Dr. Carlos Ernesto Herrera Acosta PhD
Docente Universitario – investigador
El cumplimiento de las funciones de los servidores públicos se caracteriza actualmente por una ausencia de apego a los valores éticos. En contraposición a este deber fundamental, la corrupción ha permeado las formas de gestionar la cosa pública, situación que afecta significativamente a la democracia y al desarrollo del país.
Cómo han cambiado las cosas, recuerdo cuando niño, por los años 1975–1976, cuando mi señor padre era guachimán de la plaza de San Francisco, qué honor, qué prestigio, qué orgullo sentía por él. En esos instantes, las haciendas pertenecían a la familia Dávalos, Cordovez y Chiriboga, quienes venían a este mercado con sus productos, y mi padre, de manera honesta, transparente e intachable, los cuidaba. Me sentía orgulloso porque estos señores, con grandes fortunas y valores, le decían a mi padre: “Señor Herrera”, este título que nos otorga la sociedad, no es en vano; lo tiene quien ha demostrado ser una persona honrada e íntegra, cualidades muy escasas entre los políticos, las autoridades y servidores públicos.
Podrán ser doctores, másteres, ingenieros, arquitectos, PhD., pero no serán verdaderos “señores”, porque sus valores no se lo permiten. Han vendido su dignidad por un plato de lentejas; han cambiado su honor por lo económico y han dejado atrás las costumbres y los valores que les legaron sus padres, arrojándolos al olvido y traicionando sus principios y buenas costumbres.
Según el Diario El Telégrafo (2023), la corrupción en el servicio público en Ecuador abarca desde el crimen organizado institucionalizado hasta malversación en gobiernos locales. Los escándalos recientes más destacados incluyen investigaciones por enriquecimiento ilícito de autoridades locales, tramas de impunidad judicial y multimillonarios sobreprecios en contratos del Estado.
Primicias (2026), múltiples autoridades han sido procesadas o encarceladas recientemente. Destacan las detenciones por presunto enriquecimiento ilícito, como la del alcalde de Machala con un aparente desvío de USD 6 millones, y procesos contra los alcaldes de Guayaquil, Esmeraldas y otras municipalidades por delincuencia organizada y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Investigaciones por presunto peculado que involucran contratos irregulares y sobreprecios con empresas como Progen, generando un perjuicio al Estado ecuatoriano que supera los USD 100 millones. (Palacios, 2026). La Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas, con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener réditos económicos.
Los hechos reportados por medios y por la investigación pública describen un cuadro alarmante, estas prácticas no son episodios aislados; configuran un patrón sistémico que debilita las instituciones, erosiona la confianza ciudadana y socava las bases mismas de la democracia y el desarrollo nacional. Cuando funcionarios y particulares coordinan sus actuaciones para extraer réditos económicos de su cercanía al poder, no solo cometen delitos; desinstitucionalizan la función pública, el resultado es doble, se priva a la ciudadanía de bienes y servicios esenciales, y se corrompe la ética pública que debería guiar la administración del Estado.
Estas prácticas constituyen una afrenta directa a los valores que, durante generaciones, sostuvieron la convivencia y el trabajo en nuestras comunidades. La humildad, la transparencia, el trabajo arduo y honrado, virtudes reconocidas y transmitidas por nuestros ancestros y familias, formas de vida que nos permitían vivir felices y en paz. Estos principios sin duda, son incompatibles con la lógica del enriquecimiento ilícito y la apropiación indebida de recursos colectivos, donde antes se honraba la dignidad del servicio y el deber con la comunidad, hoy se ven actos de avaricia y desprecio por el bien común.
Para erradicar la corrupción y recuperar una sociedad basada en convivencia pacífica y valores como la humildad, la transparencia y el trabajo honrado, es imprescindible una estrategia integral que combine independencia y fortalecimiento técnico de los órganos de control; protección efectiva de denunciantes; control estricto de conflictos de interés y declaraciones patrimoniales verificables; oficinas de integridad y sistemas de cumplimiento en cada entidad; educación cívica sostenida; cooperación entre Estado, academia y sociedad civil.
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