Dr. Carlos Ernesto Herrera Acosta PhD
Docente Universitario – investigador
La garantía de una vida digna para las personas adultas mayores no puede ni debe recaer exclusivamente en el Gobierno. Si bien es innegable la responsabilidad pública que emana de la Constitución de la república y de las políticas sociales, la atención a quienes han contribuido al sostenimiento familiar y al desarrollo comunitario es, ante todo, una obligación compartida entre el gobierno, la familia y la sociedad. Ningún modelo de bienestar será realmente eficaz si la respuesta social se limita a la transferencia de recursos sin activar redes de afecto, cuidado y solidaridad comunitaria.
Los adultos mayores han dejado huellas indelebles en numerosas vidas, hijos e hijas, parejas, nietos, familiares y comunidades enteras llevan inscrita en su historia la influencia, el sacrificio y la sabiduría de los longevos. Por ello, merecen ser tratados con amor, empatía y solidaridad; merecen protección integral que combine políticas públicas robustas, responsabilidad familiar y un tejido social que reconozca su dignidad.
Las evidencias de mis investigaciones muestran, sin embargo, una realidad crítica, las políticas públicas implementadas por el Estado ecuatoriano para garantizar la vida digna de los adultos mayores han resultado, en muchos casos, una quimera. Los programas asistenciales con especial énfasis en entregas monetarias recurrentes, no alcanzan a cubrir la complejidad de necesidades materiales, emocionales y de cuidado que demanda este grupo de atención prioritaria. Los bonos, además, no son suficientes para garantizar los derechos que la Constitución consagra; su carácter fragmentario y temporal deja vacíos estructurales que perpetúan la vulnerabilidad.
La falta de oportunidades laborales y la precariedad económica han obligado a hijos e incluso a cónyuges a emigrar en busca de mejores condiciones. Ese éxodo ha producido un fenómeno dramático, el abandono de adultos mayores, que quedan a merced de su destino y de la solidaridad de vecinas y vecinos. Ese abandono no es únicamente un fracaso moral; constituye una falla del diseño institucional y de la implementación de políticas públicas integrales que atiendan la realidad territorial y las particularidades del ámbito rural, donde la soledad y la carencia de servicios son más profundas.
Es necesario reorientar recursos, en lugar de multiplicar bonos que alivian temporalmente la pobreza, el Estado debería priorizar la inversión en infraestructura social de permanencia, como casas de acogida dignas para adultos mayores en condición de abandono y vulnerabilidad. Estas viviendas deben ofrecer atención integral, salud, apoyo psicosocial, alimentación, asistencia jurídica y espacios de socialización.
Segundo, la construcción de políticas públicas debe partir desde el territorio. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen la obligación constitucional y legal de asumir un rol activo en la protección de sus poblaciones; corresponde a las municipalidades y prefecturas coordinar servicios, articular redes intersectoriales y diseñar programas adaptados a las realidades locales. Si los GAD incumplen sus deberes, resulta imperativo activar los mecanismos legales pertinentes. El Derecho Penal no es la primera vía, pero cuando existe un abandono que configura conductas tipificadas por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las acciones judiciales deben ser promovidas para tutelar los derechos vulnerados y generar responsabilidad administrativa y penal cuando corresponda.
La academia debe asumir su función social desde la vinculación territorial. Las universidades y centros de investigación están llamados a desarrollar proyectos operativos que fortalezcan la capacidad local, formación de cuidadores, programas de telemedicina y salud comunitaria, investigaciones participativas que iluminen las necesidades reales y la promoción de políticas públicas basadas en evidencia. Especial atención debe darse al medio rural, donde muchas veces la vida del adulto mayor transcurre sin vida digna ni reconocimiento.
Finalmente, la tarea es colectiva, familia, comunidad, Estado y academia deben converger en un pacto social que ponga en el centro la dignidad del adulto mayor. El reto exige voluntad política, priorización presupuestaria, corresponsabilidad social y el empleo de todos los instrumentos jurídicos y administrativos disponibles para garantizar que quienes nos antecedieron no queden desamparados. El deber de una sociedad civilizada se mide por cómo protege a los más vulnerables; en el caso de nuestros mayores, esa prueba aún está pendiente.
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