Margaret Satterthwaite advirtió sobre las implicaciones de la medida para la independencia judicial y recordó que los magistrados deben resolver conforme a derecho, sin temor a represalias por sus decisiones.
La destitución de tres jueces ecuatorianos que intervinieron en el caso Goleada generó un pronunciamiento de Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, quien expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta decisión para la autonomía de la Función Judicial.
A través de su cuenta en la red social X, la experta recordó que la independencia judicial constituye una garantía fundamental del Estado de derecho. En ese sentido, enfatizó que los magistrados deben adoptar sus resoluciones conforme a la ley, sin presiones externas ni temor a ser sancionados por el contenido de sus decisiones.
El pronunciamiento se produce después de que el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolviera destituir a Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Chóez Avilés, jueces que participaron en la resolución de una apelación relacionada con la prisión preventiva de varios investigados en el caso Goleada, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Los tres magistrados habían sido suspendidos el 27 de julio de 2026 por un período de tres meses, sin remuneración, mientras se sustanciaban los procedimientos disciplinarios en su contra por un presunto error inexcusable.
La controversia se centra en las posibles implicaciones de las sanciones disciplinarias cuando estas guardan relación con decisiones adoptadas por jueces en el ejercicio de sus funciones. La advertencia de la relatora de la ONU pone nuevamente sobre la mesa el debate acerca de los límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura y la necesidad de proteger la independencia de quienes administran justicia.
El caso plantea una cuestión de relevancia institucional: cómo garantizar que los jueces respondan por eventuales faltas disciplinarias sin que los mecanismos de control se conviertan en una fuente de presión sobre sus decisiones jurisdiccionales.
La independencia judicial es un principio esencial para asegurar que las resoluciones se adopten con imparcialidad y con sujeción a la ley, sin interferencias indebidas.
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