El fiscal general del Estado encargado obtuvo 46,50 puntos sobre 50 en la fase de méritos y encabeza la lista de cinco finalistas. Mientras avanza en el proceso de selección, su despacho conoce investigaciones que involucran a actores vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo responsable de la designación.
Carlos Leonardo Alarcón pasó de la quinta posición a ocupar el primer lugar en el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Con una calificación de 46,50 puntos sobre 50 en la fase de méritos, el funcionario mantiene una ventaja de 8,75 puntos frente a sus perseguidores inmediatos, luego de que cuatro aspirantes que lo antecedían quedaran fuera de la competencia.
El reordenamiento de la clasificación deja a Alarcón al frente de los cinco postulantes habilitados para la fase de oposición, que contempla una prueba escrita y una sustentación oral pública. El proceso es organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la independencia institucional y la transparencia de la selección.
Alarcón ejerce como fiscal general encargado desde noviembre de 2025, después de una serie de decisiones administrativas que lo llevaron a asumir la dirección de la Fiscalía General del Estado. Su participación en el concurso coincide con el desarrollo de investigaciones penales de relevancia nacional, algunas de las cuales involucran a funcionarios y exautoridades de instituciones públicas.
¿Cómo llegó Alarcón al primer lugar?
El actual fiscal encargado participa en el concurso con el número de postulante 134. En la evaluación de méritos alcanzó 46,50 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 17,50 puntos en formación académica y capacitación específica, 15 en experiencia laboral y profesional, 10 en experiencia específica y cuatro en otros méritos. No obtuvo puntuación adicional por acciones afirmativas.
Alarcón es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca y magíster en Derecho Penal por la Universidad de las Américas. Su trayectoria en el sector público supera las dos décadas, con experiencia en distintas funciones administrativas y judiciales.
Entre 2001 y 2003 se desempeñó como comisario en la provincia de Cañar. Posteriormente trabajó como auxiliar y asesor en la Asamblea Nacional. En 2007 ingresó a la Fiscalía General del Estado como amanuense; dos años después asumió funciones de secretario y, en 2015, llegó al cargo de agente fiscal en Quinindé. Más adelante lideró la Unidad de Transparencia.
Su llegada a la máxima autoridad de la Fiscalía se produjo en octubre de 2025, cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido entonces por Mario Godoy, lo designó para reemplazar temporalmente al fiscal subrogante Wilson Toainga durante un viaje oficial a Brasil.
Tras la renuncia definitiva de Toainga, en noviembre de ese año, se concretaron las decisiones institucionales que permitieron a Alarcón asumir el encargo de la Fiscalía General.
Los casos que marcaron su gestión
Durante su gestión, Alarcón ha intervenido en investigaciones penales de alcance nacional, algunas heredadas de administraciones anteriores. Entre ellas figuran los casos Sinohydro y Vocales, iniciados durante la gestión de la exfiscal general Diana Salazar.
En mayo de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas en el denominado caso Apagón, relacionado con presuntas irregularidades y un posible delito de peculado en contratos de generación eléctrica con la empresa Progen.
Entre los procesados estuvo Antonio Goncalves, exministro de Energía del Gobierno de Daniel Noboa. Según los antecedentes del caso, Alarcón decidió posteriormente no acusarlo. Esta decisión incidió en el tratamiento procesal de la causa, que pasó a tramitarse ante un juzgado de primer nivel.
Otro expediente es el caso Blindado, relacionado con una presunta estructura de corrupción que tendría como figura central al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. La causa llegó al conocimiento de Alarcón después de la vinculación de cuatro jueces provinciales.
Estos procesos forman parte de las actuaciones de la Fiscalía durante su encargo. Sin embargo, la existencia de investigaciones o formulaciones de cargos no equivale a una declaración de culpabilidad de las personas involucradas.
El caso Ligados y la relación con el CPCCS
Uno de los expedientes que genera especial atención en el contexto del concurso es el caso Ligados, en el que la Fiscalía presentó una acusación por presunta asociación ilícita contra exconsejeros del CPCCS y la consejera en funciones Nicole Bonifaz.
