebuses en Quito y analizar el incremento patrimonial de alcaldes y prefectos a nivel nacional.
Desde la oposición, estas acciones son calificadas como una estrategia de presión política ante las próximas elecciones seccionales fijada para el 29 de noviembre de 2026. En esas votaciones se elegirán quienes representarán las alcaldía, prefecturas y juntas parroquiales.
Los 60 trolebuses del Municipio de Quito
Con 83 votos a favor, la bancada de ADN y aliados aprobaron la fiscalización del proceso de adquisición de 60 trolebuses para la capital, pese a que la ley dicta que en los municipios esa potestad recae exclusivamente en los concejos cantonales. Esa propuesta la presentó el oficialista Xavier Ordóñez.
La resolución faculta a la Asamblea a realizar un seguimiento y control político sobre este contrato, que asciende a USD 32,9 millones. La bancada gobiernista sostiene que existiría un presunto sobreprecio, alegando que el Municipio habría pagado USD 538.000 por cada unidad, a pesar de existir ofertas menores de USD 435.000.
Además, el informe aprobado detalla presuntas irregularidades en el uso del mecanismo de contratación a través de la oficina de la ONU, Unops, señalando un posible perjuicio económico de USD 2,5 millones determinado por la Contraloría.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, califica estas acciones como un “bochorno internacional” y denuncia una “estrategia de persecución política” que tildó como “la campaña sucia más grande” contra la ciudad.
Muñoz sostiene que la Asamblea Nacional no tiene competencia legal para fiscalizar la gestión municipal. Afirma que dicha facultad corresponde exclusivamente al Concejo Metropolitano de Quito. Ante esta situación, el burgomaestre adelantó que expondrá el caso ante organismos de derechos humanos.
Entre tanto, el asambleísta Franklin Samaniego desvirtuó las acusaciones de irregularidades en la contratación, basándose en los siguientes puntos:
- Legalidad del proceso: afirmó que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública faculta la contratación con organismos internacionales. Explicó que el proceso ordinario de 2022 fue cancelado por recomendación del Sercop y no por una decisión arbitraria de la Empresa de Pasajeros.
- El rol de Unops: defendió la participación de la oficina de la ONU. Señaló que su valor no es solo monetario sino institucional, al aportar una red global de proveedores, estándares internacionales y auditorías propias al proceso de licitación.
- Análisis de costos: cuestionó las comparaciones de facturas presentadas por la bancada de ADN. Según Samaniego, la oferta usada como contraste no incluía rubros críticos como el flete, seguros y gestión aduanera, elementos que sí están contemplados en el contrato final con la empresa IFS.
- Beneficios económicos y ambientales: resaltó que el proyecto genera un ahorro de USD 6 millones en combustible y reduce los costos de mantenimiento entre un 30% y 40% frente a las unidades a diésel. Además, subrayó el retiro de circulación de contaminantes equivalentes a 4,000 vehículos livianos.
Por su parte, la legisladora Liliana Durán manifestó que el Municipio logró un ahorro de USD 27.784 por cada unidad, puesto que el costo efectivo promedio (USD 581.364) resultó menor al valor referencial del estudio de mercado (USD 609.148).
Vigilancia a patrimonios: 79 casos bajo sospecha
De forma paralela, la Asamblea aprobó con 85 votos una moción de Fernando Jaramillo (ADN) para analizar las variaciones patrimoniales de alcaldes y prefectos entre 2023 y 2025. Según la investigación que sustenta el pedido, uno de cada tres funcionarios locales presentaría cambios inusuales en sus bienes; se han identificado 79 casos relevantes a nivel nacional.
Durante el debate, se mencionaron figuras de la oposición como:
- Aquiles Alvarez (Guayaquil): se cuestionó un crecimiento de USD 1,5 millones en su patrimonio entre 2024 y 2025, además de citar las investigaciones de la Fiscalía en el caso Goleada por presunto lavado de activos.
- Richard Calderón (Prefecto de Imbabura): Jaramillo denunció fluctuaciones drásticas en su patrimonio, que habría pasado de USD 80.000 en 2023 a más de USD 576.000 en 2024, para luego reducirse significativamente en 2025.
- Vicko Villacís (Esmeraldas): El oficialismo resaltó su detención el 3 de junio de 2026 por investigaciones relacionadas con lavado de activos.
La Comisión de Gobiernos Autónomos tendrá un plazo de 90 días para presentar un informe sobre estos hallazgos al Pleno.
El tablero electoral de 2026
Desde la Revolución Ciudadana, los asambleístas denuncian que el objetivo real no es la transparencia, sino debilitar a figuras con alta intención de voto, como Muñoz y Álvarez, de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
“No tengan miedo a las urnas”, manifestó la legisladora Liliana Durán, quien aseguró que estas acciones buscan allanar el camino a los candidatos oficialistas. Por su parte, la bancada de ADN defiende que su rol es combatir la corrupción y garantizar que los recursos de los GAD sean bien administrados.
Radio Pichincha
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