La denuncia presentada por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, apunta a presuntas conexiones entre el contrato de Autotrafo EC 2023, empresas vinculadas a Karla Saud y el caso Progen. El contrato terminó unilateralmente en junio de 2026, luego de retrasos, prórrogas y la falta de entrega de los principales equipos.
El sector eléctrico ecuatoriano vuelve a quedar bajo escrutinio. Este lunes 28 de septiembre de 2026, el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, presentó públicamente nuevos señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), dentro de lo que denominó “Caso Nudos”.
Según Neira, detrás de determinadas operaciones existiría una estructura coordinada de empresas y personas que habría permitido canalizar recursos públicos hacia actores que aparecen relacionados en distintos contratos del sector eléctrico. Uno de los procesos señalados es el correspondiente al Consorcio Autotrafo EC 2023, por un monto de USD 15,45 millones.
Un contrato destinado a cuatro subestaciones
El proceso tenía como objetivo la adquisición de transformadores, autotransformadores y equipos primarios, además de servicios relacionados, destinados a las subestaciones de Milagro, Manta, Totoras y Quevedo, bajo responsabilidad de la Unidad de Negocio Transelectric.
El contrato fue adjudicado al Consorcio Autotrafo EC 2023, integrado por Karla Saud Calero, Hingelect Cía. Ltda. e Inycofyi Ingeniería y Construcciones S.A.
La cronología resulta relevante. El proceso de contratación se inició en noviembre de 2023 y fue objeto de reclamos de oferentes descalificados. Posteriormente, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió el procedimiento.
La suspensión fue dejada sin efecto mediante una medida cautelar emitida por la Unidad Judicial de Samborondón el 26 de enero de 2024. Ese mismo día, según la documentación reportada sobre el proceso, se produjo la adjudicación del contrato. Dos semanas después, el 8 de febrero, Transelectric suscribió el contrato con el consorcio.
El 26 de febrero de 2024, Transelectric desembolsó un anticipo equivalente al 40% del contrato: USD 6,18 millones.
Retrasos, prórrogas y equipos que nunca llegaron
La ejecución del contrato comenzó a complicarse.
Transelectric concedió tres prórrogas, en noviembre de 2024, abril de 2025 y enero de 2026. Sin embargo, de acuerdo con la documentación del proceso citada por medios nacionales, el consorcio únicamente entregó determinados equipos primarios AIS y repuestos para algunas de las subestaciones, con 171 días de retraso.
El problema central estuvo en los equipos de mayor valor: los transformadores y autotransformadores nunca fueron entregados.
Estos componentes representaban aproximadamente el 74% del valor contractual, equivalente a unos USD 11,5 millones. Para junio de 2026, las multas y obligaciones relacionadas con el contrato ascendían a aproximadamente USD 4,13 millones.
La situación terminó llevando a Transelectric a declarar la terminación unilateral del contrato el 15 de junio de 2026, debido a incumplimientos y multas que superaban el monto de la garantía de fiel cumplimiento.
La transferencia de USD 2,6 millones que Neira pone bajo sospecha
Uno de los puntos más delicados de la denuncia presentada por Neira se relaciona con la utilización de una transferencia por USD 2,6 millones como parte de la justificación del anticipo.
Según el funcionario, el consorcio presentó una carta de instrucciones para realizar una transferencia a una cuenta del Bank of America, supuestamente relacionada con una empresa identificada como Sieyuan Electric S.A. LLC.
Neira sostiene que posteriormente el fabricante legítimo habría comunicado a Celec que no tenía relación con la entidad que recibió los recursos y que la carta utilizada para instruir la operación habría sido falsificada.
De comprobarse judicialmente estas afirmaciones, el caso podría adquirir una dimensión distinta a la de un simple incumplimiento contractual, debido a la eventual utilización de documentación y cuentas bancarias para justificar el destino de recursos públicos.
Por ahora, se trata de señalamientos que deberán ser establecidos y sustentados dentro de las investigaciones correspondientes.
El punto de conexión con Progen
La denuncia adquiere mayor relevancia por la aparición de nombres y empresas que también han sido mencionados en el denominado caso Progen.
Neira sostiene que Karla Saud Calero, identificada públicamente como representante o lobista de la empresa estadounidense Progen en Ecuador, aparece vinculada al contrato de Autotrafo.
Investigaciones previas sobre Progen han situado a Saud en el centro de las operaciones relacionadas con contratos de Celec para proyectos de generación eléctrica. En ese caso, Celec entregó recursos para proyectos en Quevedo y Salitral que terminaron en una disputa contractual y judicial.
En su exposición sobre el “Caso Nudos”, Neira también mencionó transferencias y pagos relacionados con Inycofyi, Hingelect y otras compañías que, según su versión, aparecen en operaciones vinculadas tanto con Autotrafo como con Progen.
El funcionario interpreta estas coincidencias como indicios de una posible reutilización de estructuras societarias para canalizar recursos públicos hacia determinados actores. Esa interpretación, sin embargo, deberá ser contrastada y determinada por las autoridades investigadoras y judiciales.
Un arbitraje que no frenó la terminación del contrato
Ante el deterioro de la relación contractual, el Consorcio Autotrafo presentó el 27 de abril de 2026 una solicitud de arbitraje de emergencia ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.
El consorcio buscaba impedir que Celec terminara unilateralmente el contrato, aplicara determinadas multas o ejecutara las garantías contractuales.
El 1 de junio de 2026, el árbitro rechazó las medidas solicitadas. De acuerdo con la información reportada sobre el proceso, el consorcio no logró justificar las causas de los retrasos ni la falta de entrega de los transformadores.
Con ese escenario, Transelectric procedió a la terminación unilateral del contrato el 15 de junio.
La liquidación económica establecida por la empresa pública contemplaba alrededor de USD 6,6 millones a favor del Estado. El consorcio debía pagar ese valor en un plazo de diez días o, de lo contrario, se procedería con la ejecución de las garantías correspondientes.
La pregunta que queda abierta: ¿dónde están los recursos?
El caso deja una interrogante que trasciende el conflicto contractual: ¿cuánto dinero logró recuperar efectivamente el Estado?
Hasta la información pública disponible al 28 de septiembre de 2026, Celec no ha precisado si los USD 6,6 millones reclamados mediante la liquidación fueron recuperados íntegramente ni cuál es el estado de la ejecución de las garantías.
Ese dato resulta fundamental.
No basta con terminar un contrato considerado fallido. Para el Estado, la siguiente prueba consiste en determinar el destino de los recursos entregados, establecer responsabilidades y recuperar el dinero público que corresponda, si las investigaciones confirman la existencia de perjuicios.
El denominado “Caso Nudos” coloca nuevamente a Celec en el centro de preguntas sobre contratación pública, controles internos, ejecución de anticipos y seguimiento de los recursos estatales.
Y plantea un asunto todavía más amplio: si efectivamente existieron conexiones entre diferentes contratos, empresas y beneficiarios, ¿cuánto tiempo pudieron operar esas estructuras sin que los controles institucionales las detectaran?
La respuesta dependerá de las investigaciones de Fiscalía, de los procesos administrativos y contractuales y, finalmente, de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Intermedia Ecuador continuará dando seguimiento al caso y a la eventual recuperación de los recursos públicos.
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