La investigación se relaciona con presuntas presiones políticas en procesos de designación institucional. Aunque la causa se inició durante la gestión de Wilson Toainga, Alarcón intervino como acusador en la audiencia preparatoria de juicio, que concluyó con el llamamiento a juicio de siete personas, incluida Bonifaz.
Este antecedente adquiere relevancia porque el CPCCS es la institución encargada de conducir el concurso para designar al nuevo fiscal general. La coincidencia entre las investigaciones de la Fiscalía y el proceso de selección plantea interrogantes sobre las garantías de independencia, imparcialidad y transparencia que deben regir la elección.
La existencia de este contexto no demuestra, por sí sola, que haya un conflicto de intereses legalmente configurado. Para establecerlo sería necesario examinar las normas aplicables, las competencias de los involucrados y las decisiones adoptadas dentro del concurso.
Cuatro impugnaciones no frenaron su candidatura
Durante la etapa de control social, cuatro impugnaciones ciudadanas buscaron cuestionar la postulación de Alarcón. Ninguna prosperó y el aspirante se mantuvo en el proceso.
Una de las objeciones fue presentada por Andrés Arauz, excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana e investigado en el caso Ligados. El reclamo cuestionó aspectos de la documentación presentada por Alarcón y planteó posibles problemas relacionados con un conflicto de intereses.
El 13 de agosto de 2026, la comisión encargada del concurso inadmitió la impugnación. Entre sus argumentos señaló que la documentación relacionada con el IESS contemplaba alternativas respecto de la condición de empleador o prestatario y que el proceso de selección no constituía una instancia para revisar causas penales. El pleno del CPCCS confirmó posteriormente esa decisión, el 28 de agosto.
Arauz anunció acciones ante la justicia ordinaria para cuestionar la resolución.
Las impugnaciones presentadas por Jorge Andrade y José Chávez también fueron desestimadas por falta de legitimación activa. Ambos figuraban como postulantes del mismo concurso, condición que, según el reglamento aplicado, les impedía objetar a otros aspirantes.
La cuarta impugnación, presentada por Leonid Arboleda por una denuncia relacionada con un presunto perjurio, fue admitida a trámite. Sin embargo, el impugnante no compareció a la audiencia convocada para el 21 de septiembre de 2026, por lo que la comisión dispuso el archivo del expediente.
Con estas decisiones, Alarcón superó los cuestionamientos presentados durante la fase de control social y continuó en la carrera por la titularidad de la Fiscalía.
Así queda la clasificación de los finalistas
Tras la salida de los cuatro aspirantes que ocupaban posiciones superiores, la lista quedó encabezada por Alarcón, seguido de cuatro candidatos que buscarán remontar la diferencia en la fase de oposición.
Los puntajes reportados son los siguientes:
Carlos Leonardo Alarcón: 46,50 puntos.
Mario Fonseca: 37,75 puntos.
Juan Vicente Guaño: 37,75 puntos.
Andrea Cazar: 37 puntos.
Patricio Haro: 34,50 puntos.
La diferencia entre Alarcón y sus dos perseguidores inmediatos es de 8,75 puntos. No obstante, esta ventaja corresponde a la fase de méritos y no determina por sí sola el resultado definitivo del concurso.
La fase de oposición será decisiva
La siguiente etapa contempla una evaluación sobre 50 puntos adicionales. De acuerdo con el esquema previsto para el proceso, la prueba escrita tendrá una valoración de 30 puntos y se basará en un banco de preguntas elaborado por catedráticos universitarios. La sustentación oral pública, centrada en casos prácticos, tendrá un valor de 20 puntos.
Esta fase será determinante para establecer la calificación final de los candidatos, pues permitirá modificar las posiciones obtenidas en la evaluación de méritos.
El concurso se aproxima a su etapa decisiva en medio del escrutinio público sobre el papel del CPCCS, los antecedentes de los aspirantes y las garantías de independencia que debe reunir quien dirija la Fiscalía General del Estado.
La designación del nuevo fiscal general no solo definirá quién estará al frente de las investigaciones penales del país, sino que también pondrá a prueba la credibilidad del mecanismo de selección y la confianza ciudadana en las instituciones responsables de garantizar la transparencia y la justicia.
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